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Por Horacio Verbitsky
La herencia de Jesús Por H.V. En la nota “Blanco y Negro”, publicada aquí el 15 de agosto se afirmó que “en 1976 la dictadura militar suprimió el impuesto a la herencia, en la misma semana en que murió el padre del superministro Martínez de Hoz. Los políticos de los partidos democráticos repudiaron esa decisión inmoral, pero casi un cuarto de siglo después no han hecho nada por enmendarla”. El secretario general de la UCR y diputado nacional Jesús Rodríguez hizo llegar al autor el proyecto de ley reimplantando aquel impuesto que presentaron el 9 de mayo de 1985 el ex presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Economía Juan Sourrouille. El 28 de setiembre del mismo año la Cámara de Diputados, por entonces con mayoría radical, le dio media sanción y lo remitió al Senado, con mayoría justicialista, donde nunca fue tratado. Al perder estado parlamentario por la falta de tratamiento, Rodríguez volvió a presentarlo en la Cámara de Diputados, el 5 de noviembre de 1987, pero nunca tuvo ni siquiera dictamen de comisiones. Al fundamentar aquel proyecto, Rodríguez planteó el restablecimiento del “principio constitucional por el cual las personas deben efectuar suscontribuciones en la medida de su real capacidad” y “mejorar la equidad y progresividad del régimen vigente”. El legislador radical recordó que el impuesto a la transmisión gratuita de bienes había sido derogado el 2 de abril de 1976 para que “los contribuyentes con muchos recursos paguen menos impuestos”. Su reimplantación debía alcanzar “sólo a los enriquecimientos que superen un monto mínimo” pero perdonar a los “patrimonios pequeños que han soportado la regresividad del sistema vigente”. De ese modo se hubiera recreado un impuesto que “no destruye el capital, no disuelve a la familia y que es socialmente justo “. Es decir que el artículo era correcto al afirmar que el sistema democrático no ha enmendado aquella decisión de la dictadura militar, pero erraba al generalizar la responsabilidad. Esta aclaración no se formula a pedido del diputado Rodríguez, quien se limitó a poner al alcance del autor los elementos mencionados, sino en homenaje a la precisión que merecen los lectores.
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La ley de compre argentino que
Eduardo Duhalde compró al publicitario brasileño Duda Mendonça demuestra que pese a las
dificultades impuestas por la recesión el Mercosur no ha muerto. Al menos uno de los
candidatos presidenciales está dispuesto a mejorar las relaciones con el poderoso vecino,
donde arrecian las quejas por el desequilibrio en la balanza del intercambio de bienes y
servicios. Como todos los estadistas audaces e innovadores, Duhalde debe luchar a cada
paso con la pegajosa conjura de los necios. Esta incluye ao presidenchi Carlos Menem,
quien dejó trascender que si la propuesta saliera indemne de las ciénagas del Congreso
anunciaría su veto. Los parlamentarios del partido de Duhalde se ilusionan con recuperar
la iniciativa y decir basta de tristeza o, para que todos entiendan, chega de saudade.
Pero no han sido capaces de conseguir los dos tercios del Senado imprescindibles para
tratar el proyecto sobre tablas o repeler un eventual veto, y dejaron a los legisladores
de la Alianza afeitados en sus bancas y sin visita. Constreñido a los procedimientos y
plazos normales del Congreso, el proyecto no podrá convertirse en ley antes de las
elecciones presidenciales que tendrán lugar dentro de siete semanas. Por lo cual su
utilidad se limita a lo que queda de la campaña proselitista.LivrosBuena parte de las
ideas do consultor brasileiro pertenecen en realidad al librito de outro candidato
presidencial, Domingo Cavallo y contradicen el programa de gobierno suscripto por Duhalde
con el título “Diez compromisos y cien medidas”. La idea de la bancarización
del pago de sueldos y salarios por cualquier monto y de todas las transacciones de más de
mil cruceiros proviene del documento de Cavallo “Un hombre, un empleo”. Ese
muestrario de vudú económico debería permitir teóricamente un control más estricto de
la evasión impositiva. Con la incapacidad informática actual para cruzar la totalidad de
las transacciones de la economía no quedarían de esa propuesta más que vistosos vidrios
de colores. La Dirección General Impositiva, por ejemplo, aún no ha podido cruzar ni
siquiera la información propia que ya posee y en este momento está convocando a una
licitación para ello. Si la idea tuviera alguna seriedad debería contemplar la
supresión de los cargos que los bancos cobran por sus servicios y, por el contrario,
establecer el pago de intereses por la fabulosa masa de dinero que pasaría por sus
tesoros. Nada de eso figura nos livros do Duhalde nem do Cavallo.Una nota final en el
trabajo de Cavallo informa que la idea de la bancarización fue acuñada en 1998 por el
ingeniero Guillermo Laura, el ideólogo de las autopistas por las que la Ciudad de Buenos
Aires heredó un clavo de mil millones de dólares. Aparte de ideas Laura estaría
acercando también recursos a la campaña del ex ministro. Quien fuera su jefe en la
