NYAMEKO BARNEY PITYANA, PRESIDENTE DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE SUDAFRICA
"Para saber la verdad hubo que pagar un precio"

Una de las tareas de Pityana es combatir el racismo "que es pervasivo en la sociedad sudafricana"

Está a cargo de un área difícil del nuevo gobierno de Sudáfrica: la de combatir el racismo y defender "la dignidad de las personas". Enfrenta la herencia del apartheid, la cultura represiva y violenta de un país "donde pasó algo muy, muy malo". Y explica por qué se amnistió a los represores.

--La Comisión fue producto de una negociación en la que se buscó cómo acomodar distintos intereses en un único mecanismo. El primer interés fue el del gobierno saliente, el del Partido Nacional, de que hubiera amnistías. Estaban preocupados por sus hombres. El segundo fue el del gobierno entrante, el del ANC, que no quería que se investigaran de cualquier modo las denuncias sobre cosas que pasaron en los campos del ANC. Lo que el partido de Nelson Mandela quería era que se investigara en el contexto de lo que pasaba en la época. Y tercero, la sociedad quería saber la verdad sobre lo que pasó, que se hiciera visible para construir un futuro. Estos tres intereses se unieron en una ley, el Acta Nacional de Unidad y Reconciliación, que deja muy en claro lo que se buscaba. El Acta tiene tres elementos principales: que se diga la verdad, que se den amnistías, que se otorguen reparaciones y rehabilitaciones.

--¿Cómo se organizó para lograr estos objetivos?

--El de buscar la verdad, a través del Comité de Violaciones a los Derechos Humanos, que investigó los crímenes del pasado, urgió a la gente a que se presentara ante la comisión y tomó testimonios en público y en privado. Hubo una revelación de lo que pasó realmente. El Comité de Amnistías era semiautónomo y estaba presidido por un juez. Su tarea era considerar si los pedidos de amnistía estaban encuadrados en las claras condiciones que marcaba el Acta: primero, que el que pidiera un perdón debía aceptar la responsabilidad individual por lo que hizo. No se podía pedir una amnistía para un grupo o una amnistía general. La segunda condición era que el individuo que pidiera un perdón tenía que revelar exactamente qué hizo, qué actos cometió, y revelarlo amplia y detalladamente. La tercera regla era que la amnistía sólo se daba a actos cometidos con motivaciones políticas. No se perdonaban robos, saqueos. El ejemplo típico que se dio era el de un grupo de guerrilleros del ANC que entrara en Sudáfrica para atacar un blanco pero, en el camino, violara a una mujer. La misión se podía amnistiar; la violación, no. Además, el acto político tenía que estar encuadrado en las acciones de una organización: hubo casos de vigilantes solitarios, de gente que actuaba sola, y esos no entraron en la amnistía. La cuarta condición es que el acto cometido guardara proporción con el objetivo buscado: no se aceptaron exageraciones.

--¿Quiénes pidieron amnistía?

--Todo tipo de personas, por todo tipo de actos cometidos entre 1960 y el 10 de mayo de 1994. Cualquier violación grosera de los derechos humanos cometida en esos 34 años, como asesinatos, atentados y sabotajes, fue considerada por el comité.

--¿Y cada uno iba y contaba lo que hizo? ¿Realmente?

--La ley dice claramente que nadie podía ser acusado o procesado criminal o civilmente usando ninguna declaración hecha ante el comité. Mi confesión no podía ser considerada evidencia en mi contra. Eso sí, los que pidieron amnistía tenían que decir estrictamente la verdad. Hubo familias de víctimas que gastaron mucho dinero en contratar abogados para combatir las declaraciones de algunos peticionarios. Y lograron demostrar, en algunos casos, que los represores no estaban diciendo toda la verdad. A esos, se les negó la amnistía. La Comisión, en sus recomendaciones, dijo que a quienes se les negó la amnistía se los debería procesar, así como a otros que la pidieron fuera de término o que nunca la pidieron, aunque hay evidencia en su contra.

--¿Le van a hacer caso?

--Es más fácil decirlo que hacerlo. Recuerde que nadie puede ser procesado por lo que declaró ante la Comisión. Ni siquiera pueden citarse testigos por lo que uno declaró ante la Comisión. Son límites a lo que se puede hacer jurídicamente.

--Hábleme de las reparaciones.

