Por Raúl Kollmann
 La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó mediante una carta oficial la demanda
contra el Estado argentino de los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA
agrupados en Memoria Activa. La denuncia, que fue realizada en julio, es "por la
violación al derecho a la vida y la integridad física de las víctimas y la violación
de los derechos de las víctimas y sus familiares a obtener justicia por parte de los
tribunales locales". Esto significa que, por primera vez, el Gobierno deberá darle
explicaciones a un organismo supranacional, verificador del Pacto de San José de Costa
Rica, por las irregularidades que se cometieron en la investigación del caso AMIA. La
Comisión podría haber rechazado la denuncia in limine (sin entrar a analizarla) o
podría haber adoptado una postura cautelosa tomándose un tiempo para decidir, pero optó
por aceptar la demanda y otorgar al Estado argentino 90 días --prorrogables por otros
90-- para que presente sus descargos. La CIDH está integrada por prestigiosos juristas
y sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento para los países signatarios del Pacto.
En el caso AMIA, la Comisión podría señalarle al Estado argentino lo que debe hacer
para encarrilar la investigación, puede pautar una forma de trabajo y también puede
elevar el caso a la Corte Interamericana que, a su vez, está facultada para condenar al
Estado argentino por violar los derechos consagrados en la Declaración Americana de los
Derechos Humanos referidos a la vida y a la obtención de justicia.
 "Creo que es un primer paso importantísimo --señaló a Página/12 el
abogado Alberto Zuppi, quien junto a Pablo Jacoby representa a Memoria Activa--. Es el
inicio del trámite judicial en un organismo internacional de primer nivel y me pregunto
cómo va a explicar el Gobierno que se perdieron pruebas tal como ocurrió, que se hayan
tirado los restos al río, que hubo una falta de investigación como la que nosotros
denunciamos. A la Comisión no le van a poder contestar que la causa tiene 400 cuerpos. Le
van a tener que dar respuestas concretas."
Estos son algunos de los cargos que Memoria Activa le hace al Estado argentino, siempre
en lo referente a que no se preservó ni el derecho a la vida de las víctimas ni el
derecho a una investigación como corresponde:
* No se investigó el atentado contra la embajada de Israel, antecesor del de la AMIA.
* La sede la AMIA no tuvo la suficiente custodia. El patrullero tenía la batería
descargada y sólo había un walkie talkie como medio de comunicación. Los dos agentes
policiales asignados no estaban cumpliendo debidamente la custodia.
* No se prestó debida atención a una advertencia del atentado. Se refiere a lo dicho
por el brasileño Wilson Dos Santos, dos semanas antes del ataque en el consulado
argentino de Milán.
* Se perdieron buena parte de los escombros de la explosión.
* Se perdieron rollos de fotos, disquetes y agendas secuestrados en el domicilio de
Carlos Telleldín. La agenda manuscrita de Telleldín fue encontrada recortada con una
tijera.
* Faltaron 66 cassettes de escuchas telefónicas. La SIDE tenía una copia y las
borró.
* Hubo testigos de fundamental importancia que fueron citados con enorme demora e
incluso dos de ellos murieron. La testigo Rosa Bareiro, que perdió a su hijo de cuatro
años y estaba delante de la AMIA, fue llamada a declarar el 4 de diciembre de 1996, dos
años y medio después del atentado. El testigo Horacio Dragubitzky estaba en la vereda de
enfrente y prestó declaración el 24 de abril de 1997, casi con tres años de retraso. El
barrendero Juan Carlos Alvarez, que arrojó basura en el volquete instantes antes de la
explosión, declaró el 6 de febrero de 1995.
* Existen testigos que fueron citados con mucha demora, supuestamente por dificultades
en la identificación de los domicilios, pero que a instancias de la querella fueron
ubicados por figurar en la guía de teléfonos.
* La Dirección Nacional de Migraciones no colaboró con la investigación.
* Miembros de la policía le advirtieron al sospechoso Alejandro Monjo que lo iban a
detener.
* Dependencias de las fuerzas de seguridad fueron responsables de la pérdida de
importantísimo material probatorio.
* La custodia de varios policías detenidos permitió que se violara la incomunicación
que se había dispuesto.
* Se ofrecieron recompensas a cambio de información... pero no fueron dadas a
publicidad.
* El juez Galeano fue filmado negociando con el detenido Carlos Telleldín la entrega
de información a cambio de dinero. Se adujo que se usó la figura del arrepentido,
inexistente en la legislación argentina.
