El País de Madrid
Por Juan Jesús Aznárez Enviado especial a Caracas Las disputas políticas en
Venezuela retrasan la reactivación económica, interrumpieron las inversiones y el
empresariado observa tentaciones intervencionistas en el proyecto de Constitución y en el
gobierno de Hugo Chávez. La patronal imputa a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
una excesiva impaciencia en la acumulación de poder y teme, además, que para cuando el
Ejecutivo presente un programa económico en detalle, el sector privado esté ya tan
debilitado que termine aplicándose en el país un desarrollo económico estatista. Entre
el 20 y el 25 por ciento de los 23 millones de venezolanos integran la clase media. Llevar
ese índice hasta el 65 por ciento, multiplicaría la calidad de vida y el consumo. Estas
son las reflexiones y deseos de Vicente Brito, 52 años, presidente de la agrupación
empresarial de Venezuela, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y
Producción (Fedecámaras), que agrupa a 350.000 empresas y emplea a dos millones de
personas en un país con 1.200.000 empleados públicos.
–¿Hay retracción inversora debido a los choques políticos?
–Naturalmente. Hay una paralización de inversiones. Hay muchas variables que
influyen pero la política es fundamental.
–Los empresarios no parece estar satisfechos con el proceso.
–No estamos satisfechos. Se ha generado una conflictividad muy inconveniente, quizá
promovida por los que están obteniendo el poder y no por los que lo están perdiendo. A
medida que usted tiene más poder debe tener más ponderación.
–¿Hay un avasallamiento gubernamental?
–No diría avasallamiento sino un manejo inconveniente de la situación. No ha habido
una armonía en cuando a la estrategia. Ha faltado reflexión y la paciencia ha sido
sustituida por la exaltación.
–La oposición habla de golpe, de dictadura.
–No creo que en este momento haya un golpe de Estado o que tengamos una dictadura
porque los factores de opinión de la vida democrática siguen existiendo. La
efervescencia, las palabras antagónicas dan a ver otra situación. Pero cuando uno
profundiza realmente en el contexto, podemos decir que todo se está llevando adelante
dentro de un proceso donde se respetan todavía las bases de la democracia. Pero aquí ha
faltado la reflexión por parte de quienes tienen la responsabilidad de ejercer el poder.
–¿Cuáles son los resultados?
–Estas expectativas catastróficas que no son reales en el fondo.
–¿Escucha el gobierno sus propuestas?
–No hay mecanismo de interlocución permanente. Esa es otra de las fallas. Pero
propuestas nuestras han tenido respuesta en decisiones oficiales, parcialmente
coincidentes con lo que hemos dicho.
–¿Les gusta el proyecto constitucional?
–Tenemos diferencias, sobre todo en cuanto a la propiedad. Aceptamos la expropiación
por la vía de la utilidad pública, no por la social porque permite la interpretación de
individuos que pueden considerarse benefactores sociales. También discrepamos con
aspectos atinentes al rol del Estado.
–¿Cuál debe ser ese papel?
–La nueva Constitución debe limitar al Estado en su rol de empresario, debe
permitirle a los ciudadanos y al sector productivo ser cada día más creativos, y
fuertes.
–Hay quien asegura que Venezuela volverá a los años ‘60.
–Realmente cualquier aspecto que permita el estatismo ha sido un modelo fracasado.
–¿Va el proceso de Chávez por ahí?
–La impresión que tenemos de las propuestas económicas del gobierno, de la
discusión de las leyes, es que tienen cierta tendencia estatista.
–¿Cómo se manifiesta?
–El control, las regulaciones, las limitaciones, son la forma estatista. Mientras el
Estado exija permisos, leyes, reglamentos, tienen una camisa de fuerza en el sector
productivo. Hay proyectos que se han perdido por esa razón. En la Ley de Minas han
algunos visos de excesivo control, y también en la Ley Eléctrica.
–¿No había en curso un proceso de privatizaciones?
–Por ahí tiene que ir. El gobierno anunció que va a privatizar la parte eléctrica
y el aluminio, pero tiene que empezar, no sólo enunciar.
–¿Y qué aportes va a hacer el empresariado?