intendencia local durante la dictadura, Osvaldo Cacciatore, es una de las más flamantes
incorporaciones a la marcha de la victoria duhaldista. La atribución de tal designio a
Laura es una curiosa laguna en la memoria de Cavallo. En realidad su verdadero autor fue
el procesado Aldo Dadone, no en 1998 sino en 1988. Cuando Dadone presentó la idea en un
seminario internacional, fue demolido por el reconocido tributarista norteamericano
Charles McLure. Pese a esas objeciones teóricas, durante su gestión como presidente del
Banco Nación, Dadone no se privó de llevar a la práctica algunas de las posibilidades
que ofrece la informatización de las transacciones bancarias, con el inolvidable
“Programa Centenario”, a cargo de IBM. Ni en sus contactos previos ni en la
reunión sostenida na quartafeira para tratar acuerdos electorales Duhalde le preguntó a
Cavallo por qué durante los seis años en que condujo la economía no puso en práctica
este método milagroso de suprimir la evasión en un dea.InsensatezLa flagrante
contradicción entre la propuesta de campaña y la plataforma aprobada pocos antes ha
producido un cortocircuito entre el candidato justicialista y quien ya fue anunciado como
su ministro de Economía en caso de acceder a la presidencia, Jorge Remes Lenicov. El mes
pasado Remes presentó ante los banqueros e inversores de Wall Street un programa
ortodoxo, con pocas variantes respecto del que aplica Roque Fernández con Menem y del que
planea José Luis Machinea para Fernando De la Rúa. Las palabras de Remes en Estados
Unidos no fueron improvisadas. Coinciden con lo que hizo durante once años como ministro
de Economía de la provincia de Buenos Aires, bajo las sucesivas gobernaciones de Antonio
Cafiero y del propio Duhalde y con sus convicciones como técnico. De buenos modales y muy
poco afecto a la exposición pública, Remes no hizo ningún comentario que reflejara su
desazón, pero en privado dejó saber que el plan le parecía una insensatez. u La
plataforma justicialista pone énfasis en el cumplimiento de la ley de convertibilidad o
solvencia fiscal, redactada por el propio Remes, que postula alcanzar el equilibrio de las
cuentas públicas en el 2003. u A proposiçao de campanha, en cambio, contempla un
festival de desgravaciones inmediatas, sin substitución alguna, que duplicarían en el
corto plazo el actual déficit. u La plataforma partidaria es explícita acerca del
necesario aumento en el impuesto a las ganancias de las personas, que hoy tributan la
misma tasa del 35 por ciento que las empresas, lo cual no estimula la inversión
productiva.u A proposiçao de campanha sólo plantea la generalización del IVA y la
eliminación de toda excención a ganancias.u La plataforma considera la reducción del
IVA como un primer paso para “dar mayor progresividad y equidad al sistema
impositivo”.u A proposiçao de campanha no avanza sobre las ganancias de capital e
incluso retrocede del tímido paso dado el año pasado, que gravó los intereses de los
préstamos financieros, como modo de evitar la evasión simulando autopréstamos.u La
plataforma justicialista anuncia un “implacable” combate contra la evasión y la
morosidad. Para ello convoca a una gran movilización nacional.u A proposiçao de campanha
no contempla para ello otra medida que la bancarización. Por el contrario, tiende a
incrementar la evasión y la morosidad, ya que muchos aguardarán hasta saber si se
concretan las rebajas anunciadas antes de ingresar sus impuestos. Aunque se lograran
avances significativos en el control de la evasión, hay un desfasaje cronológico del que
ni Duhalde, ni Duda ni Cavallo se hacen cargo. Como lo demuestra la década menemista,
enormes esfuerzos son necesarios para obtener modestos resultados en ese terreno.La ley
que incrementó las alícuotas del impuesto al valor agregado también facultó al Poder
Ejecutivo a rebajarlo en la proporción que dice desear Duhalde, sin necesidad de una
nueva consulta con el Congreso. La sanción de una ley, y el consiguiente lento trámite
parlamentario serían imprescindibles, en cambio, para aumentar las alícuotas del
impuesto a las ganancias como se promete en la plataforma justicialista. Pero nada se
mueve en esa dirección.Samba de uma nota só Este samba de uma nota só, con
desgravaciones no compensadas y apelaciones mágicas a un combate contra la evasión que
nadie planifica ni organiza tendrá tanta vida como lo que falta para los comicios
presidenciales. Con prescindencia de quién se imponga en las urnas, el Instituto de
Formación de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) está elaborando un borrador
de trabajo en el que participan los investigadores de FIDE Mercedes Marcó del Pont y
Héctor Valle; Alberto Barbeito y Rubén Lo Vuolo, del Centro de Estudios en Políticas
Públicas; Alfredo García, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; el asesor
del obispo Miguel Hesayne, Jacobo Goransky y los integrantes del instituto de la CTA,
Julio Gambina, Hugo Nochtef, Claudio Lozano y Eduardo Basualdo. La estrategia de salida de
la crisis que delinea es la del combate a la pobreza sostenido en una política de empleo.
