A 51 días
de las elecciones, el Fondo Monetario salió a condicionar al próximo gobierno.
Existe consenso sobre la necesidad de implementar pronto un programa fuerte y
creíble, aseguró ayer el flamante director de Asuntos Externos del organismo,
Thomas Dawson. Al mismo tiempo, el funcionario reafirmó que el FMI está listo para
apoyar con una ayuda financiera si es que el próximo inquilino de la Casa Rosada
así lo reclama.
En línea con lo manifestado por el vocero del Fondo, una directora de la agencia
calificadora de riesgo estadounidense Standard & Poors (S&P) Lacey Gallagher
opinó que ese organismo junto al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
deberían prestarle a la Argentina no menos de 15.000 millones de dólares. Es lo
que espera el mercado como soporte financiero para el nuevo gobierno, apuntó la
especialista en América latina. Gallagher fue todavía más allá, y advirtió que si el
nuevo gobierno no lleva a la práctica reformas económicas, una baja en la
calificación (del país) será más probable. En resumen, el centro del reclamo
pasa por la necesidad de instrumentar una reforma impositiva, un rediseño de las leyes
laborales y una nueva ley de coparticipación fiscal con las provincias.
Tanto el FMI como Wall Street ya están pensando en el día después de las elecciones. En
Economía, también. Pablo Guidotti, el segundo del Palacio de Hacienda, dejó en claro
que este gobierno ya hizo todo los deberes frente a los organismos de crédito. Ante este
panorama, está previsto que una misión del Fondo visite Buenos Aires días durante
noviembre, no bien se sepa el ganador de la contienda electoral. Según el acuerdo
rubricado entre Roque y Michel Camdessus, este año el déficit fiscal no podrá superar
los 5100 millones de dólares, casi el doble de lo que se había pronosticado a fines del
año pasado. Además, se encuentra disponible una línea de crédito abierta por 2800
millones para ser utilizada ante una emergencia, inscripta en un pacto que vence a fin de
año.
Pero el escenario que encontrará el futuro gobierno será más complicado por varios
factores: recesión, mayores necesidades de financiamiento, mercados de capitales
internacionales cerrados y sin más privatizaciones a la vista. Es en este marco que los
candidatos se esmeraron por enviar señales tranquilizadoras a Wall Street. También, bajo
estas mismas perspectivas es que el Fondo sale con vehemencia a brindar respaldo
financiero a las próximas autoridades. El FMI está listo para apoyar un paquete,
ya sea a través de una extensión de los préstamos existentes o mediante el uso de una
nueva línea de crédito contingente, explicó Dawson. La credibilidad en la
Argentina se deterioraría si se dificulta la instrumentación de nuevas reformas. La
estabilidad y la prosperidad del país dependen de la habilidad de los peronistas y la
Alianza para trabajar juntos, añadió por su parte la analista de S&P.
Mientras transcurre la última parte de la campaña electoral, tanto Eduardo Duhalde como
Fernando de la Rúa ya saben una de las cosas que harán no bien finalicen los festejos,
en la madrugada del 25 de octubre. A uno o a otro, Michel Camdessus lo está esperando
para pasar en limpio, ya sin las estridencias de la campaña, los primeros pasos del nuevo
gobierno. Bajo la atenta mirada de los inversores de la city y de Wall Street.
POLEMICA POR EL TOPE DE TASAS
Los bancos contra todos
Los
banqueros y las administradoras de tarjetas de crédito se declararon ayer en estado
de alerta ante la ratificación legislativa de la ley que impone topes a los
aranceles y a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. En la city la calificaron
como el mayor perjuicio al sistema financiero de la era de la convertibilidad.
En contrapartida, los comerciantes festejaron la decisión del Congreso como un triunfo
propio. Años de lucha contra el poder de quienes abusaban y discriminaban la
posibilidad de competir de los pequeños comerciantes han quedado plasmados en esta
ley, señaló la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME).
En tanto, el presidente de Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, adoptando una
posición intermedia, lamentó que los bancos no hubiesen cumplido su promesa de reducir
los aranceles y los intereses, con lo cual se evitarían soluciones regulatorias
impuestas que en el pasado han demostrado producir más perjuicios que beneficios.
Las asociaciones de consumidores también apoyaron la ratificación parlamentaria pero
advirtieron que aún hay muchos puntos por discutir en el uso de los plásticos.
Las entidades financieras afirmaron que sin lugar a dudas los mayores perjudicados
serán los usuarios de tarjetas de crédito que deberán pagar mayores costos
administrativos y que el sistema expulsará a quienes no sean seguros y
rentables. Respecto de los comerciantes, según explicaron en uno de los bancos que
más plásticos maneja, el problema se le genera a los bancos pagadores que tendrán
que decidir si los comercios chicos que trabajan con tarjetas son rentables y conviene
mantenerlos al 5 por ciento de arancel. Esos comercios representan casi el 80 por
ciento del total de los usuarios pero sólo el 20 por ciento del volumen comercializado.
Los bancos subieron la apuesta amenazando con que tres millones de usuarios se quedarán
sin dinero plástico. Incluso algunos advirtieron que emitirán las tarjetas en otras
plazas, como Montevideo, para los clientes de mayor movimiento.
Por su parte en la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, entusiasmados por
el vuelco operado en el Congreso, se animaron a pedir
que el Estado continúe con el control de empresas privatizadas en materias de
tarifas y prestación de servicios, ya que nadie quiere volver al estatismo
del pasado, pero la mayoría de los argentinos aspira a que los intereses de los grandes
grupos económicos sean compatibles con los derechos de los consumidores y usuarios.
La ley establece que los intereses de financiamiento de los plásticos no pueden superar
en un 25 por ciento la tasa que la misma entidad aplica a las operaciones de préstamos
personales. Y define que los aranceles que deben pagar los comercios de un mismo rubro no
podrán diferir en más de tres puntos, ni en general superar el tope máximo
del 5 por ciento.
|