Por Adriana Meyer
 “Están
privilegiando el interés comercial por sobre el interés de preservar la evidencia de una
tragedia que produjo 70 muertes”, dijo el juez federal Gustavo Literas ante este
diario, al referirse a lo que calificó como “una presión” para que autorice la
reapertura del Aeroparque. La Fuerza Aérea había dispuesto que personal de LAPA se
encargara de la remoción de los restos del avión. “En la tarea de remoción y
traslado no podrá intervenir personal de la firma LAPA ni de otra empresa designada a tal
efecto por los responsables de LAPA”, fue la respuesta por escrito del juzgado. Para
acelerar el procedimiento Literas terminó intimando a los jefes del Comando de Regiones
Aéreas y de la Junta de Investigaciones a que aporten los elementos necesarios en un
plazo de 12 horas, bajo apercibimiento de procesarlos por incumplimiento de los deberes de
funcionario público y obstrucción de la Justicia. El acta que refleja esto fue el
colofón de una larga y tensa reunión. Cuando un grupo de periodistas consultó a Literas
en los pasillos de Comodoro Py sobre la medida de la Junta de Representantes de
Compañías Aéreas de suspender los vuelos de cabotaje (ver aparte), el juez exclamó:
“Me resulta sorprendente porque tengo un poco de memoria y recuerdo que para
repavimentar Aeroparque las empresas aéreas estuvieron preparadas para soportar veinte o
treinta días de cierre. Espero que frente a un siniestro también estén preparados para
que a 72 horas se puedan retirar las evidencias”. Y agregó: “Mi obligación
jurisdiccional es proteger esas evidencias y exigir la colaboración necesaria. Estamos
hablando de un traslado a cien metros del lugar. Considero que tiene que haber medios
operativos para realizarlo”.Un funcionario judicial comprometido con el
esclarecimiento de la tragedia aseguró a Página/12 que “la Fuerza Aérea nos envió
un comunicado contradictorio porque dicen que el Aeroparque está en las mismas
condiciones previas al accidente, aunque sin el ILS (radar de aproximación)”. Y
reflexionó con lógica elemental que “si no tiene eso entonces no está en
condiciones idénticas”. Los investigadores que trabajan en tribunales le propusieron
a la Fuerza Aérea que estudie la posibilidad de utilizar los  aeropuertos de San
Fernando, Morón y Palomar.La pulseada con la Fuerza Aérea comenzó con la nota que
envió el juzgado al presidente de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación
Civil, brigadier retirado Horacio Viola, en la que le exigieron que comunicara todos los
detalles del operativo de traslado de la evidencia: u si culminaron las pericias
dispuestas sobre la pista, sus inmediaciones, el lugar del siniestro y la vía pública; u
cuál es la denominación del hangar donde depositarán los restos del avión, a qué
organismo oficial o empresa privada pertenece, si el mismo es cerrado y las medidas de
seguridad con las que cuenta;u qué división, departamento o unidad estará a cargo del
traslado, quién es su agente responsable, marcas y números de identificación de los
vehículos que serán utilizados.En el último párrafo Literas fue terminante: “No
habrá de adoptarse medida alguna en relación a la reanudación de las actividades en el
Aeroparque Metropolitano hasta tanto no sea elevado a este juzgado en informe
solicitado”. Con el correr de las horas, la presión comenzó a hacerse sentir, sobre
todo de las empresas de líneas aéreas (ver aparte). Y los funcionarios volvieron a
quejarse de que los aviadores tenían una posición contradictoria porque –según
ellos– “nos presionan para la reapertura pero no dan los elementos mínimos que
pedimos”. El magistrado del caso se reunió con el jefe de la brigada antiterrorista
de la Policía Federal, comisario Jorge Palacios. Estaban presentes los fiscales y el
secretario Pablo Bertuzzi. Tuvo que salir hacia su oficina para atender el teléfono
varias veces. Una de esas conversaciones la mantuvo con el ministro del Interior, Carlos
Corach, que también quería saber cuándo se reabría el Aeroparque porque
“necesitaban mover el avión presidencial Tango O1”. A las seis de la tarde
entró a la reunión un señor mayor, de baja estatura, vestido de gris con un maletín en
su mano. “Este es el que está trabando todo”, marcó con precisión un
funcionario del juzgado 12. Era el brigadier Viola. Cuando Literas le exigió la
colaboración –que ya le había pedido por escrito– para el retiro del material,
el militar sacó un anotador y empezó a escribir. Fue en ese momento que lo echaron del
despacho. “Viola no me dio ninguna explicación que me satisfaga, simplemente no me
ofrece los medios o los promete pero no concreta nada. Esta es la realidad”, dijo
Literas, mientras se relajaba unos minutos tomando un mate.Literas exigía un terreno
donde la Junta pueda evaluar correctamente los restos del siniestro, containers y tres
camiones. Su mayor preocupación es evitar que los mismos se contaminen. “Todavía
nos faltan pruebas sobre pequeños restos humanos que los perros siguen detectando y hay
que levantar la pared del malecón que derribó el avión, por lo tanto esto es de una
importancia vital para el futuro de la causa”, dijo.Viola llamó al comandante de
Regiones Aéreas, Enrique Dutra. Y después fueron llegando más funcionarios. Se sumaron
el secretario de Transporte, Armando Canosa, y un delegado de Rodolfo Barra, del Organo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Cuando ya había anochecido, Dutra
salió al pasillo y habló por teléfono celular con su superior: “Buenas noches,
señor ministro. Mire, acá quieren saber las chapas de los autos que vamos a usar mañana
(en la remoción) y algunos datos más. Con eso estarían conformes”, informó
seguramente a Jorge Domínguez. Nada dijo sobre la intimación que habían recibido por
parte del juez.