--El comité era otra unidad semiautónoma de la Comisión que investigó cómo compensar a personas cuyos derechos humanos fueron violados. El mandato del comité era hacerle recomendaciones al presidente sobre cómo reparar el daño hecho, qué medidas tomar. El presidente recibió las conclusiones en octubre del año pasado y el parlamento discutió el tema este año. Falta que se tomen las medidas concretas.

--Los crímenes que salieron a luz no fueron sólo por confesiones de los que pedían amnistía, sino por acusaciones de víctimas o testigos.

--Sí, y eso dio lugar a complicaciones. Las cortes dejaron muy en claro que toda persona que fuera a ser mencionada debía ser notificada de antemano y debía tener el derecho a defenderse a sí misma o a ser representada por un abogado, y a contestar los cargos. El efecto fue que muchos testigos que aparecieron ante la comisión y que sabían quién era el culpable de los abusos no pudieron dar nombres, se les impidió revelar identidades. Y los que dijeron nombres fueron impiadosamente interrogados por los abogados de los mencionados. Un proceso que fue creado para darles respeto y dignidad a las víctimas se transformó en un ámbito donde las víctimas fueron interrogadas hostilmente.

--No parece muy feliz por el resultado...

--No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hubo que hacer equilibrio entre las necesidades y los límites. No me molesta que los que violaron los derechos humanos también tengan derechos. No creo que la Comisión tenga que violar los derechos de las personas. No me hace feliz el tratamiento que recibieron muchas víctimas en el proceso, pero no sé qué se podría haber hecho... la gente tiene derecho a tener abogados. Hay que entender que la verdad que se estaba revelando no era el tipo de verdad que un abogado criminalista quiere averiguar para lograr una condena. No había posibilidad ni se quería establecer la credibilidad de los testigos. Cuando alguien decía "esto es lo que le pasó a mi hijo", yo no podía decir si era verdad o no, pelear la declaración judicialmente. Ese fue el problema con los abogados, que se movían como si fuera un proceso criminal, que no era.

--Resulta asombroso que simplemente por confesar se perdonaran los crímenes, que no se tomaran medidas ni hubiera castigo. Es asombroso... ¿Qué pasó? ¿Había riesgo de una guerra civil?

--No, ciertamente no, no había ningún riesgo serio de guerra civil. Pero en 1993 no se cambiaron las estructuras judiciales. Los jueces y los fiscales que hubieran llevado los casos de derechos humanos hubieran sido los mismos que estaban antes. Los policías que hubieran investigado los crímenes hubieran sido los mismos que cometieron las violaciones. El régimen pudo tapar sus abusos por 30 años y hubiera seguido tapándolos. A cambio de obtener información que de otro modo nunca hubiera aparecido, se les dio amnistías a los que tenían la información.

--Las víctimas que se presentaron a contar sus casos ante la Comisión renunciaron a presentar cargos contra los que violaron sus derechos. El presidente de la Comisión, Desmond Tutu, dijo que "la vasta mayoría debería estar consumida por el resentimiento, la amargura, el odio y la sed de venganza. Al mostrar tanta voluntad de perdonar, están pagando un muy alto precio por la libertad que ahora tenemos".

--Es un precio alto. Pero mucha gente pudo averiguar cosas que no hubiera sabido de otro modo, como qué les pasó a los desaparecidos, dónde estaban enterrados, cómo murieron, quién los mató. Esto sólo se logró prometiendo una amnistía. Por muchos años hubo una conspiración de silencio, que se quebró cuando un policía llamado De Kock rompió filas. Allí se cayó el castillo de naipes.

--¿Se juzgó la responsabilidad política de la represión? ¿Hubo declaraciones de, por ejemplo, líderes como Botha o De Klerk?

--Sí. La Comisión trató que P. W. Botha apareciera a declarar, porque presidió el Concejo Nacional de Administración y hay evidencia de que el concejo autorizó los métodos utilizados. Se trató de que compareciera voluntariamente, y él se resistió, por lo que finalmente la Comisión presentó cargos y logró que una corte lo condenara. Pero Botha apeló la sentencia y la Corte Suprema le dio la razón, por un tecnicismo. Se salió con la suya, no declaró. De Klerk compareció, como otros líderes políticos, y aceptó una responsabilidad limitada por lo que pasó. Dijo que nunca hubo una política deliberada de alentar lo que pasó, pero aceptó que muchos servidores del gobierno pueden haber violado derechos humanos creyendo que seguían la política del gobierno. Desmond Tutu denunció con mucha fuerza a De Klerk, dijo que lo más que hizo fue decir que "más o menos, se disculpaba". Pero sin disculparse realmente.

