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Venezuela, el único futuro que parece quedarle al Congreso es convertirse en una
formalidad. Ante la negativa de la mayoría opositora de asistir a una sesión legislativa
convocada para ayer, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dominada por una abrumadora
mayoría de los partidarios del presidente Hugo Chávez, asumió los últimos poderes
reservados al Congreso. El fundamento de la medida fue la ampliación del “decreto de
emergencia legislativa” aprobado la semana pasada. Entrará en vigencia en cualquier
caso en que “el Congreso no cumpla sus funciones”. Los oficialistas admitieron
que esta medida deja al Congreso “técnicamente cerrado”. Los opositores
apelaron ayer a la Corte Suprema para que declare inconstitucional el decreto.
“Estamos a un paso de una guerra civil”, advirtió el vicepresidente opositor
del Congreso, Henrique Capriles. Que la lucha institucional en Venezuela era a muerte ya resultaba evidente desde la semana pasada. El miércoles, la ANC limitó las facultades del Congreso aprobando un decreto de “emergencia legislativa”, que redujo al Congreso a sólo tres comisiones (delegada, finanzas y controlaria). Los congresistas opositores respondieron negándose a discutir los asuntos de actualidad presentados por el Ejecutivo, principalmente nuevos créditos para el gobierno y la aprobación del viaje de Chávez a Panamá fijado para mañana miércoles. El domingo, la ANC lanzó su ultimátum a los congresistas opositores: debían asistir el lunes a una sesión para legislar; de lo contrario, a la ANC no le quedaría más remedio que ampliar el decreto de emergencia para legislar en su lugar. A las 14.00 hora local, los opositores difundieron públicamente que no harían acto de presencia, lo que resultó en una falta de quórum cuando abrió la sesión en el Congreso. Con esto su suerte quedó sellada. La ANC resolvió por mayoría de sus 131 miembros que en tanto que el Congreso “no asuma el ejercicio de las competencias que le corresponden, no ejecute sus funciones, retarde o demore su cumplimiento o de alguna manera se presuma no cumplir esas funciones”, la Constituyente “asumirá estas funciones”. Una de las pocas voces disidentes en la ANC fue la de Alberto Franseschi, quien consideró que “el Congreso funcionará bajo condición de rehén en adelante”. Franseschi aseguró que esta condición no será aceptada por los congresistas opositores puesto que “les queda un grado de dignidad: con un hacha en el pescuezo no se funciona”. Los opositores estuvieron ayer totalmente de acuerdo. “(La ANC) pretende que legislemos con una pistola en la sien”, denunció el congresista César Pérez Vivas. Vivas justificó la ausencia de la oposición en la sesión legislativa de ayer afirmando que fue “una demostración de dignidad, estamos tratando de demostrar que el Congreso no es la caricatura que ha intentado instalar la ANC”. Las esperanzas de la oposición están ahora centradas en la Corte Suprema. Una delegación liderada por Capriles solicitó ayer que la Corte declare nulo, por inconstitucional, el decreto de emergencia legislativa. “Ahora es el momento para que se pruebe si en Venezuela hay o no hay Corte Suprema de Justicia, y para que se reestablezca una situación que todos sabemos ha sido infringida. Espero que la Corte cumpla con su responsabilidad”, declaró Capriles. La posición de la Corte al respecto era ayer desconocida, pero la oposición no es ahora tan fuerte allí como lo era al comienzo del mandato de Chávez. La jueza opositora más influyente, la ex presidenta de la Corte Cecilia Sosa, renunció la semana pasada en protesta por el “decreto de emergencia judicial” aprobado por la ANC. Sólo un juez la siguió, y una mayoría apoyó el decreto con un mínimo de condiciones. El vicepresidente oficialista de la ANC, Aristóbulo Istúriz, resumió el futuro del Congreso si continúa desafiando a la Constituyente: “Se puede disolver si desconoce el decreto y no cumple las funciones que tiene asignadas”.
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