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Por Claudio Zlotnik  La Justicia
argentina tiene la convicción de que buena parte de los depósitos tomados por el ex
Banco de Crédito Provincial (BCP) para ser colocados en paraísos fiscales, y que nunca
fueron reintegrados a los ahorristas, se encuentran en cuentas bancarias a nombre de
Francisco Javier Trusso (h), ex presidente del BCP, en entidades financieras de los
Estados Unidos. Para confirmarlo, la juez platense Marcela Inés Garmendia ya envió
exhortos a veintidós bancos estadounidenses, con sedes en Nueva York y Miami. De acuerdo
a los reclamos que constan en la causa por la caída del BCP, el desvío de fondos trepa a
45 millones de dólares. Pero los investigadores no descartan que ese monto pueda
triplicarse, una vez que los bancos respondan al pedido de la jueza.Francisco Javier Trusso, hijo del ex embajador argentino en el Vaticano y con fuertes vínculos con la Casa Rosada y con la Iglesia, está detenido desde hace dos semanas en Brasil. Permaneció prófugo de la Justicia durante veintidós meses tras la escandalosa liquidación del BCP. Pero, a diferencia del otro banquero del poder --Raúl Moneta--, Trusso fue atrapado por Interpol. Desde su celda de una penitenciaría de la ciudad de San Pablo aguarda ser extraditado a la Argentina. El trámite no será sencillo: la Cancillería argentina recién elevará el pedido al gobierno brasileño esta semana o la próxima. Y después será la Justicia del país vecino quien decida sobre la viabilidad del reclamo. Algunos de los bancos estadounidenses en los que se supone existen cuentas a nombre de Trusso, familiares suyos o de ex directivos del BCP son los siguientes: Citibank, Bank of New York, Chase Manhattan Bank, BankAmerica, Morgan, National Westminster Bank, Northern Trust International Bank y Chemical Bank, según pudo acceder en exclusiva Página/12. Para llegar a la conclusión de que en esas entidades podría estar la clave del fraude ingeniado por Trusso, los investigadores tuvieron acceso al disco rígido de la computadora de uno de los ex directivos del BCP. En ese disco rígido, los peritos hallaron material de enorme valor para la investigación. Por caso, la orden de depositar 134.000 dólares en una cuenta a nombre de Francisco Trusso (h) en el BankAmerica filial Nueva York y otra suma similar en el Republic National Bank of New York. También consta una colocación de 1.975.000 dólares a nombre de Elena Chozas de Trusso, esposa de Francisco Javier, en el italiano Monte Paschi di Siena Bank, del cual el BCP ofició como representante en la Argentina. Ejemplos como éstos permitieron a la magistrada realizar los exhortos a los veintidós bancos de Wall Street, y ya forman parte de la causa de 36 cuerpos y 100 anexos documentales. La conjetura que realiza la magistrada es que esos movimientos de fondos pertenecen a operaciones "off shore" (depósitos en el exterior) efectuados por clientes del BCP, quienes no recibían comprobantes al momento de concretar la operación. Hasta el momento, la juez Garmendia recibió cien denuncias de ahorristas defraudados por esta operatoria por un total de 45 millones de dólares. Pero en los Tribunales de La Plata no descartan que, en realidad, los perjudicados sean bastantes más: ahorristas que prefieren mantenerse en el anonimato. El monto total de la estafa recién se conocerá cuando las entidades financieras estadounidenses respondan la requisitoria de Garmendia, si es que no se amparan en el secreto bancario y desisten contestar. Hasta ahora, al despacho de Garmendia llegaron desde Estados Unidos nueve cajas repletas de información, con respuestas de los bancos BankAmerica, M. T. B. Bank, Chase Manhattan y Fleet Bank. Los investigadores comenzarán a desglosar los informes no bien finalice el trámite para extraditar a Francisco Trusso. La ruta del dinero Para realizar las operaciones "off shore", los directivos del BCP crearon dos entidades en paraísos fiscales. A una la llamaron First Investment Bank Bahamas (FIB), y a la otra Custom Investment Inc. (CI). Además, fundaron una filial del BCP en Uruguay, desde donde se administraba cada operación. Parte del dinero y los títulos depositados por los ahorristas iban a parar a una cuenta corriente común en un banco de Miami (Cootts & Co. International), desde el cual se distribuía a otras entidades financieras, las mismas a las cuales ahora Garmendia les reclama información. De la labor de los peritos surge que, además de lo que se distribuía entre aquellos 22 bancos, otra parte de los fondos era entregado en efectivo a algunos directores del BCP. Y, el resto, se destinaba a tapar baches financieros del ex banco platense. Mientras tanto, los clientes del BCP recibían falsa información impresa de las instituciones financieras donde creían se encontraba su dinero. Pero, en definitiva, las colocaciones en el extranjero no existían ya que el dinero y los títulos públicos habían sido desviados por orden de los máximos directivos del banco liquidado. Pero las operatorias "off shore" no es la única que investiga la Justicia. Al despacho de Garmendia se presentó un grupo de jubilados reclamando cinco millones de dólares en bonos previsionales (Bocon Segunda Serie) que tenían depositados en el BCP, y que fueron a parar a una cuenta a nombre de directivos de la ex entidad. Hasta último minuto, Pedro Pou, el titular del Banco Central, intentó disimular las irregularidades del BCP. No era ajeno a las vinculaciones de los Trusso con Balcarce 50. Pero en agosto del '97 estalló el escándalo. La entidad financiera había inventado créditos por 64 millones de pesos tratando de agrandar los escuálidos activos del banco. Sus directivos también "inflaron" los resúmenes con tarjetas de crédito por otros 16 millones. Por otra parte, se estima que por la quiebra del BCP quedan impagos 40 millones de dólares en Obligaciones Negociables (títulos de deuda) que fueron suscriptas por empresas de primera línea del extranjero. Las ramificaciones por la quiebra del banco de los Trusso incluye a la Iglesia y a militares retirados. Antonio Quarracino, quien fue arzobispo de Buenos Aires, denunció que la familia Trusso le había fraguado la firma en un préstamo por 10 millones de dólares que el religioso había recibido de la Sociedad Militar Seguros de Vida. La operación, de la cual el BCP figuraba como avalista, iba a servirle a los Trusso para desahogar su complicada situación financiera. Ahora, dos años después del escándalo, desde la cárcel paulista Francisco Javier debe envidiar la situación de su hermano Pablo, que pudo recuperar la libertad tras pagar una fianza de 200.000 dólares. En Buenos Aires, la Justicia trata de atar los cabos del fraude que pergeñó. Mientras tanto, su nombre ya resulta conocido para los agentes de Interpol y del FBI. En Wall Street, los bancos con los cuales alguna vez operó, ahora amenazan con dejarlo al descubierto.
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