--Parece que la comisión logró bastantes verdades, que puede lograr bastantes reparaciones, pero no tanta reconciliación...

--Un error de Tutu y los miembros de la Comisión fue decir "aquí está la verdad". Permítame decir que es algo de la verdad, pero no toda. El problema es que los que declararon en general no eran los actores primarios sino familiares de las víctimas: no dijeron qué pasó sino qué entendían que había pasado.

--¿Qué hizo el ejército? ¿Declararon militares?

--Muy, muy pocos. Los actos, los motivos y la cadena de mando militar son un libro secreto. La Fuerza de Defensa simplemente cerró filas y no se supo nada. La gente de la comisión que dirigió las investigaciones admitió recientemente que lamentaban haber sido engañados por los militares, haberles creído que iban a colaborar hasta que fue demasiado tarde.

--Los militares no declaran... los represores que no recibieron amnistías no pueden ser procesados... ¿no hay nada que hacer?

--El problema es cómo encontrar evidencia creíble que se pueda usar. Para presentar cargos, el director nacional de Acusaciones Públicas debería montar una gran unidad de investigación que revise todos estos casos, que revise toda la evidencia, que busque nuevos testigos, que vea qué se puede usar... y la pregunta es: ¿es la mejor manera de invertir los recursos del país? El gobierno todavía no indicó qué va a hacer. Algunos elementos del gobierno ya están hablando de dar una amnistía general para la provincia de KwaZulú-Natal, una amnistía que extinguiría las investigaciones. Sería una farsa si pasara. Lo que ya pasó es que los procesos que comenzaron en KwaZulú-Natal fracasaron, en parte porque los fiscales no estaban realmente comprometidos con las causas. Se exoneró a gente que nunca tendría que haber sido liberada. Esto es por lo que decía antes: jueces comprometidos con el pasado, fiscales que apenas ahora están empezando a cambiar, policías que no están cien por ciento comprometidos. Entonces, el riesgo es gastar recursos enormes sin lograr nada. Pero el gobierno todavía no dijo que no habrá procesos.

--¿Y la gente, el pueblo que se supone debe sentirse mejor por este proceso se siente aliviada, cambiada?

--No tanto como creo que debería. Es muy pronto para decirlo. Yo pienso que la reconciliación es un proceso; mi esperanza es que lo hayamos empezado. Mi preocupación es que a menos que haya mecanismos que ayuden al proceso, éste no va a avanzar más que esto. No creo que la Comisión no haya ayudado tanto, realmente no lo creo. Pienso que hay mucho más que hacer. Lo que la Comisión sí logró fue resaltar lo peor que nos pasó, aunque no sé si sacudió al suficiente número de personas como para que nos digamos "bien, esto no puede pasar nunca más". De hecho, ya estoy viendo indicios de que realmente no aprendimos las lecciones que deberíamos haber aprendido del proceso.

--Por ejemplo, ¿mejoró la policía?

--No, la brutalidad policial continúa. En los últimos cinco años, murieron 700 detenidos bajo custodia. Es evidente que en los servicios de seguridad del país continúa la misma mentalidad que existía antes. La gente está tan preocupada por la seguridad, que está dispuesta a permitir que la policía funcione de un modo claramente autoritario.

--O sea que la policía no cambió ni cuando fue integrada racialmente. Los negros aprendieron la cultura represiva en lugar de cambiarla.

--Siendo realistas, toma muchísimo tiempo cambiar la cultura policial. Hay elementos que ayudan, como la nueva Ley de Policía, que está muy orientada a los derechos humanos, que obliga a entrenar a las fuerzas, que las desmilitariza.

--¿Ustedes deben tener también el debate entre los que se preocupan por las garantías y los que reclaman seguridad a cualquier costo?

--Por cierto, hay mucho debate. Hay quienes dicen que los derechos humanos impiden que la policía actúe contra los criminales. Yo no estoy de acuerdo, pero esa idea fue recientemente apoyada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia del Transvaal, que dijo que si la constitución apoya al crimen, hay que cambiar la constitución. Esta idea es muy difundida: que la constitución es blanda con los criminales, que los derechos humanos impiden que la policía investigue.