La única excepción
Ayer en los tribunales federales no hubo lugar para las especulaciones sobre las
hipótesis del accidente. Más de dos horas insumieron los trámites para autorizar el
aterrizaje de una avioneta proveniente de Mendoza, que traía a una niña que necesitaba
un trasplante. Fue la única excepción que concedió Literas. El juzgado siguió
atendiendo la entrega de los cuerpos a los familiares y comenzará a partir del lunes a
realizar entrevistas con los sobrevivientes, quienes serán sometidos a pericias
psicológicas para determinar si están en condiciones de declarar. Pero ellos decidirán
cuándo quieren hacerlo. Los fiscales Carlos Rívolo y Claudio Navas Rial tomaron
declaración a una azafata de LAPA que trabajó en esa empresa cuatro meses y aseguró que
todo el personal de a bordo dijo alguna vez “en estas condiciones de seguridad no
volamos más”. Sin embargo, la mujer no pudo aportar el nombre de ningún ex
compañero de trabajo que ratifique sus dichos. |
La triste suerte de Roberto Bonardi
No voló pero igual falleció
Roberto
Daniel Bonardi estaba en Buenos Aires desde hacía algunos días y tenía previsto volver
el martes a la ciudad de Córdoba, donde vivía con su esposa. Ella lo esperaba a la
noche, y suponía que él iba a tomar el vuelo 3142 de LAPA. Pero Roberto no integraba el
pasaje del Boeing 737 que ardió en llamas. Sin embargo, el destino le jugó en contra y
Roberto falleció en los alrededores del Aeroparque: fue uno de los tres transeúntes que
murieron como consecuencia de la catástrofe. Los restos de Bonardi fueron trasladados
ayer a la ciudad de Córdoba, donde fue enterrado en el cementerio de La Floresta.
“Pensábamos que venía en el vuelo del accidente”, contó, entre sollozos,
Cristina Bonardi, una de sus hermanas. Roberto tenía 41 años. Había viajado a la
Capital Federal unos días antes por cuestiones de trabajo. Casado hace un año, era
propietario de una fábrica de equipos de GNC. Según confiaron fuentes cercanas a la
investigación, hasta ahora se presume que fueron al menos tres los transeúntes que
perdieron la vida mientras estaban en las cercanías de Punta Carrasco, donde se extrelló
el Boeing luego de traspasar los límites del Aeroparque Jorge Newbery, frente a la
Costanera Norte. Otra de esas víctimas sería un contador de la firma tabacalera
Massalín Particulares, que conducía un automóvil Chrysler Neón, del cual sólo pudo
encontrarse la tapa del baúl y un paragolpe. Y la tercera, una abogada que habría estado
en el mismo vehículo.Ayer las identificaciones ascendieron a 49 cuerpos, de los cuales 46
fueron entregados a sus familiares y muchos de ellos trasladados a la provincia de
Córdoba. De los 64 cadáveres encontrados, quedan 15 por ser reconocidos. Además, hay
siete bolsas con restos humanos. La última ingresó a la Morgue el jueves, último día
en que se hallaron restos humanos en el escenario de la catástrofe. La Cruz Roja
confirmó que los fallecidos hasta ahora suman 71. El reconocimiento de muchos de los
cadáveres “fue posible por las placas dentarias”, detalló el prosecretario de
la administración de la Morgue Judicial, Norberto Pelino. El funcionario consideró que
los otros cuerpos podrían llegar a identificarse solamente con el resultado de los
análisis de ADN. Los análisis se podrán hacer gratuitamente en el Servicio de Huellas
Digitales Genéticas (SHDG), de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que ayer
ofreció ese servicio al Cuerpo Médico Forense. Para que no tuvieran que viajar a Buenos
Aires, a familiares de cinco pasajeros se les extrajo sangre en la ciudad de Córdoba, y
las muestras fueron enviadas anoche a la Capital Federal. Según señalaron los
investigadores, persisten las dudas en torno del número total de personas que viajaban en
el vuelo 3142, debido a que de un primer análisis de la documentación confiscada
aparecen “datos que no coinciden” con la lista oficial de pasajeros elaborada
por la compañía aérea. Entre los pasajeros fallecidos hay personas que no figuraban en
el listado.
