 En unas 1550
empresas grandes se detectaron diferencias entre sus respectivas declaraciones juradas
presentadas en la DGI y sus libros contables. Esa irregularidad equivale a unos 1800
millones de pesos menos ingresados en el fisco. En estos días de cuenta regresiva para el
gobierno de Carlos Menem, algunos funcionarios han comenzado a preparar el balance de su
gestión, y más aún aquellos que tienen algo para mostrar y que, por lo tanto, aspiran a
mantener el puesto. Ese es el caso de Carlos Silvani, administrador federal de Ingresos
Públicos, quien no puede disimular su deseo de continuar al frente de esa repartición en
el próximo gobierno. En ese sentido, Silvani señaló ayer que “lo más importante
es saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, quién lo va a hacer es irrelevante.
El cementerio está lleno de imprescindibles”. El lugar elegido por Silvani para dar
cuenta de su actuación fue el Séptimo Congreso Tributario, organizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, en San Martín de los Andes. Un voluminoso informe
fue distribuido entre los participantes, en el cual se detallan las iniciativas encaradas
por la AFIP en el último año. Al respecto, en ese trabajo se destaca que la
Administración Federal de Ingresos Públicos tiene entablados unos 271.000 juicios por
6356 millones de pesos por deuda morosa. También que ha detectado, además de la omisión
de pago de impuestos arriba apuntado por parte de las grandes compañías, que 14.000
medianos y grandes contribuyentes no ingresaron en el fisco 3300 millones de pesos por
diferencias entre las declaraciones juradas y sus balances. Práctica que los contadores
denominan entre ellos como el dibujo: elaborar la documentación a presentar en la DGI de
acuerdo con la voluntad de pago del cliente sin tomar en cuenta lo que indica el verdadero
estado contable de la firma.Silvani destacó que durante el año pasado la AFIP comunicó
a los bancos 18.207 embargos generales de fondos por 539,7 millones de pesos y se
efectuaron 474 remates judiciales. Esos datos llevaron al funcionario a exagerar: La
Argentina “está ingresando al Primer Mundo” en la lucha contra la evasión y
que en esta materia está “mejor que Italia, España y Brasil”. Para sostener
esa afirmación, detalló que en 1998 el IVA recaudó 26.261 millones de pesos; Ganancias
9479 millones; el monotributo 99 millones (desde octubre); Internos 1941 millones;
Combustibles 3692 millones; Bienes Personales 772 millones; Seguridad Social 17.902
millones y Aduaneros 2841 millones.Pero un par de horas antes de abrir el Congreso que
reunirá hasta pasado mañana a más de doscientos contadores, Silvani precisó ante los
periodistas que la evasión al Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó a los 8032
millones de pesos, poco más del 30 por ciento del total recaudado por ese tributo. La
agricultura y la construcción son las actividades con el índice más alto de evasión
del IVA, con el 53 por ciento del total de las transacciones que se realizan en esos
sectores. Entre ambas, el fisco dejó de percibir 2061,4 millones de pesos. En el comercio
se evaden 2913 millones y en hoteles y restaurantes, 366,7 millones. En el transporte, la
evasión al IVA alcanza a los 580 millones y en las actividades inmobiliarias y
financieras a los 665,2 millones. En el conjunto de la industria manufacturera, la
evasión por IVA alcanza a los 1479 millones de pesos.Durante el diálogo que mantuvo con
los periodistas, Silvani señaló que “desconoce” la propuesta de bajar el IVA
al 15 por ciento lanzada por Eduardo Duhalde, pero advirtió que “una reducción de
la tasa tiene que ser compensada por una ampliación de la base, con la eliminación de
las exenciones”. En ese sentido, ratificó la idea de gravar la TV por cable al 21
por ciento, “porque si bien ahora paga una tasa diferencial (10,5) como absorbe los
créditos al 21, no paga nada, ya que además deduce el aporte al Comfer”. También
propuso gravar las actividades financieras exentas en Ganancias y de aplicarles el
impuesto a los combustibles y a los solventes.
Letra chica
La Dirección Nacional de Comercio Interior detectó que la información
suministrada a ese organismo por parte de algunas entidades financieras en relación con
la operatoria de tarjetas de crédito, no siempre coincide con lo que se les indica a los
consumidores en sus resúmenes de cuenta. De las 35 entidades financieras a las que se les
requirió información, 22 de ellas fueron imputadas por presuntas infracciones en
diversas normas relacionadas con la operatoria de tarjetas de crédito. Además de la no
coincidencia de los datos informativos se detectó que existían contratos de tarjetas de
créditos escritos con la famosa “letra chica”, con caracteres tipográficos de
altura menor a la mínima permitida por ley. |
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