Es decir, priorizando el trabajo y no las ganancias del capital.El borrador caracteriza la
economía mundial como un sistema en el que conviven la tecnología del siglo XXI con las
ideologías desregulatorias del siglo XVIII. Los anacrónicos criterios que consisten en u
maximizar la ganancia mininizando la inversión en fuerza de trabajo;u reinvertir esa
ganancia en medios materiales de producción que a su vez ahorran más mano de obra, eu
incrementar la productividad no aumentando la producción sino reduciendo el trabajo,
producen una inflación de activos financieros. Como la especulación crece a una tasa
mayor que la de la economía real, se producen frecuentes rupturas en algún punto de la
cadena de pago de la deuda pública de los estados, cuya recaudación depende de la
economía real, como se ha verificado en Asia, Rusia y Brasil. El desempleo y la
precarización laboral se expanden a escala planetaria. “La nueva base tecnológica
maximiza la capacidad productiva al tiempo que requiere de fuerza de trabajo
crecientemente calificada. Pero los criterios que gobiernan la gestión de esta base
tecnológica deprimen la demanda y ponen en crisis la reproducción de la fuerza de
trabajo”, es decir las condiciones de la existencia de los trabajadores. Afrontar
esta contradicción requiere de una nueva regulación económica, “que vincule a
todos los ciudadanos al proceso económico e incremente el número de consumidores de la
revolución tecnológica”.Navio negreiroPara ello sería preciso reemplazar el
criterio de rentabilidad del capital (que sólo busca disminuir salarios, cargas sociales
e impuestos), por lo que el borrador llama “eficiencia del valor agregado
producido”. Ese valor agregado, cuyo incremento se procura, comprende la ganancia
capitalista pero también los salarios y cargas sociales, los gastos de formación de la
fuerza laboral y los impuestos que el Estado aplica a su salud y educación. El borrador
constata que en la Argentina, en años como éste en los que la actividad económica
decae, el desempleo trepa en forma marcada (en 1999, como en 1995 podría llegar al 18 por
ciento) y en la misma proporción se expande la pobreza. Este escalón no vuelve a subirse
nunca más ya que en los años de crecimiento macroeconómico el desempleo no baja del 12
por ciento, se expande la precariedad con nuevas ocupaciones de baja calificación y nivel
de ingreso y aumentan tanto el subempleo como el sobreempleo. Más lentamente, pero la
pobreza sigue creciendo. Con un 12 por ciento de desocupación, la pobreza en el Gran
Buenos Aires comprendía en 1994 al 19 por ciento de la población, pero alcanzó al 26
por ciento a fines de 1998.Al mismo tiempo se consolidó una cúpula económica que en las
últimas dos décadas independizó su ciclo de negocios de la evolución de la economía
local y sigue incrementando su facturación y rentabilidad aun en losmomentos recesivos.