--Parece que usted va a tener mucho trabajo... Pero, además de la policía, ¿es Sudáfrica un país mejor? ¿Un país más amable con su gente?

--Sin duda. La gente sabe que tiene un gobierno mucho más preocupado por ellos, mucho más preocupado por atacar los problemas de la pobreza y la desigualdad, por darles servicios básicos. Como quedó claro en los cinco mensajes de apertura del Parlamento del presidente Nelson Mandela, no se puede dudar de que Sudáfrica tiene un gobierno al que le importa la gente, que quiere repartir mejor los recursos.

--No tengo dudas de que el ex presidente Mandela y el actual presidente Thabo M'beki quieren hacer eso, pero ¿y el resto del aparato estatal?

--El gobierno da esta imagen y este mensaje, pero al nivel en que la gente se encuentra con el gobierno, con los funcionarios, hubo problemas. Hay corrupción, se roban recursos, se atiende mal a la gente. Los recursos no llegan a la gente porque son desviados por motivos criminales. Hubo un gran problema de robos de partidas presupuestarias, de pensiones. Se está investigando activamente la corrupción, se pasaron leyes. Pero sigue pasando. Por ejemplo, hay gente que cobra por trabajos que no hace, maestros fantasmas, jubilados que se murieron y siguen cobrando...

--¡Ñoquis!

--¿Cómo?

--Nada, así es como les decimos acá a sus fantasmas...

--Ah, entonces ya saben el desperdicio de recursos que resulta de eso. Por suerte, estamos empezando a ver que la corrupción está comenzando a disminuir, aunque el gobierno tardó en endurecerse con funcionarios que eran corruptos o a los que simplemente no les importaba. Una explicación al problema, que a mí no me convence, es que fue un costo de la integración racial y de los gobiernos de los homelands autónomos al Estado nacional. Esto creó una zona borrosa, porque eran 11 departamentos que se tenían que fundir en uno. Y hubo muchos agujeros. De todos modos, un problema es que la calidad del servicio civil en Sudáfrica es muy pobre.

--El objetivo último del racismo y en el caso sudafricano, del apartheid, es desconocer la misma condición humana del que se quiere discriminar. ¿Están superando esto en su país? ¿El proceso de integración de la sociedad es exitoso?

--Creo que puede decirse que es exitoso, pero falta mucho, mucho. Habiendo vivido 15 años de mi vida fuera del país, yo siento muy claramente qué tan cambiados están los sudafricanos. La gente con la que vivo hoy no es la gente bajo la que me crié, o con la que me crié. Son mucho más egoístas, son mucho más groseros, mucho menos amables con el prójimo, son increíblemente agresivos. No es como cuando yo era chico y lo noto después de tantos años afuera. La psiquis de la gente va a tener que cambiar y eso va a tomar mucho tiempo. El presidente M'beki dice esto una y otra vez: que hay algo fundamentalmente malo que nos pasó a todos. Por suerte tenemos una constitución que nos da herramientas para el cambio, que crea instituciones como la que dirijo que nos permite resaltar el racismo, denunciar actos racistas, generar debate. Y hemos creado un debate furioso sobre el racismo. Puedo decirle que después de cinco años de cambios, Sudáfrica sigue siendo tan racista como siempre. Mucha gente dice que ya no hay racismo, porque confunden racismo con apartheid, y dicen que no son racistas porque nunca apoyaron el apartheid. El racismo perdura en la manera concreta en que las personas actúan en temas como el acceso a los servicios, al entretenimiento, al deporte. En el modo en que maltratan la dignidad ajena en función del color de la piel. En el modo en que excluyen a gente de áreas importantes de la vida. Las imágenes negativas de los negros continúan siendo predominantes en los medios, en los diarios. Cuando dijimos que íbamos a investigar el racismo en los medios, los periodistas se escandalizaron y nos dijeron, "¿cómo pueden decirnos racistas, si siempre estuvimos contra el apartheid? Ustedes están atacando la libertad de prensa". La incapacidad de los sudafricanos de tratar la cuestión es simplemente asombrosa. Eso es un producto del apartheid. El racismo es pervasivo en la sociedad sudafricana. Una vez hicimos un estudio sobre las actitudes racistas en las escuelas y, cuando publicamos los resultados, nos preguntaban una y otra vez si no nos habíamos equivocado. No lo podían creer.

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