El país se quedó sin vuelos de cabotaje por
decisión empresaria
En una medida inédita, las
líneas aéreas resolvieron interrumpir todos los vuelos internos desde las 6 de hoy. El
Gobierno amenazó con sanciones. |
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Por Carlos Rodríguez
En una medida de fuerza
empresarial inédita en la historia de la aviación comercial en el país, las líneas de
cabotaje resolvieron interrumpir sus servicios desde las 6 de hoy y por tiempo
indeterminado “como consecuencia de la decisión judicial que impide las
operaciones” de vuelo en el aeropuerto metropolitano Jorge Newbery. Al hacer el
anuncio, el presidente de la Junta de Representantes de Compañías de Aviación (Jurca),
Fernando Dozo, se apresuró a aclarar que la resolución “no intenta ser una presión
sobre el juez” y que obedece “al colapso del Aeropuerto de Ezeiza”, hacia
donde se ha derivado todo el tráfico aéreo, lo que ayer provocó un verdadero caos.
Mientras Dozo hacía esa afirmación oficial ante la prensa, en un pasillo de la sede de
Jurca otro directivo de la entidad, en diálogo telefónico con un tercero, admitió:
“Esto es una medida de presión, pero no tenemos ninguna alternativa”. En
respuesta, el Gobierno amenazó con sanciones. Primero serían multas y podrían llegar a
la cancelación de la licencia para operar. Dozo, que además de presidente de Jurca es
gerente de Política Aérea de Aerolíneas Argentinas, justificó la decisión afirmando
que los problemas de las compañías se deben “tanto al cierre del aeroparque como a
la retención de 47 aviones” en esa estación aérea. En el caso de Aerolíneas y
Austral, los aviones que permanecen en inactividad forzosa son ocho, una cifra
insignificante para esas empresas. En cambio, el problema es grave para Dinar, que tiene
cuatro aviones fuera de servicio, pero eso significa la mayor parte de su flota. En nombre
de Jurca, Dozo argumentó que las autoridades de la Fuerza Aérea “han comunicado hoy
al juez que el aeroparque está en condiciones de funcionar”, a pesar del daño que
sufrió el sistema de radar denominado ILS, que posibilita las operaciones aun en
condiciones climáticas adversas. Dozo había evitado cuestionar directamente las medidas
del juez Literas, pero sobre el final de la conferencia de prensa, cuando quedaban pocos
periodistas, resolvió sincerarse: “La resolución que tomó es como cerrar toda la
avenida Cantilo para investigar el choque en el que murieron una mujer y su hija”,
sostuvo aludiendo al accidente de tránsito ocurrido el lunes pasado. El titular de Jurca
reconoció que la suspensión de los vuelos afectará “a unas 20.000 o 30.000
personas” que tenían previsto viajar en los próximos días. Además de Aerolíneas
y Austral, quedan interrumpidos los vuelos de Dinar, Cata, Laer, LAPA y Southern Winds.
