EL JUEZ BRUNO PROCESO A CARMEN LAPACO POR UN FALTANTE DE DINERO EN EL CELS
Nada peor que hacer llorar a una Madre

Ultima aparición pública del juez Pablo Belisario Bruno. Fue en un bar de Recoleta

El juez Bruno procesó a una Madre de Plaza de Mayo y fundadora del CELS. La acusó del robo de 83 mil dólares de ese organismo. La interrogó durante cuatro años y le embargó bienes. Es el mismo juez acusado de haber presenciado cómo la policía torturó a un detenido.

Después de interrogarla hace cuatro años en su despacho poblado de platitos con escudos de la Policía Federal, el juez Bruno procesó a Carmen Lapacó, de 72 años, y le embargó bienes por 100 mil pesos. Nunca suspendió esa medida. La acusó del robo de 83 mil pesos de una cuenta que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tenía en Estados Unidos para recibir donaciones y cuyo vaciamiento ella misma había denunciado junto al titular de la institución, Emilio Mignone. El CELS es una prestigiosa organización no gubernamental abocada a las defensa de los derechos humanos desde 1979. Lapacó fue una de sus fundadoras y Bruno la considera culpable de la estafa porque también era la tesorera. En este juicio, sin embargo, son los propios abogados de la entidad los que la defienden.

Bruno es el mismo juez a quien el Tribunal Oral 9 acusó, a comienzos de este mes, de haber presenciado torturas a un detenido en una comisaría porteña. Carlos Trillo, un custodio de una empresa transportadora de caudales, denunció que lo molieron a golpes para que dijera dónde estaba la plata robada. Ides Bentancur Martínez, un vecino conocido de Trillo, aseguró que a él lo patearon hasta dejarlo inmóvil y lo picanearon en presencia del magistrado. Trillo, después, apareció ahorcado en la cárcel de Caseros. La acusación contra Bruno está a un paso de entrar al Consejo de la Magistratura. Cuando llegue, el CELS sumará su propia denuncia, según informó el director del organismo, Martín Abregú.

Historia repetida

"No tenía ni idea de quién era este juez, pero recuerdo que me hizo sufrir tanto que en el momento pensé: 'este tipo debe odiarnos a los que militamos en derechos humanos', parecía tener una predisposición en contra", recuerda Lapacó.

--¿Qué le hizo suponer eso? --preguntó Página/12.

--Era agresivo al preguntar, me cuestionaba todo lo que decía, que cómo era posible que yo no conociera al tipo que había cobrado la plata de nuestra cuenta. Así, tenía que repetirle dos o tres veces lo mismo mientras él, al muchacho que tipeaba le corregía todo al grito de "¡Escribiente!", como si fuera una basura. Era todo muy tortuoso. No podía evitar que se me salieran las lágrimas. Me sentía como una cucaracha.

Cuando terminó el interrogatorio, Carmen fue trasladada a otra oficina dentro de laberíntico Palacio de Tribunales. No entendía bien dónde estaba. Mientras bañaba sus dedos en tinta para dejar sus impresiones digitales, una puerta de rejas se cerró a sus espaldas. Ahí se quebró por completo, cuenta. La sobresaltaron las imágenes del día en que se la llevaron junto con su hija desaparecida, Alejandra, al centro clandestino "El Atlético". Y se le mezclaron los recuerdos de cuando estuvo presa a principios de los 80 en Coordinación Federal, junto a otros integrantes del CELS. Como aquella vez, tras despedirse del magistrado repetía para sí: "¡No me van a vencer!, ¡no me van a vencer!".

Era 1994. Lapacó recibió dos llamadas telefónicas extrañas, según dejó sentado en su denuncia ante la Justicia. Un tal Emilio Fernández dijo ser empleado de la "sección Estafas" del Citibank y le preguntó si había ordenado transferir dinero de la cuenta que el CELS tenía radicada en el Barclays Bank de Miami a través del Citi. Sin abundar en detalles ni dejar sus datos, informó que algo sospechoso estaba ocurriendo con una transacción.

