OPINION
Cuestión de costos
Por Raúl Kollmann |
Nadie
vio a Imad Mughniyah en Buenos Aires.
No hay un solo testigo que diga que vio a fulano de tal, amigo, colaborador, primo o
aunque sea peluquero de Imad Mughniyah en Argentina. No hay en la causa una llamada, una
carta o lo que sea relacionando a Mughniyah con algo o alguien de la Argentina. En rigor,
no se sabe quién aportó los explosivos ni dónde se armó la camioneta-bomba ni quién
la condujo hasta la Embajada de Israel.
La Ford F-100 fue comprada en febrero de 1992 y estuvo treinta días en una casa, un
garaje o un taller de Buenos Aires. Nadie jamás aportó dato alguno sobre ese lugar. No
existe en el expediente iniciado hace siete años y cinco meses ningún nombre de alguien
que haya participado en la inteligencia previa o que haya llevado o traído algo que
después se usó en el atentado.
El individuo que compró la camioneta con un documento falso a nombre de Ribeiro Da Luz,
un brasileño, nunca fue encontrado. Es más: el Ribeiro Da Luz verdadero tampoco fue
encontrado ni se le preguntó si le robaron el documento. Durante siete años de los siete
años y medio que viene durando la investigación, varios de los ministros de la Corte
negaron la misma existencia del coche-bomba. De manera que para ellos no tenía demasiado
sentido buscar a quien compró la camioneta.
El resumen más nítido es que nunca hubo un detenido, ni siquiera un sospechoso de
integrar la conexión local o internacional del atentado contra la Embajada de Israel.
Sin embargo, el máximo tribunal se despacha con una resolución en la que inculpa a
Mughniyah sin aportar una sola prueba. Sólo informes de inteligencia de países que
están enfrentados a Irán. Además, cuando los expertos tuvieron que declarar
judicialmente, ni siquiera mencionaron a Mughniyah, por cuanto –así dijeron– no
querían hacer especulaciones.
Obviamente se trata de uno de los jefes del Hezbollah, al que ya se lo acusa de más de
300 muertes en atentados cometidos en El Líbano. Achacarle a él la planificación del
ataque seguramente no le agrega nada a su currículum, pero le sirve de coartada a la
Corte para cerrar una investigación vergonzosa.
“No podemos pagar costos políticos eternamente”, dijo hace un tiempo uno de los
miembros del máximo tribunal. Eso explica por qué todo esto es únicamente una maniobra
para cerrar la causa. No quieren seguir pagando costos. Prefieren deshacerse de la
pesquisa de una sola vez. Por este camino, es indudable que los familiares de las
víctimas y la sociedad se verán privados de justicia. Tal vez lo peor es que aparece
como un antecedente directo de lo que puede ocurrir con el caso AMIA. |
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