* Se dificultó el acceso de las partes al total de la causa. Se formaron expedientes
anexos que corrían por separado, impidiéndose así el control de la investigación.
* Son numerosos los ejemplos en los que se decidió desestimar medidas de prueba
solicitadas por la querella de Memoria Activa. Zuppi señala, por ejemplo, que cuando fue
detenido el ex comisario Juan José Ribelli, de inmediato se pidió el allanamiento de las
agencias de automóviles de su propiedad. Esto se demoró casi un año y finalmente,
cuando se concretó, pudieron detectarse dos testigos, empleados de Ribelli, que hoy son
considerados claves por el juez.
Estos son apenas algunos de los puntos concretos que el Estado argentino deberá
explicar dentro de los 90 días. La duda es si el actual gobierno hará la contestación o
si, utilizando la extensión de otros 90 días, le dejará la cuestión al presidente que
asumirá el 10 de diciembre. Lo cierto es que, por primera vez, habrá una revisión
internacional por una pesquisa en la que hay detenidos por su relación con el vehículo
usado como coche-bomba, pero todavía no se sabe lo fundamental: quién integró la
conexión local, de dónde salieron los explosivos, dónde se armó la camioneta y quién
la condujo hacia su destino de muerte.
La voz de los familiares
Laura Ginsberg y Diana Malamud, junto a Norma Lew, son los familiares de las
víctimas del atentado que encabezan Memoria Activa desde sus comienzos. En diálogo con Página/12,
reflexionaron sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
de dar curso a la demanda contra el Estado argentino (ver nota central):
"Después de 270 semanas –-señala
Ginsberg--, atravesamos por todas las situaciones. Lo primero fue pedirles a los
funcionarios que cumplan con su deber. Cuando vimos que no lo hacían, denunciamos que no
había decisión política para esclarecer el atentado. Cuando fue notorio y evidente el
involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en el encubrimiento de la verdad,
pudimos afirmar que el Estado es la conexión local del atentado. Ya convencidos de que el
Estado es responsable, después de más de cinco años de no hacer nada y de haber
encubierto, es que hicimos esta presentación."
"Queremos que la Comisión revise la
investigación y que se demuestre la responsabilidad del Estado argentino, que no cuidó a
nuestro familiares para que no los maten y después no investigó el atentado
-–agrega Malamud--. Nuestra presentación es justa. Yo diría que estamos igual o
peor que a los pocos días del atentado."
"Estoy convencida de que con la
información que figura en el expediente y con la información oculta durante años en los
anexos es posible conocer la verdad de los hechos. Y si no ocurrió hasta ahora, es porque
el Estado argentino es responsable. Empezando por el juez Galeano, que ni siquiera fue
capaz de ordenar la reconstrucción del hecho, siguiendo por la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Investigación de los Atentados, que no siguió realmente la
investigación, y terminando recientemente por el vicepresidente de la Nación, Carlos
Ruckauf, ministro del Interior en el momento del atentado, que afirmó que él sabe
perfectamente quién perpetró el atentado pero no lo puede decir por razones de
Estado." |
CLAVES
* La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con sede en Washington, aceptó la demanda de Memoria Activa por las
irregularidades en la investigación del caso AMIA.
* La Comisión es el primer organismo
supranacional que investigará al Estado argentino por su actuación en esa causa.
* El Estado argentino tiene ahora 90 días
para hacer su descargo.
* Se lo acusa fundamentalmente por negarle el
derecho a las víctimas y a sus familiares de obtener justicia en los tribunales locales.
* La Comisión está integrada por juristas de enorme
prestigio. Podría haber rechazado la presentación, pero la aceptó, abriendo el proceso
judicial internacional al Estado argentino. |
EL TITULAR DE LA DAIA SE REUNIO
CON EL PRESIDENTE MENEM
Un espaldarazo para la Corte Suprema
Por I. H. y R. K.
 El titular de la DAIA,
Rogelio Cichowolsky, se reunió ayer con el presidente Carlos Menem y dio un fuerte
respaldo a la decisión de la Corte Suprema de pedir la captura de un conocido terrorista
libanés, Imad Mugniyah. Al mismo tiempo Cichowolsky afirmó que "no hay ninguna
posibilidad de que la Corte cierre la causa". A la misma hora, en el Palacio de
Tribunales, varios funcionarios judiciales discutían sobre el destino de la oficina que
hasta ahora ocupaba la Secretaría Especial que estaba a cargo de la investigación del
atentado contra la embajada.