Lapacó y Mignone empezaron su propia investigación. Constataron que se habían hecho dos transferencias. Una de 41.525 dólares; la otra, por 41.558,63. Uno de los giros fue a parar a la casa de cambios Iguazú en Paraguay, y el otro a la agencia Puente Hermanos S.A., en Buenos Aires. Ambas operaciones, constató la Justicia después, se habían hecho por fax, sin membrete del CELS, con la supuesta firma de Lapacó y dejando dos números de teléfono, el de un celular que había sido robado y el de un locutorio. Los abogados del CELS explicaron a Página/12 que, para esa época, el Banco Barclays había enviado una notificación que decía que ya no aceptaban cuentas inferiores a los 100 mil pesos y que, por ende, debían elevar el saldo o bien cerrarla. Esa carta jamás llegó. La cuenta la desagotaron otros.

--Dale, hagamos la denuncia –-le decía Carmen Lapacó, con preocupación, al titular del CELS, en medio de su pesquisa casera.

--Esperá, guardemos la calma, no puedo creer que esto sea cierto --dilataba él la iniciativa. Hasta que emitieron un cheque que fue rechazado y montó en cólera.

Lo que nunca hubieran imaginado es que la furia luego se multiplicaría por razones fuera de programa. El juez Bruno tiene a Lapacó procesada desde el 6 de septiembre desde 1995 porque, sostuvo, recibía la correspondencia del CELS en su casa, porque "contaba de manera celosa con información confidencial" y debido a que, a su entender, nadie ajeno a la institución pudo haber logrado la maniobra en cuestión.

Un tal Oscar Alberto Serra, ajeno a la entidad, también fue procesado y estuvo en prisión cuando se comprobó que había cobrado la plata que llegó a la casa de cambio porteña. Pero nunca se supo quién retiró el dinero en Paraguay.

En el ínterin, el Banco Barclays pareció asumir su parte de responsabilidad y entender que sin los fondos robados, el CELS no podría seguir trabajando: terminó restituyendo más de la mitad del dinero.

Después de pedir dos veces el sobreseimiento de Carmen sin obtener respuesta del juez, los abogados del CELS Alberto Bovino y Gastón Chillier terminaron presentando una denuncia por retardo de justicia ante la Cámara de Apelaciones. El juez tuvo que adoptar definiciones y decidió entonces sostener el procesamiento de la mujer porque, fundamentó, todavía desde Paraguay no respondieron el exhorto que revelará quién se llevó el resto de la plata. Ese exhorto fue enviado hace más de dos años. Los papeles peregrinaron ida y vuelta por errores que la propia cancillería le señaló al juez, según revelaron en el CELS. Todavía no hay respuesta.

"Si Dios existe"

El juez Bruno nunca citó como testigos a otros integrantes del CELS. Incluso Mignone, quien presidió la institución hasta que falleció el último diciembre, había pedido declarar pero el juez le negó esa chance. Los abogados recordaron en su apelación que el organismo usaba el domicilio de Lapacó para recibir cartas para esquivar una de las prácticas más asiduas de la dictadura militar: secuestrar la correspondencia. Argumentaron que hay muchas personas que pueden haber tenido acceso a información sobre la cuenta bancaria; que difícilmente alguien pueda hacer dos firmas exactamente iguales en dos faxes distintos; que, además, "no se han encontrado pruebas que justifiquen el procesamiento" sino "todo lo contrario", entre otros puntos. Y recalcaron que según la Constitución Nacional y varios tratados internacionales toda persona tiene derecho a ser sometida a un proceso "dentro de un plazo razonable".

Carmen recuerda el pañuelito que le asomaba al juez Bruno cerca de la solapa de su saco sin arrugas. "Su voz, que mutaba de un tono amable a autoritario" y los retos repentinos que le dirigía al escribiente. Igual, dice, está acostumbrada a los golpes bajos después de haber visto a su hija torturada y de soportar que la Corte Suprema de Justicia le negara a conocer su destino final (aunque después el tribunal se retractara en otra sentencia). Para aliviarse, comenta, saca a flote sus dotes de la profesora de educación física que fue durante 35 años.

"Lo peor que me pudo haber pasado, la desaparición de mi hija Alejandra, ya me pasó. No tengo miedo ahora" –-subraya. "Cuando vi que al juez Bruno lo acusaron de permitir torturas, pensé: 'si Dios existe, ha logrado una venganza a favor mío'."