Num navio negreiro como éste es imposible un compromiso social que permita profundizar la
democracia. “El acceso al empleo como forma de acceder a la ciudadanía social ha
colapsado”. No sólo por la dificultad de conseguir o conservar el empleo sino
porque, dada la precarización, el tenerlo no supone el acceso simultáneo a las
principales coberturas sociales.Agua de beberLuego de esta cruda descripción, el borrador
propone lo que llama “un shock redistributivo” que ponga en el centro la
cuestión ocupacional. Los objetivos declarados son que ningún hogar quede por debajo de
la línea de indigencia y que todo ciudadano, por sólo serlo, tenga garantizado el mejor
nivel sanitario y educativo posible y un haber mínimo que lo proteja en la vejez, la
invalidez o la muerte. Las propuestas que harían posible estos objetivos en un circuito
económico de emergencia son:u Un seguro de desempleo y formación por encima de la línea
de indigencia (280 pesos mensuales para una familia tipo según el INDEC) para todos los
jefes de hogar hoy desocupados.u Un consejo nacional por el empleo con representación
multipartidaria y multisectorial, que reasigne los recursos existentes de acuerdo con las
necesidades. Previamente cada municipio relevaría los recursos humanos ociosos o en
situación crítica (jefes de familia desocupados, pequeños o medianos empresarios
paralizados) y las necesidades básicas insatisfechas en cada zona, de alimentación,
vestimenta, vivienda, infraestructura urbana, servicios sanitarios, educacionales, etc.u
Reducción del tiempo de trabajo en todas sus manifestaciones, de modo de limitar el
crecimiento de la Población Económicamente Activa que se disputa un recurso escaso. Para
ello: reducir la jornada laboral, de las actuales 10 horas promedio a las 8 horas legales;
postergar el ingreso de los jóvenes al mercado laboral mediante un incremento de los
recursos para educación que mejore su capacitación; fijar un haber previsional mínimo y
adelantar la edad jubilatoria.u Un subsidio de 60 pesos mensuales por hijo o hija desde el
nacimiento hasta los 21 años, en lugar del sistema actual de asignaciones familiares. Se
entregaría a través del sistema sanitario público en los primeros años, y en la
escuela después.El borrador también cuantifica el costo y el beneficio de las medidas
propuestas. El seguro de desempleo para los 700.000 jefes de familia desocupados
equivaldría a unos dos mil millones de dólares anuales. El subsidio por hijo y la
recapitalización del sistema público previsional, a 5.700 millones. Si la reducción de
la jornada laboral a 8 horas reales se aplicara en los cien grupos que conforman la
cúpula del poder económico local generaría 30.000 nuevos puestos de trabajo, que
serían 132.000 si se extendiera a las 500 firmas de mayor facturación y un millón en
todo el universo de los asalariados formales.Onde o céu azul é mais azulEl
financiamiento de este shock redistributivo exigiría una reforma tributaria profunda, con
impuestos progresivos y eliminación de subsidios. Según el departamento fiscal del Fondo
Monetario Internacional que analiza la situación en 41 países, la Argentina es el que
menos recauda por impuestos a los ingresos, las ganancias y el patrimonio. “El país
que nos secunda en esta virtuosa performance (Pakistán) nos duplica en la recaudación
sobre renta y patrimonio”. El borrador sugiere gravar el consumo importado y no
esencial, las rentas y el patrimonio, dolarizar parte de la recaudación así como el
actual gobierno dolarizó los ingresos de los prestatarios de servicios públicos,
restituir los aportes patronales a la seguridad social, empezando por los servicios,
restituirel poder tributario a las provincias y reformular los padrones para identificar a
los sujetos con mayor capacidad contributiva. Esto último supone “estrategias de
tributación consolidadas” que recaigan sobre los mayores conglomerados locales y
extranjeros. De poco sirve la elevación de las alícuotas si no se impiden las maniobras
de elusión fiscal. Un ejemplo sencillo: gravar al conjunto del grupo Pérez Companc o del
grupo CEI y no empresa por empresa de las que lo componen.Los subsidios a los grandes
grupos empresarios por reducción de aportes patronales y traslado de fondos de
trabajadores activos a las AFJP son a enero de este año de 6.700 millones de dólares; a
los concesionarios de ferrocarriles, de casi 300 millones anuales; a los operadores de
canales fluviales privatizados, del orden de los 100 millones; a los de rutas por peaje,
de 90 millones. Esto indica la factibilidad del replanteo. La propuesta también objeta el
patrón productivo actual, en el que se exportan cuero y algodón y se importan calzado y
confecciones, se exportan petróleo y gas y se importan combustibles y petroquímicos,
mejora la producción de hierro y acero pero retrocede la de maquinarias. La construcción
de un nuevo perfil productivo que mejore la elasticidad empleo-producto requeriría
reformular el carácter de la apertura económica vigente. Con un arancel promedio del 12
por ciento, la Argentina ni siquiera hace uso del máximo autorizado por la Organización
Mundial de Comercio, que lo triplica.El conjunto de estas medidas incrementaría el
consumo y cambiaría su composición, con predominio del mercado interno de demanda
masiva, lo cual sería esencial en la condiciones depresivas de la economía local e
internacional. Esta recomposición de la demanda permitiría repensar una estrategia
productiva a escala regional. “Más allá de juicios de valor”, concluye el
borrador, “las políticas de oferta propias del paradigma neoliberal pueden haber
tenido alguna racionalidad económica en contextos de expansión de demanda e inflación.
Hoy, en condiciones locales e internacionales de insuficiencia de demanda y deflación,
parece lógico y recomendable comenzar a hablar de políticas de demanda”.Fácil de
decir y difícil de hacer. Igual que a proposiçao de campanha de las tres D, Dadone,
Duhalde y Duda Mendonça.