Cichowolsky elogió "la información suministrada por el
Departamento de Estado norteamericano referida a Mugniyah, que permitió a la Corte
ordenar su captura. Esa información tiene mucho que ver con las gestiones que hizo el
presidente Menem durante su último viaje a ese país y la medida tomada por el máximo
tribunal contribuye fuertemente al esclarecimiento del atentado". De todas maneras,
el titular de la DAIA reconoció, en referencia a Mugniyah, que "será difícil que
se pueda encontrar a este personaje". A decir verdad, el terrorista libanés está
prófugo por su responsabilidad en más de 300 muertes y es buscado por los Estados Unidos
desde 1983.
Cichowolsky visitó a Menem para pedirle que interceda por 13 judíos
que están detenidos en Irán sin juicio ni razón alguna. El primer mandatario se
comprometió a realizar esa gestión, aunque lo cierto es que la relación con el régimen
de Teherán es más que tensa.
De todas maneras, llamaron la atención los elogios de Cichowolsky
tanto a la Corte como a Menem, algo que contrasta con las duras críticas que exteriorizó
la concurrencia en el último aniversario del atentado contra la AMIA.
La resolución de la Corte en el caso Embajada tiene escasa relación con el
expediente. El nombre de Mugniyah prácticamente no aparece en la causa y la única
mención corresponde a algún informe impreciso de la inteligencia norteamericana. No hay
indicios de que Mugniyah o alguno de sus hombres hayan estado en la Argentina y menos aún
se han encontrado datos de la conexión local que permitan establecer quién pagó y
organizó el atentado. La impresión generalizada es que los dos ataques perpetrados en la
Argentina, el de la embajada y el de la AMIA, tuvieron que ver con alguna organización
fundamentalista de Medio Oriente, pero no hay pruebas consistentes de que haya sido un
grupo pro-iraní o pro-sirio, palestino, egipcio, fundamentalistas locales o de la Triple
Frontera. Ante la nebulosa, la Corte optó por achacarle el atentado a Mugniyah, uno de
los dos terroristas islámicos más conocidos del mundo. En Tribunales hay coincidencia de
que el máximo tribunal tomó esa resolución como paso previo a mandar la causa al
freezer por mucho tiempo.
Audiencia en la OEA para rendir cuentas
A raíz de una denuncia de
“Periodistas”, la OEA analizará la situación de la prensa en la Argentina. La
audiencia se celebrará el 1º de octubre y se tratarán tres fallos de la Corte Suprema
de Justicia que restringen la libertad de expresión. |
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La
situación de la prensa en la Argentina será debatida durante una audiencia en la sede de
la Organización de Estados Americanos en Washington, el 1º de octubre, a raíz de una
denuncia contra el gobierno argentino presentada por la Asociación Periodistas, para la
Defensa del Periodismo Independiente. Periodistas denunció al Estado argentino a raíz de
los fallos de la Corte Suprema de Justicia en las causas iniciadas por el senador Eduardo
Menem contra el director de la revista Humor, Tomás Sanz; el juez Omar Jesús Cancela
contra la actriz Gabriela Acher y el Canal 13 de televisión y el ministro del Interior
Carlos Corach contra el periodista de Página/12 Horacio Verbitsky. En su informe anual
sobre ataques y amenazas a la prensa, Periodistas reseñó once fallos de la Corte Suprema
contrarios a la libertad de expresión. Este año la Corte volvió a pronunciarse en
contra de Verbitsky, en una causa iniciada por el presidente Carlos Menem a raíz de un
artículo publicado en este diario.Durante la audiencia convocada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ambas partes expondrán sus argumentos. El gobierno
argentino estará representado por la embajada ante la Organización de Estados Americanos
y juristas enviados especialmente por la Cancillería. Por Periodistas asistirá su
vicepresidente, Horacio Verbitsky, a quien asiste legalmente la directora ejecutiva del
Center for Justice and International Law de Washington, la doctora Viviana Krsticevic. Las
partes también pueden presentar testigos u opiniones de eminentes juristas en apoyo de su
posición. Un trámite similar iniciado por Verbitsky en 1992 culminó con el compromiso
del Estado nacional de derogar el delito de desacato del Código Penal argentino. La
derogación fue votada por unanimidad de las dos cámaras del Congreso en 1994. A raíz de
