Por Eduardo Tagliaferro
 El Consejo
de la Magistratura recibió anteayer el pedido de juicio político contra el juez federal
de San Isidro, Roberto Marquevich, por mal desempeño de sus funciones, manifiesto
desconocimiento del derecho y prevaricato, delito que cometen los jueces cuando emiten
fallos contrarios a la ley. La acusación fue hecha por los abogados de la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre (LADH), que defienden a dos ciudadanos peruanos a los que
Marquevich mantiene detenidos y decidió extraditar al Perú, haciendo lugar al reclamo de
Alberto Fujimori, que los acusa de pertenecer a Sendero Luminoso y haber participado en la
voladura de una torre de energía. Para los defensores de Julio César Mera Collazo y
María del Rosario Silva Díaz, el magistrado “ha desconocido, tergiversado y
analizado caprichosa y parcialmente la legislación internacional de protección de los
derechos humanos y los informes de organismos internacionales”, como la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Comité contra la tortura de
la ONU y la Convención de los Derechos del niño.El 14 de agosto de 1998, Mera Collazo y
Silva Díaz fueron detenidos en un gimnasio del Tigre; ese día Alberto Fujimori se
entrevistaba con el presidente Carlos Menem en la Casa Rosada. Mera Collazo llegó a la
Argentina en 1990, dejando atrás la crisis política y económica que vive su país y
buscando nuevos rumbos. Dos años más tarde lo haría su mujer. Nahuel de 3 años y
Victoria de 5 meses, los dos hijos argentinos del matrimonio peruano, están actualmente
alojados junto a su madre en la cárcel de Ezeiza y, si la Corte Suprema rechaza la
apelación presentada por sus defensores, deberán partir junto a sus padres hacia las
cárceles de Fujimori. En Perú los detenidos políticos pasan su primer año de
detención en condiciones de aislamiento y confinamiento, una práctica que la
Internacional del Terror ya había implementado en la Argentina, concretamente durante el
año 1976 en las cárceles que estaban bajo la influencia del genocida cordobés Luciano
Benjamín Menéndez. En su informe del año ‘98, la CIDH dijo que “la práctica
de la tortura . en Perú– se adoptó como parte de una política de Estado”. Dos
años antes, la CIDH había señalado su preocupación por “la amnistía para los
agentes militares; la existencia del decreto 25.475, que establece una definición muy
amplia de “terrorismo” y los jueces sin rostro; arrestos arbitrarios,
desapariciones; ejecuciones sumarias; el confinamiento solitario de detenidos, entre otras
graves violaciones a los derechos humanos”. Marquevich no desconoce estos informes de
la OEA y hasta los cita parcialmente en su fallo de febrero de este año, en el que hace
lugar al pedido de extradición reclamado por Fujimori, pero el magistrado toma estas
denuncias para llegar a la conclusión opuesta a la que arriba la Comisión
Interamericana. Para el juez federal “el solo hecho de existir denuncias sobre la
práctica de tortura sin estar acompañado de otros elementos, no basta para acreditar el
indicio de su existencia”. Si no lo veo, no lo creo, parece ser la máxima implícita
en el fallo del juez. Para los abogados Carlos Zamorano, Héctor Trajtemberg y Rodolfo
Yanzon, autores del pedido de juicio político contra Marquevich, “el magistrado
invirtió la carga de la prueba; son los requeridos los que deben probar -.según él- que
serán inevitablemente sometidos a tortura, como si no bastara el mero peligro de que
ellas se produzcan”. La Convención sobre Extradición realizada en 1933 en
Montevideo y el Tratado de Derecho Penal Internacional de 1940 sostiene que la
extradición “no se concederá por motivos políticos”. Marquevich niega el
carácter político que tiene elpedido de extradición contra Mera Collazo y Silva Díaz,
y sostiene que los dos ciudadanos peruanos son terroristas, que no tienen el derecho de
ser considerados presos políticos de Fujimori. El juez federal de San Isidro fue más
allá: equiparó a Mera Collazo y Silva Díaz con el médico nazi Gerhard Bohne,
“acusado de ser jefe de una organización encargada de eliminar enfermos mentales en
forma masiva y metódica mediante el uso de las cámaras de gas”, a quien se le negó
la condición de perseguido político y finalmente se lo extraditó. En sus fundamentos,
Marquevich resaltó el párrafo del informe de la CIDH que reconoce avances de los
derechos humanos en el Perú, por haber instrumentado la figura del defensor del Pueblo y
dejar de lado la existencia de “jueces sin rostro”. Jueces que, según los
abogados defensores de Mera Collazo y Silva Díaz, son los que instruyeron la causa por la
que se reclama su extradición. |