–Mantener nuestras empresas abiertas a pesar de que un 75 o un 80 por ciento de las
empresas venezolanas están teniendo pérdidas por tener menores ingresos que costos. La
contracción económica es por una acumulación, debido a una secuencia de años.
–¿Qué pasará con la moneda nacional, el Bolívar?
–Tiene que ir a un proceso de ajuste conveniente. Se estima entre un 10 y un 20 por
ciento. Tiene que tener una banda del 10 por ciento pero tiene que tener un ajuste aún
mayor. Tiene que haber una sinceración respecto del dólar porque se mantiene una paridad
un poco artificial en función de los inmensos recursos del Estado en divisas por la
exportación petrolera.
–El gobierno atribuye todos los males a los partidos tradicionales.
–Hay responsabilidades en la conducción económica de los últimos años y
responsabilidades del nuevo gobierno, sobre todo en el tema político. Y la oposición no
ha tenido la voluntad de cambio, la visión de adaptación a los nuevos tiempos y ni
siquiera ha cambiado su mensaje.
–El empresariado venezolano ha sido acusado de ser insolidario y de no invertir en el
país.
–En todas partes del mundo hay tendencia de cualquier empresa de ahorrar en otras
inversiones distintas a su país. Eso (la acusación) ha sido parte de la visión negativa
de los funcionarios públicos, que consideran que el hecho de que usted tenga inversiones
en otro país es contrario a los intereses de la patria. Eso no es así. Y además, el
Estado venezolano es el más rico de todos. Su patrimonio asciende a cuatro trillones de
dólares, y el sector privado no llega a los 200.000 millones de dólares. Quien tiene la
responsabilidad de crear riqueza es el Estado venezolano y el empresariado ha hecho un
esfuerzo enorme en el sector productivo.
TERMINO CON UN ACUERDO LA HUELGA EN COLOMBIA
Colombia de vuelta a la anormalidad
Ayer, el
gobierno colombiano respiró: logró frenar el paro cívico que había comenzado el martes
y el Ejército anunció que uno de los principales jefes de las Fuerzas Revolucionarias de
Colombia (FARC), Germán Briceño alias “Grannobles”, está virtualmente
cercado. Pero el subjefe del Ejército, general Néstor Ramírez, declaró ayer el jueves
que las tropas no pueden rescatar una central hidroeléctrica ocupada hace dos días por
las FARC, ya que ello supondría grandes daños a los 100 operarios y siete periodistas
que se hallan en el lugar como “retenidos”. El presidente Andrés Pastrana
destituyó al general Alberto Bravo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército en la
región de Catatumbo (noreste), donde los paramilitares asesinaron hace dos semanas a unos
50 campesinos.
Las centrales obreras de Colombia terminaron la huelga luego de llegar a un acuerdo con el
gobierno. Durante una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo, el gobierno se
comprometió a cumplir con las exigencias salariales que los sindicalistas habían
entregado a Pastrana la semana pasada, a no imponer sanciones a los huelguistas y a
ordenar la liberación de detenidos no involucrados en actos delictivos centraron el
acuerdo. “Las centrales obreras no podíamos insistir en el paro si la gente no
participaba”, admitió el presidente de la Federación de Trabajadores del Estado,
Wilson Borja, uno de los principales organizadores de la protesta. Por su parte, el
presidente de la Confederación General de Trabajadores Democráticos, Julio Roberto
Gómez, señaló que el paro comenzó con éxito, pero luego las circunstancias
demostraron que los sindicatos “tienen debilidades desde el punto de vista de la
acción cívica”. Una encuesta divulgada hoy por la empresa Solutions Factory indica
que el 66 por ciento de los colombianos cree que el paro fracasó, frente a un 14 por
ciento que lo consideró un éxito.
En el terreno militar, el general Ramírez, luego de anunciar el cerco al jefe guerrillero
Grannobles, a quien se lo acusa del asesinato de tres activistas indígenas
norteamericanos en marzo pasado, enumeró los supuestos logros del Ejército: mil
guerrilleros de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en este año. En
los últimos 15 años, según Ramírez, los organismos de seguridad han impedido en los
últimos 15 años que las FARC cumplan con su “plan estratégico” de reclutar a
32.000 combatientes. Las FARC cuentan con “unos 8500 hombres”, señaló.
|
