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 La pulseada
entre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el Congreso venezolano pasó ayer a ser
boxeo y con perspectiva de varios rounds. Luego de que varios legisladores intentaran
entrar al Parlamento para organizar una sesión extraordinaria, prohibida por la
Constituyente, simpatizantes y opositores del presidente Hugo Chávez se enfrentaron en
los alrededores del edificio. La Guardia Nacional militarizada colaboró en la represión
con la Policía, que había rodeado al Congreso, y 35 personas resultaron heridas. Más
tarde, mientras la Iglesia Católica venezolana anunciaba que representantes de la ANC y
del Congreso se comprometieron a dialogar, parlamentarios opositores se atrincheraron en
la alcaldía del Municipio Libertador, uno de los cinco que tiene Caracas, para iniciar un
período extraordinario de sesiones.En medio de esta confusión, el mismo Chávez salió a hablar en cadena nacional para dar una imagen de tranquilidad. Rodeado por el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Rincón, el presidente y vicepresidente del Congreso, Luis Alfonso Dávila y Henrique Capriles, y el ministro del Interior, Ignacio Arcaya, el presidente venezolano señaló que "al mundo entero hay que decirle que en Venezuela no hay ningún proceso autoritario, no estamos destrozando instituciones. Estamos haciendo un inmenso esfuerzo revolucionario, pacífico, para echar las bases de un país soberanamente libre". Chávez reiteró que el único camino pacífico para impulsar los cambios en el país es a través de la ANC "soberana y que no esté subordinada a los poderes constituidos", y a la vez acusó a la oposición de "montar un plan de provocación, un macabro y peligroso show" en el que "quieren hacer una tempestad en un vaso de agua". Los incidentes se venían venir desde el martes. Ese día, un grupo de legisladores opositores había convocado a una sesión extraordinaria (ya que está en período de vacaciones) para hoy con el objeto de debatir lo que la Constituyente decidiera sobre el Congreso durante su reunión de anteayer. El miércoles, la ANC lanzó el decreto de emergencia legislativa, suspendiendo las funciones del actual Parlamento y prohibiendo cualquier sesión posterior a ese decreto. Los legisladores opositores, que rechazan el carácter "originario" de la Constituyente proclamado por el oficialismo, mantuvieron su decisión. Ayer por la mañana, 200 personas se habían concentrado frente al Congreso. Los partidarios de Chávez gritaban "Cierren el Congreso". Los opositores, fundamentalmente de la socialdemócrata Acción Democrática (AD) y del socialcristiano Copei, quemaban boinas rojas, símbolo característico de Chávez, y cantaban el himno nacional. Luego de los insultos, ambos grupos pasaron a las manos, los palos y hasta las armas de fuego. La Policía, acompañada por la Guardia Nacional, dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Mientras tanto, en la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela, el clima estaba más calmo. La Iglesia ya se había ofrecido anteayer como mediadora y ayer organizó una reunión con representantes del oficialismo y de la oposición. Fuentes allegadas a las negociaciones aclararon que existía cierta "flexibilización" de las posiciones y agregaron que la Constituyente podría "revisar" el decreto que prohíbe las sesiones legislativas. Como respuesta, Henrique Capriles, presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Congreso, propuso la posibilidad de diferir la realización de estas sesiones. Sin embargo, el grupo de parlamentarios que se atrincheró en la alcaldía del Municipio Libertador no parece responder a la dirigencia del Congreso que estaba negociando con los representantes de la ANC. "Este es un debate para tratar de construir un frente democrático contra una actitud autoritaria represiva del gobierno contra el Parlamento nacional", explicó Timoteo Zambrano, secretario general de Acción Democrática. Por su parte, el vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, fue contundente al señalar que "el acuerdo con el Congreso dice que ellos suspenden la convocatoria y nosotros nos sentamos a negociar". Esto marcó el fin del primer round y, quizás, el pronto comienzo del segundo.
Por J.J.A. "¿No es demasiado obvio incluir en la Constitución la prohibición de la desaparición de personas?". "No, no lo es. América latina, y en ella Venezuela, ha sido precursora en la desaparición de personas. Es una deuda que teníamos con las víctimas de los derechos humanos de la década de los sesenta en este país". William asegura que, entre los años 1962-72, aproximadamente 1000 personas de "movimientos insurreccionales fueron desaparecidos. Aquí también se arrojó a gente desde helicópteros". El presidente de la Comisión de Derechos Humanos asegura que hasta el último gobierno de Rafael Caldera, democristiano, 1994-99, se sucedieron las vulneraciones de los derechos humanos. "Todos los gobiernos de los viejos partidos reprimieron. En el gobierno de Caldera hubo casos de represión tremenda, allanamientos masivos de viviendas de presuntos opositores, apaleamientos, ejecuciones extrajudiciales. Eso está en los informes de Amnistía Internacional. En la práctica utilizaron las Fuerzas Armadas en la represión más atroz. Es falso que Acción Democrática y Copei eran respetuosos de los derechos humanos, y que instalaron una democracia aquí. Instalaron la represión y la injusticia".
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Para entonces, algunos legisladores habían logrado entrar al Congreso.
"Aunque me cueste la cárcel, la vida, yo estaré en la calle defendiendo la
democracia", gritaba en la calle el alcalde Ledezma, de AD, en medio de las
protestas. "Aquí la gente tiene derecho a manifestar. Bandas armadas están
provocando la situación", señaló. Por su parte, el constituyente del Polo
Patriótico Tarek Williams denunció que fue Ledezma quien condujo a las bandas armadas y
quien propició que sus partidarios derrumbaran un quiosco de periódicos y agredieran a
niños y mujeres.