Por Eduardo Tagliaferro
 El extenso
alegato defensivo realizado la semana pasada por el ex ministro de Trabajo Antonio Erman
González, en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, no alcanzó para
convencer al fiscal federal Carlos Stornelli sobre la inocencia del polifuncional ministro
de Carlos Menem. El fiscal reclamó ayer al juez Jorge Urso el procesamiento de Erman por
el delito de falsedad ideológica, una figura penal que contempla penas de uno a seis
años de prisión y otorga el beneficio de la excarcelación. Si bien la práctica indica
que el juez tiene 10 días hábiles para decidir acerca de la situación procesal de Erman
González, la acusación de la fiscalía obliga a Urso a una pronta definición sobre el
futuro del riojano.
En su paso por los tribunales, Erman González había dicho que el ministerio a su cargo
–Defensa– no había tenido ninguna señal de alerta sobre un posible desvío de
las armas vendidas a Panamá. Alertas que, según Erman, la Cancillería sí había tenido
mediante cables y comunicaciones que le advertían sobre esa maniobra ilegal. Dando mayor
contundencia a su defensa, el ex ministro había apuntado a las figuras de Domingo Cavallo
y Guido Di Tella.
Para el fiscal Stornelli, que Panamá fuera el destinatario de las armas argentinas era un
hecho que debería haber extrañado al ex ministro, ya que “las magnitudes –del
material bélico comprado por un país sin fuerzas armadas o con las mismas seriamente
limitadas– llamarían la atención de cualquier persona, aún ajena a la
materia”.
“Durante mi gestión al frente del Ministerio de Defensa, salió un solo barco
llevando armamento destinado a Panamá”, habían sido los dichos con los que Erman
González relativizó su responsabilidad en el contrabando de armas. Este argumento
también fue refutado por el fiscal federal en su pedido de procesamiento presentado ayer
frente a Urso. “Si bien es correcto que durante la gestión del ex ministro sólo se
materializó uno de los embarques –septiembre de 1991–, no es menos cierto
–dice en su presentación el fiscal Stornelli– que fue precisamente a través de
la firma de esos decretos en los que –Erman González– tuviera un rol
preponderante como encargado del área de Defensa y responsable último de Fabricaciones
Militares, que se allanó el camino para los desvíos posteriormente concretados”.
El pedido de procesamiento, presentado ayer, rebate uno por uno todos los argumentos
esgrimidos la semana pasada por Erman González. El supuesto desconocimiento de señales
que alertaban sobre el posible desvío del armamento, el intento de acotar su
responsabilidad en la firma de los decretos, acusando a los miembros de Fabricaciones
Militares y la Comisión Interministerial que autorizaban las operaciones, e incluso sus
acusaciones contra Domingo Cavallo y Guido Di Tella fueron desestimadas ayer por la
fiscalía federal, para la que los hechos, “no se condicen con la inocencia esgrimida
por el imputado”.
PEDIDOS CONTRA CAMILION,
PAULIK Y BALZA
Aproximación al juicio oral
Por E. T.
En un dictamen de más de
60 hojas, el fiscal federal Carlos Stornelli y el secretario letrado Hernán de Llano, se
pronunciaron a favor de elevar a juicio oral la causa por encubrimiento y omisión de
denuncia contra el ex ministro de Defensa, Oscar Camilión, y el brigadier Juan Paulik, ex
jefe de la Fuerza Aérea. El requerimiento de los hombres de la fiscalía federal es en
respuesta a la inquietud del juez federal Jorge Urso, quien pretendía elevar a juicio
oral la parte Ecuador de la causa por la venta ilegal de armas. Stornelli y De Llano
insistieron en la realización de varias medidas procesales, entre las que se destaca el
pedido de indagatoria del jefe del Ejército, teniente general Martín Balza.
Para los funcionarios judiciales, Camilión y Paulik, desconociendo informes de la
“inteligencia peruana” que alertaban sobre una posible triangulación de armas
argentinas destinadas hacia Ecuador, autorizaron en febrero del ’95 la salida de dos
vuelos de la empresa norteamericana Fine Air que partieron de Ezeiza con rumbo a Quito,
llevando cinco mil fusiles Fal y 75 toneladas de munición. Los vuelos llevando armamento
argentino se produjeron cuando Perú y Ecuador estaban enfrentados por el conflicto
fronterizo conocido como “Guerra del Cóndor” y que formaba parte de una larga
disputa entre ambos países. Disputa de la que Argentina era garante de paz, de acuerdo al
Protocolo firmado en Río de Janeiro en 1948.
El dictamen de la fiscalía federal le reitera a Urso los pedidos de indagatoria de varios
funcionarios de Fabricaciones Militares, entre ellos su ex titular, Luis Sarlenga, los
generales Raúl Gómez Sabaini, Antolín Mosquera, Antonio Vicario, los coroneles Edberto
González de la Vega, Jorge Franke y Jorge Cornejo Torino.
Una de las medidas más reclamadas por la fiscalía es el pedido de indagatoria del jefe
del Ejército, general Martín Balza. La citación de Balza es reclamada “en orden a
los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, estafa
procesal en grado de tentativa y encubrimiento”. Urso tiene pendiente una definición
sobre el pedido de citación del general Balza, desde setiembre del año pasado, cuando el
fiscal Stornelli lo acusó de integrar la asociación ilícita que posibilitó el desvió
de las armas a Ecuador y Croacia.
Si bien en los despachos de Comodoro Py se especula con que Urso resolvería en breve la
citación de los militares que pertenecieron a Fabricaciones Militares, distinto es el
caso de Balza. La declaración indagatoria del jefe del Ejército no sólo produciría
fuertes movimientos en su fuerza, sino que también repercutiría sobre el oficialismo y
la oposición, quienes a 54 días de las elecciones nacionales tienen todo su interés en
sus respectivas campañas proselitistas. Igualmente, luego del recambio presidencial del
próximo 10 de diciembre, la causa por la ventailegal de armas tendrá un fuerte impulso,
ya que muchos de los imputados perderán sus fueros de inmunidad. |
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