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 Vuelve el
caso Letelier. El juez chileno Juan Guzmán Tapia aprobó el pedido de extradición del ex
capitán Armando Fernández Larios, implicado en el asesinato en 1976 del ex canciller
chileno Orlando Letelier y ahora también en la llamada “Caravana de la Muerte”,
ocurrida en el norte chileno tres años antes. Por su parte, el Departamento de Justicia
norteamericano pidió ayer a la Cancillería chilena que le remitiera documentos
adicionales sobre el caso Letelier. Al lado de esta batalla judicial, el gobierno de Chile
sigue librando su propia guerra diplomática: ayer, el canciller Juan Gabriel Valdés
anunció que se levantaron las reservas que el régimen de Pinochet había puesto en 1988
a ciertas partes de la Convención Internacional contra la Tortura. Con esta medida, dice
el gobierno chileno, su par español debe someterse a un arbitraje internacional sobre la
capacidad de juzgar al ex dictador, detenido en Londres y a la espera de un proceso de
extradición a España.El movimiento judicial en Chile por los crímenes de la dictadura
parece ser más fuerte que nunca. Anteayer, dos ex agentes de la Central Nacional de
Investigaciones (policía secreta del régimen, sucesora de la DINA) habían sido
arrestados por su supuesta participación en el asesinato, en febrero de 1982, del líder
sindical Tucapel Jiménez. En cuanto al ex capitán Fernández Larios, la solicitud
aprobada por el juez Guzmán debe ser ratificada por la Corte Suprema y enviada luego a
Estados Unidos por la Cancillería chilena. Fernández Larios reside actualmente en Miami
y está bajo un programa de protección de testigos por sus declaraciones en el caso
Letelier. El juez Guzmán considera que Fernández Larios está implicado en la
“Caravana de la Muerte”, donde desaparecieron 19 personas, según el magistrado.
“Si se presentan nuevos antecedentes que no entren dentro del caso Letelier, Estados
Unidos podría levantar la protección y mandarlo a Chile”, declaró el abogado Hugo
Gutiérrez. El ex capitán, que admitió su responsabilidad en la muerte de Letelier,
atribuyó su participación en la “Caravana de la Muerte” –cuyo líder, el
ex general Sergio Arellano Stark, está detenido por orden del juez Guzmán– a
“órdenes superiores”. “Ningún teniente puede tener tantas atribuciones
para imponerse a las decisiones de sus superiores”, declaró Fernández Larios en una
breve entrevista que publicó ayer el diario chileno El Mercurio. Las movidas en los
tribunales no sólo se producen en Chile, sino también en Estados Unidos y en España.
Ante el pedido del Departamento de Justicia norteamericano, el fiscal de la Corte Suprema
chilena, Enrique Paillás, recomendó ayer cumplir con las diligencias que permitan
entregar información a Estados Unidos sobre el caso Letelier. “El gobierno de Chile
considera que el crimen de Orlando Letelier y de Ronnie Moffit fue cometido en territorio
de Estados Unidos y es un crimen que compete a los tribunales de ese país”, declaró
sugestivamente Valdés, cuyo gobierno ataca al de España ya que considera que los
crímenes de la dictadura chilena sólo pueden ser juzgados en Chile. Pero en Madrid los
trámites judiciales continúan. Los abogados de la acusación popular contra Augusto
Pinochet en España se opusieron hoy a la personación de los letrados del ex dictador
chileno en la causa abierta contra él por el juez Baltasar Garzón en tanto no sea
entregado a la Justicia española. Mientras tanto, el gobierno chileno sigue insistiendo
con la salida política del arbitraje internacional. El Consejo de Estado español había
desestimado la alternativa arbitral, contemplada desde 1984 en la Convención
Internacional contra la Tortura, porque Chile no ratificó en forma plena ese instrumento
jurídico y lo aprobó con algunas “reservas”, sobre todo en lo que hace a su
artículo 30. El artículo 30 plantea la posibilidad de que dos países puedan optar por
una fórmula de arbitraje en caso de discrepancias sobre la aplicación del tratado.
“Pues bien, hoy hemos levantado las reservas”, anunció el canciller Valdés.
“En el caso de que no veamos respuesta satisfactoria a nuestros planteamientos, vamos
aadoptar otras decisiones en el futuro próximo”, dijo el canciller chileno. Esa
decisión es ir al Tribunal de Justicia Internacional de La Haya.El otro frente para
lograr el regreso de Pinochet a Chile es el de los “motivos humanitarios”, algo
que el gobierno chileno también alega. Los operativos de presión para convencer a la
opinión pública internacional de que el estado de salud del ex dictador es cada vez peor
se multiplican. Anteayer, en Santiago, se lanzó el rumor de que Pinochet había muerto.
Scotland Yard había informado que en realidad fue sometido a algunos análisis.
“Estoy muy preocupado, porque no creo que sean exámenes de rutina”, señaló el
general (R) Rafael Villarroel, último subcomandante en Jefe del Ejército de la
dictadura. “Es bueno que se entienda que mi general está mal”, explicó ayer
Villarroel.
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