Por Raúl Dellatorre
 Como si se
tratara del Caballo de Troya de la obra La Ilíada, de Homero, el presidente Carlos Menem
le pondrá la firma hoy a un decreto por el cual se designa a cinco sindicalistas de su
propio cuño para manejar, a partir del 1º de enero del 2000, los 400 millones de
dólares que recauda el Fondo de Redistribución de las Obras Sociales. La citada norma
creará un ente tripartito para manejar dicha partida, que se conforma con la retención
del 10 por ciento de todos los aportes por obra social que realizan trabajadores y
empleadores. La CGT acordó con el Gobierno la designación de los representantes
gremiales, que se sentarán junto a cinco delegados de la UIA (representación empresaria)
y cinco del Gobierno. La apuesta es a instalar en el organismo público una fuerza de
choque para negociar, desde una posición de privilegio, con las autoridades nacionales
que surjan de los comicios de octubre. La carta de triunfo que Menem les puso en la manga
a los sindicalistas, para la partida que éstos deban jugar frente a un eventual gobierno
de la Alianza es la moneda de cambio que la actual administración ofrece en compensación
por el no pago de deudas reclamadas por la CGT. Dicha demanda, superior a los 1000
millones de pesos, corresponde a fondos de redistribución no asignados a obras sociales,
préstamos al PAMI del mismo origen y compensaciones por deudas asumidas durante la etapa
de intervención militar a los sindicatos. El actual secretario de Prensa de la CGT,
Carlos West Ocampo (del gremio de la Sanidad), ya estaría designado como titular del
nuevo ente tripartito. Lo acompañarán en la representación gremial dirigentes de los
gremios de trabajadores rurales, del gas, de los metalúrgicos y, eventualmente, de los
trabajadores de la ex Obras Sanitarias, si el actual interventor de la Superintendencia
del Seguro de Salud, José Luis Lingeri, consigue asegurar un puesto para su propio
sindicato (Fentos). Los citados gremios, junto a Seguros y Comercio, han sido los más
favorecidos en los últimos años por un sistema de reparto arbitrario, en la forma de
subsidios y ayudas financieras, de los recursos del Fondo. La composición del nuevo ente
busca garantizar dicha forma de privilegio. Armando Oriente Cavalieri, titular del gremio
mercantil, fue quien fogoneó el acuerdo entre el Gobierno y la cúpula cegetista, con la
pretensión de plantar un mojón en el organismo antes del desembarco del próximo
gobierno. En cambio, fracasó en su intento por obtener aunque fuera una parte de los
fondos por deudas reclamadas, y el reconocimiento (blanqueo) del resto. En la actual
situación de las finanzas públicas, ese resultado (y la resistencia de Roque Fernández)
eran previsibles. Cavalieri había amenazado con una denuncia judicial en caso de que el
gobierno no concretara el pago de la deuda exigida. Dichos reclamos habían sido admitidos
por el Gobierno –que incluso se comprometió a cancelarlos-, pero en circunstancias
políticas distintas de las actuales. Fue cuando el presidente Menem necesitaba atraer a
la cúpula sindical hacia sus intenciones reeleccionistas (1997/98) y se enfrentaba con
Eduardo Duhalde, hacia quien se volcaban las preferencias de algunos de los gremios más
poderosos de la CGT. Por otra parte, el acuerdo Menem-CGT busca cristalizar una situación
que dejaría sin representantes a la otra central sindical, la CTA, y al sector disidente
de la CGT, agrupada en el MTA. La CTA cuestionó, en una nota dirigida al Presidente de la
Nación, el momento y la forma en que se designará a los administradores del ente
tripartito, y tendió líneas hacia el duhaldismo y la Alianza para incorporarlos a la
discusión. Sólo la segunda aceptó el convite, designando a un representante directo de
Fernando de la Rúa para seguir el tema. El acuerdo para dictar el decreto de creación
del ente tripartito para administrar el fondo de redistribución se alcanzó en la noche
del sábado, en la quinta de Olivos, entre Menem y la cúpula cegetista. Dicho
fondopercibe entre 30 y 40 millones de pesos mensuales, de los cuales debe asignar no más
de ocho o nueve millones a cubrir las prestaciones de alta complejidad y tratamientos por
adicciones de las obras sociales del sistema. El resto es el botín de guerra que la
conducción de la CGT espera negociar con el próximo gobierno y la cúpula empresaria.
| La cúpula de intocables La cúpula cegetista logró resistir, durante los diez años del menemismo,
diversos embates contra el manejo de los recursos que centralizaba anteriormente el Anssal
y en la actualidad, la Superintendencia del Seguro de Salud. Desde su creación, este
último organismo estaba destinado a perder el control del apetecido Fondo de
Redistribución. Sin embargo, José Luis Lingeri, el ex titular de la Anssal que pasó a
manejar la superintendencia, logró colocar a un hombre de su confianza en la
Administración de Programas Especiales (APE), que pasó a manejar el fondo. Si se
concreta la creación por decreto del ente tripartito, la cúpula sindical deberá
compartir con los empresarios, además del Gobierno, las decisiones sobre el reparto de
casi 30 millones de pesos mensuales, excedente del Fondo de Redistribución que
actualmente se asigna arbitrariamente o bien es absorbido por el Tesoro Nacional. Varias
veces dicha asignación fue puesta bajo la lupa, ya sea por incumplimiento de requisitos
legales o porque, sospechosamente, el grueso de los fondos terminaron beneficiando a los
sindicatos más afines al poder: ferroviarios, metalúrgicos, bancarios, mercantiles y del
seguro. |
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