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Por F. A.  Después de
dos días de duros enfrentamientos entre empleados públicos y policías en el casco
céntrico de la capital tucumana, el gobernador de la provincia, Antonio Domingo Bussi,
llegó ayer a la Casa Rosada para entrevistarse con el ministro del Interior, Carlos
Corach. Sin embargo, el ex dictador fue recibido por el segundo de la cartera, Jorge
Matzkin, con quien Bussi repasó los últimos detalles del préstamo por 60 millones de
dólares que ya estaría aprobado por el Banco de la Nación Argentina y las medidas de
ajuste que su gobierno deberá implementar en lo inmediato para poder recibir nuevos
créditos en el futuro. El dinero será destinado a saldar los tres meses de sueldo que se
le adeudan a los empleados municipales y estatales de la provincia. 250 gendarmes fueron
despachados a Tucumán para custodiar la Legislatura provincial, donde se tratará un
paquete de medidas de ajuste que es resistido por los gremios estatales “y ponerse a
las órdenes de las autoridades tucumanas”, según afirmaron en la fuerza de
seguridad. Después de su entrevista con Bussi, el viceministro del Interior sostuvo que
el problema en Tucumán debe ser analizado “desde la óptica de un millón
trescientos mil tucumanos que están cansados de pagar las cuentas o las fiestas de un
gobierno que no ha logrado equilibrar sus cuentas”. Matzkin también descartó la
posibilidad de que el gobernador electo, el justicialista Julio Miranda, se haga cargo de
la provincia antes de la fecha del traspaso del poder prevista para el 29 de octubre. Y
aseguró que “tampoco ha pasado por la mente de ningún funcionario nacional la
posibilidad de una intervención federal”, a raíz de los últimos enfrentamientos
entre manifestantes y policías. Según Matzkin: “Hay una base de legitimidad en el
reclamo de la gente”. Se refiere a los empleados municipales que desde hace tres
meses no cobran sus sueldos y periódicamente son reprimidos por la policía. Bussi
regresó a Tucumán con dos deberes para los legisladores provinciales: la aprobación del
endeudamiento por 60 millones a través de un crédito que ya estaría acordado con el
Banco de la Nación, y la sanción de un paquete de medidas de ajuste, sin el cual la
provincia no podrá recibir nuevos préstamos. “Que Bussi se haga cargo del costo
político del ajuste”, señalaron ayer en el entorno de Miranda.A tono con sus
colaboradores, el gobernador electo desmintió ayer los rumores que inquietaron a los
estatales tucumanos. Estos rumores daban cuenta de un plan de reducción de gastos que
Miranda pondría en marcha apenas asuma sus funciones, el que comenzaría con miles de
despidos en la planta de personal de la provincia. “No tenemos previstos despidos en
la administración pública”, aseguró el justicialista. Sin embargo, la economía
tucumana no podrá resistir si no achica sus gastos, lo que implica reducir
considerablemente los 32 millones de pesos mensuales que consume sólo en sueldos la
planta de personal estatal.Ayer una nueva marcha de empleados municipales atravesó las
calles céntricas de la capital tucumana, esta vez sin incidentes. Los trabajadores, que
en esta oportunidad fueron acompañados por una nutrida columna de estudiantes
universitarios y dirigentes de la Alianza, llegaron hasta las puertas de la Casa de
Gobierno en cuyas paredes pintaron leyendas en contra del gobierno de Bussi, y también
algunas en las que se condenaba a su sucesor Miranda, que ya suma rechazos antes de
asumir.
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