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 La Justicia
le bloqueó al Gobierno la salida del decreto por el cual se iba a permitir que el Correo
Argentino --concesión en poder del Grupo Macri y el Banco Galicia-- compense el canon que
le debe pagar al Estado con las deudas que diversos organismos oficiales mantienen con la
empresa. La medida judicial, dictada por la juez federal Liliana Heiland, obedece a un
reclamo presentado por OCA, una competidora del Correo Argentino en el mercado postal. El
Correo Argentino debe abonar un canon de 103 millones de pesos anuales y ya incumplió con
dos cuotas.Ante la presentación de OCA, la magistrada ordenó a la Secretaría de Comunicaciones abstenerse de dictar una resolución definitiva en el expediente 22/99, en el cual el Correo Argentino reclamaba su derecho a cobrarse los servicios adeudados por el Estado mediante el no pago del canon de 51,6 millones de pesos semestrales. Heiland fundamentó su determinación en que OCA no fue consultada en su carácter de interesada. El Correo le reclama a la administración nacional deudas por aproximadamente 150 millones de pesos, en concepto de servicios postales brindados a los ministerios de Interior y Trabajo y a diversos organismos oficiales. Pero antes de obtener una resolución favorable a su petición de compensar esos pasivos con la obligación de pago del canon, el grupo Macri directamente incumplió: en setiembre del '98 abonó sólo 20,5 de los 51,5 millones que le correspondía; y directamente no efectivizó la cuota de marzo. La próxima semana vence una nueva cuota semestral. Según el contrato que ligó a Macri con el Correo hasta el año 2027, el Gobierno debe intimar a los concesionarios cuando existe un incumplimiento. Y 30 días después está en la obligación de dar por caída la concesión si persiste la rebeldía. Pero desde Comunicaciones se abstuvieron de hacerlo, y fuentes del propio gobierno aseguran que el decreto fue impulsado por Alberto Kohan, secretario general de la Presidencia. Ahora, con el dictamen de la jueza, la norma hecha a medida del Correo no podrá ver la luz. Pero el reclamo del Correo no finaliza ahí. También pidió que se le reconociera una deuda a su favor por diferencias salariales y de distorsiones en la productividad respecto de la competencia. En concreto, la protesta hace mención a la vigencia de convenios especiales que rigen a los trabajadores de la ex empresa estatal. De hecho, en el proyecto de decreto se menciona que "corresponderá compensar al concesionario" por aquellas diferencias, dándole curso al Ministerio de Trabajo para que corrija las eventuales asimetrías. Advertidas de la negociación entre el Correo y el Gobierno, y de la inminente salida del decreto, las otras empresas postales pusieron el grito en el cielo. En su queja judicial, OCA apuntó sus dardos al "privilegio indebido" que el Estado le daría al Correo en caso de sacar el decreto "garantizándole inexistencia de riesgo empresario". A su vez, la Cámara Argentina de Correos Privados le solicitó al jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, que intime al Correo a abonar el canon. Y le advirtió: "Para que no se incurra en incumplimiento de los deberes de funcionario público".
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