La ventaja de tener un padrino como Anzorreguy

Por I. H.
El café que tomaron el miércoles en Recoleta no fue el primero. Hugo Anzorreguy, secretario de Inteligencia que ha sido un hombre influyente en la designación de jueces de todos los fueros, también apadrinó el nombramiento de Bruno.

Probablemente en honor a su padre, el comisario general Cayetano Pablo Bruno, y en virtud de los aceitados lazos que guarda con la Policía Federal, el juez de 51 años amigo de Anzorreguy tiene su despacho lleno de insignias de la fuerza y alguna que otra foto enmarcada de sus seres queridos. También lo vinculan a la fuerza policial sus clases de derecho en la Escuela de Policía y algunas causas donde le ha tocado investigar a personal policial de los más variados rangos (ver aparte).

Pablo Bruno usa un enorme anillo de oro en el dedo meñique de su mano derecha. En el chusmerío de Tribunales su escasa estatura (apenas supera 1,60 m) y su cortesía a veces exacerbada, son comentario desde que aterrizó en el Poder Judicial como meritorio el 1º de marzo de 1968. Había cursado sus estudios secundarios en el colegio Guadalupe y su primer nombramiento como secretario lo obtuvo el 19 de noviembre de 1976 --la misma fecha que lleva su título de abogado egresado de la UBA-— en el juzgado entonces a cargo de Lucio Somoza, uno de los jueces que el retorno de la democracia empujó a caer en desgracia por sus antecedentes de juez poco garantista y ligado al Proceso. Somoza es ahora defensor de dos altos jefes de la Federal investigados por corrupción.

Hacia 1984 comenzó a rodar el rumor de que Bruno estaba haciendo gestiones para que lo designaran como juez a través de abogados allegados al secretario de Justicia Carlos Salvador Odriozola. La tentativa desató una reacción de rechazo entre abogados penalistas que en aquel entonces integraban la Asociación de Abogados de Buenos Aires, muchos de los cuales se encargaron de frenar el pliego antes de que llegara al Senado. Este entorno desfavorable llevó a Bruno a renunciar en mayo de 1985. A partir de entonces ejerció como abogado y se convirtió en asesor en medios de comunicación para la empresa Telecinema S.A., entre otras.

Ocho años más tarde el jefe de Inteligencia lo ayudó a retornar a Tribunales en la época en que Jorge Maiorano era ministro de Justicia. Un llamado telefónico desde el corazón del radicalismo al entonces vicepresidente de la comisión de acuerdos, Ricardo Lafferrière, terminó de definir la suerte de Bruno, que pasó a convertirse en juez en lo criminal de instrucción en noviembre de 1993. También firmaron el acuerdo Luis León, Antonio Cafiero, Deolindo Bittel, Luis Alberto Verna, Juan Carlos Romero, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Edison Otero.

[FrontPage Image Map Component]Algunos funcionarios de Tribunales que conocen a Bruno lo describieron así: "Es un cuatro de copas, pero tiene vocación para estar metido en todos lados". Entre algunas de las causas importantes que pasaron por sus manos tuvo la de la escuela-shopping, que comprometió al ex intendente porteño Carlos Grosso. "Suspendió indagatorias y ordenó peritajes, con lo cual la investigación no terminaba nunca", comentó un funcionario que conoce la causa, que después cambió de juez. Según la misma fuente, también avanzó hacia un cierre prematuro de la causa sobre la red policial vinculada a los prostíbulos más importantes de Buenos Aires, que también tocó al juez Norberto Oyarbide. Tal vez den cuenta de ello las furiosas apelaciones presentadas por el fiscal José María Campagnoli en las que subraya que la pesquisa no está terminada y que debe investigarse el delito de asociación ilícita y no la mera violación a la ley de profilaxis.

En una nota publicada en este diario el 10 de agosto último, Horacio Verbitsky recordó que Bruno fue quien redactó una declaración a la que adscribieron varios jueces de instrucción en la que elogiaban "la infatigable labor" policial "para combatir el flagelo de la delincuencia, restándole muchas horas de descanso reparador". Exigían un aumento de las penas, reformas procesales y un aumento del 50 por ciento en la cantidad de policías en la Capital. También lideró, como interlocutor con la Procuración General de la Nación, la posición de los magistrados que se opusieron a la reforma del Ministerio Público que dotaba de un mayor margen para la investigación a los fiscales.

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