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Morris Dloogatz fue suspendida

Por primera vez, el Consejo de la
Magistratura vota la suspensión de un juez y envía el caso a su enjuiciamiento.

Rodríguez: El juez investiga la participación de la magistrada en una banda de policías bonaerenses que pedía coimas a comerciantes del Mercado Central.

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t.gif (862 bytes)  Raquel Morris Dloogatz ya no ejerce como jueza federal en Morón: el Consejo de la Magistratura la suspendió ayer y giró su caso al Jurado de Enjuiciamiento, que en menos de seis meses deberá resolver si corresponde o no destituirla. La magistrada está acusada de integrar una banda de policías bonaerenses que exigía coimas a comerciantes del Mercado Central.
La apertura del proceso de destitución de Morris Dloogatz fue votada por unanimidad por los 14 consejeros que participaron del análisis de su caso en el plenario del Consejo de la Magistratura, que por primera vez desde su creación dispuso la suspensión de un juez. “Una resolución en sentido contrario hubiera significado una traba a la investigación judicial en curso y una señal de impunidad de los jueces”, explicó a Página/12 el diputado radical Melchor Cruchaga, representante de la Cámara baja en el organismo que a partir de la reforma constitucional del ‘94 tiene a su cargo la designación y remoción de los magistrados.
El juicio político de Morris Dloogatz fue solicitado por el también juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, quien le atribuye la comisión de los delitos de prevaricato (dictar fallos en contra de la ley maliciosamente o por ignorancia inexcusable), incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de secreto. Rodríguez investiga la participación de la magistrada en una banda de policías bonaerenses que pedía coimas a comerciantes del Mercado Central y a cuyos miembros ya procesó por extorsión y asociación ilícita.
Morris Dloogatz quedó bajo la lupa cuando el fiscal Pablo Quiroga detectó que había cerrado sospechosamente por falta de pruebas varias causas por evasión impositiva. Al cabo de una pesquisa, el fiscal concluyó que una banda de policías allanaba comercios y retiraba documentación por orden de la magistrada y si los papeles no estaban en regla, pedía coimas a sus dueños a cambio de salvarlos de una investigación judicial. En octubre del año pasado la Cámara Federal de San Martín constató, además, que la jueza había incurrido en 131 faltas administrativas.
En su descargo ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Morris Dloogatz rechazó todos los cargos que se le imputan y aseguró que nunca hizo nada irregular. La denuncia en su contra la atribuyó a viejos rencores que le guardaría Quiroga por haberle impedido que se apropiara de la causa sobre el líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo. Sobre sus vínculos con la policía, aclaró que eran los habituales de cualquier juez.
La defensa de Morris Dloogatz no convenció a los miembros del Consejo de la Magistratura, que no dudaron en suspenderla en el ejercicio de sus funciones. El dictamen en contra de la magistrada elaborado por la Comisión Acusadora requería, al menos, la aprobación de los dos tercios de los consejeros presentes en el plenario del cuerpo. Si bien a la reunión en la que se decidió el destino inmediato de Morris Dloogatz sólo asistieron 14 de los 20 consejeros –entre los ausentes fueron mayoría los representantes del Congreso que privilegiaron otros asuntos– todos se pronunciaron en favor de la suspensión de la jueza.
Los consejeros no sólo consideraron acreditadas en el expediente a su cargo las 131 faltas administrativas que la Cámara Federal de San Martín imputó a la jueza, sino que también dieron crédito a los delitos por los cuales la reclama Rodríguez y hasta advirtieron que “hay que prever la posibilidad de que haya incurrido en asociación ilícita”.
El futuro de Morris Dloogatz está ahora en manos del Jurado de Enjuiciamiento, al cual el plenario del Consejo de la Magistratura elevó el expediente de la jueza. Ese jurado –integrado por tres jueces, tres legisladores y tres abogados y presidido por el ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor– tiene 180 días para resolver si destituye o no a la jueza, según establece la Constitución. Morris Dloogatz podría sortear ese proceso con su renuncia, pero en ese caso deberá rendir cuentas ante la Justicia, a la cual esquivó hasta el momento gracias a sus fueros.

 

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