Por R. D. Alieto Guadagni, secretario de Industria,
justificó la denuncia contra los operadores de cable y las comercializadoras de la
transmisión codificada de fútbol advirtiendo que “hay evidencia documental”
del acuerdo monopólico, aunque admitió que la resolución del caso podría quedar para
el próximo gobierno. En cuanto a si la alianza Carrefour-Norte-Tía puede ser alcanzada
por la ley antimonopolios, señaló que “es una carrera por ver quién llega
antes”, si la promulgación de la ley o el perfeccionamiento de la fusión en el
país.
–¿Por qué aparece la imputación ahora, después de tanto tiempo desde la denuncia
y cuando ya le quedan pocas semanas de vida a la actual Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia?
–El momento no tiene nada en especial. Después de la investigación iniciada de
oficio, la Comisión realizó estudios, auditorías, consultas a las empresas y ahora
llegó a una primera conclusión, que es que las respuestas de las empresas no tienen
entidad para evitar una imputación.
–¿Pero tendrán tiempo de cerrar el caso en la actual gestión de gobierno?
–No creo que la resolución entre en el actual mandato, quedará para el próximo
gobierno. Las empresas tienen ahora 30 días para hacer su descargo y ofrecer la prueba.
Luego la Comisión hace su dictamen final, que pasa a consideración del secretario de
Industria. Si hay acusación, se les solicita a las empresas que cesen en su accionar y
pueden recibir una sanción de hasta el 120 por ciento de la ganancia ilícitamente
obtenida. Es una resolución apelable, pero hay evidencia documental del acuerdo de
precios. En la carta de febrero de 1997 está configurado el cartel.
–¿El nombramiento de un nuevo tribunal, conforme a la ley antimonopolios, no haría
cesar las investigaciones en curso de la comisión actual?
–Hasta que se constituya el nuevo tribunal, la actual comisión sigue actuando. Si
para entonces está terminada la investigación, queda definida, y si no lo heredará el
nuevo tribunal. Pero no creo que se constituya antes de fin de año.
–¿La fusión entre Carrefour y las cadenas en las que participa Promodés (Norte y
Tía) queda bajo la órbita de la nueva ley antimonopolios?
–Si la ley está publicada antes de que la asociación esté perfeccionada en
Argentina, rige la ley, y entonces las empresas tendrán la obligación de avisar sobre la
fusión. Si no lo hacen, les corre una multa de un millón de pesos por día. Pero si la
fusión se perfecciona en el país antes de que se publique la ley, ésta no la alcanza.
Es una carrera por ver quién llega antes. Mañana (por hoy), en la reunión de gabinete
económico, voy a proponer que la ley se promulgue inmediatamente. Tiene muchos aspectos
perfectibles, pero ya fue muy manoseada, así que lo mejor es que la cerremos ahí. No hay
ninguna intención de demorarla.
–¿Qué expectativas tiene con respecto a la propuesta del “compre
nacional”?
–Vamos a proponer que salga por decreto. Todas las compras de empresas privatizadas
que involucren importaciones van a tener que ser publicadas. Tendrá que quedar en claro
que la adjudicación a un proveedor extranjero se hace siempre que no haya una oferta
nacional comparable, en calidad y precio. No hay un privilegio para el producto nacional,
pero sí el beneficio, en caso de igualdad, a que se desempate en su favor. Hay normas
generales que respaldan esta práctica, pero faltaban instrumentos para hacerlas
efectivas, como un banco de datos donde ingrese esta información.
“COMPRE NACIONAL” PARA LAS EMPRESAS
PRIVATIZADAS
Una mano a proveedores locales
La
ofensiva del Gobierno apuntalando la alicaída imagen electoral de Eduardo Duhalde
incluirá hoy, en la reunión de gabinete económico, el tratamiento de un proyecto de
decreto de “compre nacional”, que se aplicaría a las empresas de servicios
públicos privatizados. La propuesta, adelantada ayer por el secretario de Industria y
Comercio, Alieto Guadagni, apunta a que esas compañías adquieran productos argentinos en
caso de igualdad de calidad y precio.
La Unión Industrial Argentina (UIA) venía reclamando por tal discriminación frente a la
recesión que azota al sector. En tanto, el candidato presidencial del PJ levantó esa
medida como bandera en su campaña. En la misma línea, además, el Gobierno estableció
–mediante un decreto hecho público ayer– un régimen de “ComprePyme”
para el sector público.
Guadagni, quien encabezara una de las listas de diputados bonaerenses en la última
interna del justicialismo, explicó que el objetivo de la medida es generar “la
obligación de que las empresas privatizadas transparenten sus compras”. De ese modo,
además de evitarse, según destacaron expertos a este diario, la transferencia de
utilidades encubiertas, permitirá que las ex compañías del Estado adquieran para su
provisión, en caso de igualdad de calidad y precio, insumos y productos argentinos.
La medida guarda similitud con la aplicada por el Estado hasta principios de esta década,
con el propósito de incentivar la producción local, y que fuera dejada sin efecto por el
presidente Carlos Menem. La propuesta de Guadagni se hizo pública un día después de que
el candidato presidencial del PJ lanzara la convocatoria a la concertación ante
empresarios, sindicalistas, legisladores y gobernadores del oficialismo en Parque Norte.
El “compre nacional” sería la primera de las medidas de Duhalde que encuentra
eco en el Gobierno. La iniciativa había sido lanzada por la UIA meses atrás, a raíz de
la crisis de la industria local y lo que consideraron, en varios sectores de la
producción, una competencia desleal de otros países, en especial Brasil. Las empresas
privatizadas optan en su mayoría por adquirir los productos necesarios para su
funcionamiento en sus países de origen, a través de pequeñas y medianas empresas
proveedoras.
En la misma línea el Gobierno estableció el régimen “ComprePyme” con el
objeto de “promover e incrementar la participación de las pequeñas y medianas
empresas en la provisión de bienes y servicios al Estado Nacional”. El nuevo sistema
será de aplicación obligatoria para los organismos de la Administración Pública
Nacional centralizada y descentralizada.
| Investigación de hierro El gobierno argentino anunció hoy que iniciará una investigación por
presunto ingreso al país de láminas de hierro o acero a precios de dumping provenientes
de Brasil y Rusia, informó ayer la Secretaría de Industria, Comercio y Minería. De
acuerdo a datos oficiales, se presume que el material que ingresa a la Argentina desde
Brasil tiene márgenes de dumping de entre el 7 y el 23 por ciento aproximadamente, que en
el caso de Rusia trepan al 73 por ciento. Además, una resolución de esa secretaría
conocida ayer establece requisitos para importar zapatos que en la práctica generará
demoras de casi 3 meses en las operaciones, y que afectará sobre todo a los productos
provenientes del vecino país. |
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