DA CORTE ACUSA A LORENZO Y A SILVANI DE EJECUTAR ORDENES PARA PROCESARLO
“En el menemismo siempre fui perseguido”

Hace cinco meses, Marcelo Da Corte fue noticia como presunto defraudador fiscal, imputación doblemente escandalosa por tratarse de un ex titular de Impositiva. Pero el 10 de junio la Cámara Federal de San Martín descalificó durísimamente todo lo actuado por el entonces juez Osvaldo Lorenzo, hoy reciclado por Eduardo Duhalde. Da Corte dio a Página/12 su versión de lo ocurrido.

Marcelo Da Corte en las oficinas de Emexal, empresa láctea suya promovida en San Luis. Visiblemente tenso al referir el caso, descargó un violento puñetazo sobre el escritorio.

–¿Qué piensa de la actuación del juez Lorenzo en su caso?
–La Cámara Federal de San Martín fue lapidaria con él. A pesar de que nos presentamos al juzgado y ofrecimos toda nuestra cooperación, nos dieron 48 horas para llevarles la documentación. La presentamos en término, pero ese mismo día Lorenzo mandó allanar con más de treinta personas mi casa, donde vivo con mis dos hijitas. Fue personal de la Policía Aeronáutica Nacional, de la SIDE, de la División Drogas Peligrosas, un operativo impresionante para una casa de 150 metros en el country Los Cardales. Viví tres meses de angustia, sin contacto con mi familia.
–Usted condujo Impositiva. ¿Qué opina de su proceder?
–Le hemos pedido a la Cámara que investigue la violación del secreto de sumario, ya que la DGI les dijo a los medios que había un fraude multimillonario. Lo hizo alguien que ni siquiera es funcionario de Impositiva, sino contratado del Banco Mundial...
–¿Quién?
–Pedro Kondratiuk. El no está autorizado a acceder a secretos tributarios.
–Pero es un estrecho colaborador de Carlos Silvani, titular de la AFIP...
–No pertenece a la planta de la DGI. Es un caso parecido al de los ñoquis. Algún día habrá que investigar cuántos de estos funcionarios del Estado paralelo tienen sueldos que son pagados como honorarios para que cumplan tareas específicas y terminan desviándose de sus funciones.
–¿Y de Lorenzo qué más piensa?
–Nos mandó detener en lugar de llamarnos a declarar. En lugar de analizar nuestra documentación allanó innecesariamente nuestros domicilios, incluyendo el de mi madre, que nada tenía que ver con esta historia. Todo esto lo dice la Cámara. La documentación no la leyó. Ni siquiera la abrió. No nos dio posibilidad de defensa ni acceso a la causa. A los detenidos los incomunicaron, sometiéndolos a un trato vergonzoso. El único objetivo de Lorenzo fue hacer daño.
–¿Por qué no acató la orden de captura?
–Porque me acogí al derecho que la ley le da a quien siente que no están dadas las condiciones para ejercer su defensa. Si yo hubiera caído preso y sido primera página de los diarios, ¿cómo hubiéramos hecho para explicarlo, quién me hubiera restituido esos tres meses de mi vida? ¿Cómo me hubiera juzgado la sociedad al verme esposado?
–¿Cómo fueron los procedimientos?
–Estamos ante una causa en la que se ignoraron todos nuestros derechos. Jamás se nos dijo de qué se trataba, qué se nos imputaba. Durante todo el tiempo que duró nuestro pedido de exención de prisión y la apelación ante la Cámara ante la denegatoria del juez Lorenzo, éste tenía cerrada, sin abrir, toda la documentación que le habíamos presentado. Luego la Cámara analiza esta documentación y la aportada por DGI y Aduana, da su interpretación y el juez sigue sin leer ni siquiera el fallo de ese cuerpo, porque continúa describiéndole a los diarios una operación inexistente.
–¿Ve algo político en este asunto?
–Fui durante tres años y medio director de Impositiva. Creo que el uso de la función pública y de organismos del Estado para embarrar el juego político y desprestigiar a personas de la oposición en plena campaña electoral es una práctica de la que hombres como Silvani deberían prescindir.
–¿Qué sugiere, que Silvani cumplió instrucciones?
–La AFIP no respetó uno solo de los procedimientos que correspondían. Hizo todo al revés del manual. La Cámara tuvo que hacer al final el trabajo que ni Lorenzo ni Silvani hicieron.
–¿Esto es habitual en la AFIP, o se ensañaron con usted?
–No tengo dudas de que se ensañaron especialmente conmigo. Me siento víctima de una persecución política.
–¿Porque la gente lo asocia con el último gobierno radical?
–Sí. O tal vez también porque yo fui quien denunció el affaire KonerSalgado, y este gobierno quiere ser el dueño de ese caso. Durante toda la gestión de Menem fui perseguido. En el Código Penal anterior, la mera resolución de un juez llamándolo a uno a prestar declaración indagatoria, sin fundarla, implicaba el procesamiento. Hoy esto ha cambiado, y el procesamiento requiere una resolución fundada, que es apelable. Bajo las condiciones anteriores, yo tuve tres procesos penales durante este gobierno. El primero por el juez Uboldi en la causa Condecor, referida a mi actuación como director del Banco Central (1983 a 1985). Después de dos años, en marzo de 1992, fui sobreseído. En julio de ese año fui procesado en dos nuevas causas, por Servini de Cubría y por Wechsler (sucedido luego por Ballestero), con el mismo método: por la venta del Banco de Italia, que ocurrió dos años después de que yo dejara el BCRA, y por la denuncia de Koner-Salgado (como director de Impositiva). Por el Italia fui sobreseído a fines de 1997, sin que nunca hubiese habido un fallo que me imputara delito alguno. En la causa Koner-Salgado fui citado a declarar recién en octubre de 1997, más de cinco años después del procesamiento. Curiosamente, mi llamado a indagatoria obedeció a que querían saber por qué la DGI había demorado tanto tiempo en hacer la denuncia. Yo había tardado tres meses. Hasta hoy no fue elevado a juicio el caso KonerSalgado, pero yo sigo procesado sin que se me impute delito alguno.