esa derogación, la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto una condena contra
Verbitsky en un juicio iniciado por el ministro de la Corte Suprema de Justicia Augusto
Belluscio. La CIDH también recomendó a los demás países de la región que efectuaran
enmiendas semejantes. Costa Rica y Paraguay ya cumplieron con la recomendación y
expurgaron el desacato de sus códigos.Los casosLa Corte Suprema condenó a Tomás Sanz
por la publicación en Humor de un artículo titulado “Dos años de
corrupción”, en el que se reproducía la investigación publicada por el semanario
uruguayo Brecha según la cual el senador Menem había depositado cuantiosos ahorros en un
banco de Punta del Este, en una cuenta conjunta con su esposa, Susana Valente, y con el
director de la Casa de Moneda, Armando Gostanian. Según la denuncia de
“Periodistas”, la Corte invirtió la carga de la prueba, al exigir que Sanz
probara la veracidad de la información, lo cual contraría la doctrina de la Real
Malicia, incorporada por la misma Corte dos años antes en el caso “Morales
Solá”. Ese fallo también retrocedió de la doctrina “Campillay”,
establecida por la Corte Suprema en 1986. Esta doctrina libera de castigo a quien
reproduce en forma fiel la información suministrada por una fuente que se menciona en
forma expresa. La condena a la actriz Gabriela Acher y el Canal 13 de televisión
reprimió un sketch humorístico sobre la situación femenina en los tribunales
argentinos. Una mujer cargada de hijos reclamaba alimentos en un juzgado de familia y
luego de muchas dilaciones le entregaban un paquete de papas fritas. En la puerta del
juzgado un cartel decía “Doctor Cancela, juez”.Corach querelló a Verbitsky a
raíz del libro Robo para la Corona, de 1991, en el que se afirmaba que el ahora ministro
era el operador que presionaba a los jueces en nombre del presidente Carlos Menem y los
amenazaba con el juicio político si no se allanaban a los deseos oficiales. Pese a los
ocho años transcurridos, la Justicia no permitió alautor del libro presentar las pruebas
que ofrece de su afirmación, incluyendo el testimonio de los jueces presionados. Un juez
de primera instancia y la Cámara Federal absolvieron a Verbitsky y declararon que el paso
del tiempo no era imputable a ardides de su parte. Pero la Corte Suprema revocó ese fallo
y ordenó que se reiniciaran las actuaciones, con lo cual la causa se mantiene abierta en
forma indefinida.
COMPROMISO POR LA LIBERTAD DE PRENSA
Duhalde ante la SIP
“Cualquiera sea
el cargo en el que esté, seguiré luchando para que la libertad de prensa se
afiance.” Ese fue el compromiso que ayer asumió el candidato presidencial del PJ,
Eduardo Duhalde, al suscribir la Declaración de Chapultepec ante la conducción de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). También la Corte Suprema de Justicia manifestó
su “respeto” a la libertad de expresión durante una reunión con representantes
de la SIP.Duhalde se entrevistó con las autoridades de la SIP en el marco de las
actividades del Foro Nacional sobre la Declaración de Chapultepec, organizado por esa
entidad. Esa documento –refrendado por el candidato peronista– fue firmada en
1994 a instancias de la SIP y consta de 10 principios “sobre la libertad de prensa y
de expresión en las Américas”.“En mi provincia, especialmente, sufrimos un muy
duro golpe cuando se intentó mutilar la libertad de prensa asesinando a José Luis
Cabezas”, sostuvo Duhalde al hablar ante los representantes de la SIP. Abogó
también por “cortar de llano esos actos homicidas”. Además de recibir a
Duhalde, la conducción de la SIP –encabezada por su presidente y editor del diario
Popular, Jorge Fascetto– mantuvo una reunión “reservada” con los ministros
de la Corte Suprema. Durante la entrevista transmitieron al titular del máximo tribunal,
Julio Nazareno, y al resto de sus miembros los contenidos de la Declaración de
Chapultepec y su preocupación por los recientes fallos judiciales adversos a la
prensa.Para hoy está previsto que el candidato de la Alianza Fernando de la Rúa y su
compañero de fórmula, Carlos “Chacho” Alvarez, se acerquen a refrendar
también la Declaración del Chapultepec al Hotel Sheraton. Allí es donde líderes
políticos, escritores, académicos, juristas, directores de medios y ciudadanos
debatirán hasta mañana lo que acontece en el país en cuanto a la libertad de
expresión.
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