Por Victoria Ginzberg
 “¿Y
ahora, quién podrá defendernos?” Susana Villarán y Alejandro Silva, representantes
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, citan al Chapulín Colorado para
graficar la situación de desprotección en la que se encuentra su país desde que el
presidente Alberto Fujimori decidió ignorar un fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y anunció que no iba a acatar futuras resoluciones del organismo. Dentro
de dos semanas la Corte Interamericana se abocará a evaluar la medida adoptada por
Fujimori y avalada por su mayoría parlamentaria. “No es algo exclusivamente peruano.
Necesitamos que todos los países miembros de la OEA se pronuncien sobre un hecho que
debilita al sistema en su conjunto y crea un precedente bastante serio para el resto de
los países”, aseguraron Silva y Villarán dejando atrás la ironía.El sistema de
protección de los derechos humanos que funciona en el ámbito de la OEA (Organización de
Estados Americanos) está integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). La Comisión recibe denuncias, las evalúa y a partir de sus conclusiones,
realiza recomendaciones a los Estados miembros. Si estas observaciones son ignoradas, el
caso es tratado por la instancia superior de la Corte, cuyas resoluciones son obligatorias
para aquellos países que reconocen su competencia. En junio de este año, la CIDH falló
a favor de cuatro militantes chilenos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru que
habían sido condenados a cadena perpetua en Perú. Según la resolución, los
guerrilleros no habían recibido las garantías de un debido proceso ymerecían que se les
realizara un juicio nuevo. El presidente Alberto Fujimori decidió que no haría caso del
fallo aunque Perú reconocía la competencia de la Corte desde 1981. “El problema no
es el caso de los cuatro chilenos, hay casos mucho más gordos para el régimen”,
aseguró Villarán. Entre los casos que ella calificó “gordos”, están: u La
destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional que se pronunciaron por la
inconstitucionalidad de la ley que avala la presentación de Fujimori para una nueva
reelección. El caso sería elevado próximamente a la CIDH.u El caso del empresario
Baruch Ivcher, quien, a partir de un conflicto con el gobierno, se vio despojado de su
canal de televisión. Para esto, se le quitó la nacionalidad peruana ya que su empresa
era considerada estratégica y por lo tanto, según la ley, debía estar en manos de
capital peruano. A este caso se le suman decenas de denuncias de persecuciones y atentados
contra la prensa. u Investigación a los policías que secuestraron a Ernesto Castillo
Páez: un estudiante de la Universidad Católica de Lima que desapareció en 1991,
después de haber sido detenido por la policía, que lo presumía miembro de Sendero
Luminoso. La CIDH sentenció que el estado peruano debía reconocer que sus agentes lo
habían detenido, desaparecido y tienen que reparar a sus padres y a sus familiares. Silva
y Villarán, quienes son parte de un grupo de cerca de veinte representantes de derechos
humanos de Perú que están recorriendo el continente en busca de apoyo, puntualizaron
estos casos como una muestra. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está
evaluando casi doscientos temas relativos a Perú. Los miembros de la Coordinadora
Nacional peruana –organización que nuclea a más de 50 agrupaciones– se
entrevistaron aquí con diputados de la Alianza y del PJ, con la subsecretaria de Derechos
Humanos, Inés Pérez Suárez y con el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo para
pedirles que se pronuncien ante los jueces de la CIDH sobre el tema. Silva y Villarán
repitieron en cada encuentro los argumentos jurídicos por los que consideran que la
decisión de Fujimori no tiene validez. Para ellos la única alternativa para liberarse de
la competencia de la CIDH es apartarse de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos. Y aun así, esto no afectaría a los casos en los que ya ha fallado la Corte ni a
los que están siendo tramitados en la Comisión. Pero además de los razonamientos
técnicos, Villarán apeló al sentido común: “es como que tu vas al Mundial de
Fútbol, juegas con once jugadores, con referí, etc. y te meten cuatro goles, tu metes
uno y pierdes la copa. Entonces, decides retirarte de la FIFA, cuando has jugado con las
reglas establecidas”. Si la CIDH establece que Perú no puede desconocer sus
resoluciones y a su vez el gobierno de Fujimori mantiene su posición, el caso sería
inédito. Villarán y Silva esperan que, más allá del repudio moral internacional, su
país sea sancionado el plano comercial, mas efectivo para revertir la situación. Al
enarbolar estos argumentos, no se atemorizan ante la idea de un “recorte de la
soberanía”. “Desde que se comienza a estructurar el sistema normativo
protectivo de los derechos humanos. Para formar parte de este entramado jurídico, los
estados aceptan explícitamente, en bien de las personas, que un tercero intervenga en
estos asunto. Los tratados de derechos humanos no están hechos para beneficiar a los
estados –como los comerciales– sino para proteger a las personas”,
manifestó Silva. Ambos recalcaron además el peligroso antecedente que constituiría para
el continente si se pasara por alto la posición adoptada por Fujimori. En relación con
Argentina, la Comisión Interamericana concluyó que se habían producido varias
violaciones a los derechos humanos durante la recuperación del Cuartel de La Tablada, en
1989, y que las víctimas debían ser reparadas. Actualmente la Comisión está tratando
el caso de Carmen Lapacó, a quien la Corte Suprema de Justicia le negó la posibilidad de
conocer la verdad acerca de lo ocurrido con su hija desaparecida. También los miembros de
Memoria Activa se dirigieron ante la Comisión para denunciar la falta de esclarecimiento
del atentado contra la AMIA. |