Dozo puso en la primera línea, como las más afectadas por la situación, a las empresas
pequeñas, pero extraoficialmente se sabe que fue determinante el perjuicio que sufren
Aerolíneas y Austral. “De los 88 vuelos diarios que esas empresas venían realizando
habitualmente, desde el aeroparque metropolitano, la Fuerza Aérea habilitó sólo 32, en
el Aeropuerto Nacional de Ezeiza”, explicaron a Página/12 otras fuentes de las dos
compañías. Dozo afirmó que “el colapso de Ezeiza” determina que “muchos
de los vuelos de cabotaje programados salgan vacíos porque la gente no se entera a tiempo
de los horarios o que llegue gente para subir a un vuelo cancelado, lo que redunda en
quejas contra las empresas”. En efecto, ayer Ezeiza volvió a ser un caos. Dozo
reconoció que se está ante una situación de “extrema gravedad” y que es
“la primera vez en la historia” que se adopta una medida de fuerza empresaria.
Para el presidente de Jurca, es necesario que el juez disponga “de manera inmediata
el restablecimiento de la actividad en aeroparque” por las “pérdidas
cuantiosas” que están sufriendo las empresas y que no precisó en cifras; por el
perjuicio que soporta “la industria turística” y hasta por “el impacto
negativo para la imagen internacional del país que significa el cierre de un aeropuerto
tan importante”. La Asociación del Personal Aeronáutico pidió al juez Literas
“la inmediata apertura” del aeroparque metropolitano “en la medida que esto
no se interponga en el marco de la investigación” por el accidente del avión de
LAPA. Los trabajadores del sector aseguraron que “políticos yempresarios que
obedecen, vaya a saber a qué intereses, hoy hacen lobby para el cierre definitivo del
aeroparque”, aunque advirtieron que “Ezeiza no es más seguro”. El diputado
nacional Gustavo Gutiérrez, del Partido Demócrata de Mendoza, requirió a Literas que
“libere los aviones” retenidos en la estación aérea. Ayer, en los mostradores
de Ezeiza, sobre todo en el sector de Aerolíneas, se formaron colas de más de
trescientos metros de largo, que salían del hall para continuar en los pasillos externos.
Para cumplir con los requerimientos de los pasajeros, Aerolíneas y Austral apelaron a la
utilización de aviones Jumbo que habitualmente se utilizan sólo para los vuelos
internacionales. Ayer al mediodía salieron dos Boeing 747, uno con destino a Mendoza y
otro hacia Córdoba.
MENEM SALIO A RECLAMAR EL CIERRE DE AEROPARQUE
“El lugar es de alta peligrosidad”
Esta vez evitó los
emisarios. En medio del impacto por la tragedia, el Presidente salió él mismo a reclamar
que el Aeroparque Jorge Newbery “no opere más o que se opere racionalmente hasta su
traslado definitivo hacia un aeropuerto más seguro que, por ahora, es el de Ezeiza”.
De paso, dejó así la puerta abierta para un nuevo debate en torno de su proyecto de la
aeroísla. También recordó que “siempre con una máquina de impedir funcionando en
contra”, bregó “en la medida de mis posibilidades” por el traslado hacia
la aeroísla o definitivamente hacia Ezeiza. Pese a que el jefe supremo dejó pocas dudas
respecto de sus intenciones, el ministro del Interior, Carlos Corach, en sus diálogos
matinales con la prensa, consideró que “no es oportuno” debatir en este momento
el tema del traslado de la estación aérea porteña.Menem dijo que la tragedia del martes
pasado “me ha conmovido mucho, fue un golpe muy duro, muy fuerte, habida cuenta de lo
que me tocó vivir con mi hijo”, en alusión a Carlos Jr., que murió al caer el
helicóptero que piloteaba, cuatro años atrás.Ayer, cuando se cumplían tres días de la
tragedia aérea, el presidente Menem cuestionó el lugar en que está emplazado el
Aeroparque por considerarlo “de alta peligrosidad” y volvió a la carga con su
postura a favor del traslado de la estación aérea metropolitana. El Aeroparque permanece
cerrado desde la noche del martes último, según lo dispuesto por el juez Gustavo
Literas, que investiga el accidente de LAPA.“Yo no digo que el Aeroparque no es
operable, lo que digo es que está emplazado en un lugar de alta peligrosidad y por eso he
sostenido el traslado a la aeroísla o a aeropuertos cerca de la ciudad como Don Torcuato,
San Fernando o Morón”, insistió.Por su parte, el secretario general de la
Presidencia, Alberto Kohan, ratificó ayer que la decisión de trasladar el Aeroparque a
Ezeiza se tomará “lo antes posible”, aunque aclaró que la medida primero debe
discutirse entre el organismo regulador (Orsna), la comisión bicameral y la empresa
contratista Aeropuertos 2000. Que ya adelantó que la decisión no puede empezar a
implementarse antes del 2002.
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