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 La madre de
Plaza de Mayo Carmen Lapacó acusó al juez Pablo Bruno, en un relato publicado ayer por
Página/12, de haberla “torturado psicológicamente” en una indagatoria hasta
hacerla llorar. El magistrado la procesó hace cuatro años por considerarla sospechosa de
un robo al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del que ella misma es fundadora y
cuyos abogados ahora la defienden en el juicio. Tanto el CELS como Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora denunciaron a Bruno “por su intento judicial perverso de convertir a
los denunciantes en denunciados” y anunciaron ayer que presentarán cargos en su
contra “por el evidente hostigamiento hacia defensores de los derechos humanos, como
la señora Lapacó y la propia institución damnificada en la estafa”.En 1994 desaparecieron 83 mil dólares de una cuenta que el CELS tenía en Estados Unidos. Lapacó y Emilio Mignone, entonces titular de la institución, hicieron la denuncia ante la Justicia y la investigación quedó a cargo de Bruno. El juez indagó a Lapacó por ser la tesorera y decidió procesarla y trabarle un embargo de bienes por 100 mil pesos. Jamás suspendió esa medida pese a que, explican los abogados, “nunca obtuvo pruebas en su contra”. “Su obstinada decisión no sólo viola el derecho de la señora Lapacó a ser juzgada dentro de un plazo razonable sino que significa una demostración más de lo poco que le interesa respetar las garantías constitucionales”, explica un comunicado del CELS y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. “La investigación por la estafa –añaden– lleva más de cinco años sin resolverse. El CELS desde un inicio ha sospechado que en este hecho delictivo debían estar involucrados agentes de inteligencia, que desde los tiempos de terrorismo de Estado buscaban afanosamente toda información sobre nuestras cuentas tanto en el país como en el exterior.” Dicen también que Bruno “ha rechazado toda medida de prueba solicitada”. Por ejemplo, nunca le tomó declaración testimonial a Mignone, como presidente de la institución, quien falleció en diciembre del año pasado. Además, señalan, “ha impedido hasta hace pocos meses que un tribunal de alzada pudiera expedirse”. Bruno, que llegó al cargo de juez de la mano del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, es el mismo al que el Tribunal Oral 9 acusó, a principios de agosto, de haber tolerado torturas a un detenido en su presencia en una comisaría porteña. Por este tema ahora lo investiga el juez Alberto Seijas. Y el caso está a un paso del Consejo de la Magistratura. El magistrado es también uno de los que Página/12 descubrió reunido la semana pasada en el café La Biela de la Recoleta con Anzorreguy y con Enrique “Coti” Nosiglia. Carmen Lapacó, de 72 años, contó a este diario que cuando Bruno le tomó indagatoria por el robo al CELS, se sintió agredida y en el momento llegó a pensar: “este juez debe odiarnos a los que militamos en derechos humanos”. “Desde la desaparición de mi hija se me secaron las lágrimas, pero este juez me volvió a arrancar el llanto. Me hizo sentir humillada todo el tiempo, fue una tortura psicológica”, relató. El CELS pidió varias veces el sobreseimiento de Lapacó, denunció a Bruno por retardo de justicia y finalmente apeló ante la Cámara. Y se disponen a presentar nuevos cargos ante le Consejo de la Magistratura.
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