–Viniendo al presente, ¿cómo es, según usted, el caso de la importación de combustible?
–Yo era el presidente de Estancias Realicó (dejé de serlo), y sigo presidiendo Emexal, que no tiene ninguna vinculación con la causa y es una empresa láctea radicada en Villa Mercedes, San Luis, que construyó su planta al amparo de la ley de promoción industrial.
–Se supone que, por eso, Emexal fue el vehículo para acceder a ventajas impositivas.
–No es así. Lo que está acreditado en la causa es que Realicó importaba combustible para vendérselo a Rhasa. Realicó nunca le vendió combustible a Emexal.
–¿Pero desgravaban o no?
–No se realizó ninguna exención. Realicó usó la franquicia de diferir el IVA (lo hizo por unos 9 millones de pesos) al momento de nacionalizar (despachar a plaza) la mercadería que luego le vendía a Rhasa. Realicó tenía derecho a esa franquicia porque efectuó inversiones en Emexal. Hace unos días el ex juez Lorenzo dijo que la investigación se refería a importaciones de combustible que efectuaba Rhasa, que luego se lo vendía a Realicó, ésta a Emexal y ésta a Rhasa, lo cual es absolutamente falso, y demuestra que Lorenzo ni siquiera leyó los fallos de la Cámara.
–¿Qué punto en particular?
–El punto 10 de la resolución del 10 de junio último dice que “las transferencias de dominio sobre los combustibles concretadas por Rhasa a favor de Estancias Realicó aparecen en principio como operaciones genuinas...”.
–Pero usted decía que Realicó importaba y le vendía el combustible a Rhasa, y aquí se mencionan trasferencias de dominio inversas...
–Nosotros comprábamos en el exterior. Como nuestro cliente era Rhasa, habíamos acordado que ella abriera la carta de crédito. Por tanto, la mercadería llegaba a zona aduanera a nombre de Rhasa. En ese momento se hacía la transferencia de dominio de Rhasa a Realicó, y nosotros despachábamos a plaza el combustible y luego se lo vendíamos.
–¿Rhasa para qué los quería a ustedes como intermediarios, si le sobran contactos como para importar directamente?
–Primero porque le ofrecíamos buenos precios y buena calidad. Durante diez años fui gerente de Industria Petrolera en Arthur Andersen. Así establecí contactos con el sector.
–¿No los querría a ustedes por la ventaja fiscal que tenía RealicóEmexal, tanto en la importación de combustibles como de aromáticos?
–Esa ventaja fiscal podían haberla tenido ellos igual. Ellos también podían haber invertido en cualquier promovida.
–Pero el caso es que no lo habían hecho... Para lograr la exención hay que conseguirse un decreto de aprobación de un proyecto.
–La inversión en una promovida puede hacerla cualquier tercero. Realicó no tenía ni tiene ningún decreto.
–En tanto inversora en Emexal, Realicó goza de una ventaja fiscal...
–Rhasa podría haber hecho lo mismo. Además, Realicó no le transfirió ningún beneficio a Rhasa. Los beneficios los gozaba Emexal al recibir la inversión de Realicó.
–¿En qué consiste el beneficio?
–En que Realicó tiene para el pago del IVA un período de gracia de cinco años, y luego cinco cuotas anuales para saldar el impuesto diferido.
–Eso respecto del 21 por ciento. Pero además está la llamada percepción, que es del 9 por ciento, y de la que Realicó está exenta...
–Como cualquiera que tenga diferimiento de impuestos.
–Bien. Y se supone que esa ventaja del 30 por ciento (21 más 9) es la que se repartió con Rhasa.
–A Realicó no le quedó un peso para compartir con nadie. Por cada 100 pesos que invirtió en Emexal, suscribiendo acciones, podía diferir 75. Y en cuanto a la retención del IVA, es ridículo pensar que una empresa como Rhasa entró en una maniobra para bicicletear un anticipo por quince días.
–Además de haber abierto la garantía bancaria, Rhasa también almacenó el combustible –que ustedes dicen haber importado– en sus tanques del puerto. Ustedes nunca lo tocaron siquiera...
–La Cámara misma dice que ese hecho no tiene trascendencia. Que no haya habido desplazamiento físico no niega la realidad jurídica de la transferencia de dominio del combustible, que “se deriva del simple hecho de que Realicó puede nacionalizarlo y disponer de él, a punto tal que, a los fines de asegurarse su recompra, Rhasa firmó con Realicó el citado convenio de exclusividad. Este contrato, por tanto, antes que demostrar la falsedad de la transferencia, acredita su certeza...”. Por eso la Aduana no objetó ninguna de las operaciones. Más adelante, la Cámara dice textualmente que “la resolución recurrida vino a culminar un sesgado curso investigativo, adoptado por el desconocimiento de postulados básicos de la dogmática penal, y tras afectar principios fundamentales de procedimiento judicial... El repaso de las presentes actuaciones ha puesto de manifiesto serias irregularidades...”.

PRINCIPAL