OPINION
Las otras pruebas
Por Mirta Mántaras |
El
Consejo de la Magistratura debe resolver el pedido de remoción del juez federal de Santa
Fe, Víctor Brusa, acusado de varios hechos, entre ellos, el de intimidar a víctimas del
plan genocida impuesto en 1976, que lo reconocieron como la misma persona que concurría a
los centros de detención instalados en dependencias policiales. Brusa se mantuvo seguro
en su negativa, lo que alivió a algunos consejeros. Era esperable: algunos de ellos lo
ascendieron a juez federal en 1992 pese a que ya existían estos testimonios. Pero lo que
la lógica no puede resolver es por qué estas personas que reviviendo lo ocurrido más de
20 años atrás siguen insistiendo y buscando justicia (Brusa entonces era empleado y
secretario de la “Justicia”), pese a la impunidad reinante. La Cámara Federal
que juzgó a los ex comandantes tomó posición con relación a los límites probatorios
que ofrecen los testigos secuestrados, en estos términos: “La declaración
testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de
ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos
que no dejan rastros de su perpetración o se cometen al amparo de la privacidad. En tales
supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera clandestina en
que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el
anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto”. Ante su cerrada
negativa, fue preguntado Brusa sobre el porqué, entonces, estas personas, coinciden en
las denuncias en su contra; y contestó: “Porque los hechos no ocurrieron”.
Es la misma respuesta que tantas veces se vio en las causas por violación de los derechos
humanos: la confianza en que los testigos no podían traer una prueba absoluta
habilitaría la presunción de inocencia. Por eso al juzgarse a los ex dictadores se
evaluaron junto a los dichos de las víctimas otras pruebas documentales: los reclamos de
los familiares, los “hábeas corpus”, la constancia de la prisión sufrida por
los denunciantes y el contexto en los cuales actuaron los ejecutores, instigadores o
autores mediatos. El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene estos antecedentes
para desentrañar la verdad que pudo haberse ocultado mediante un sistema que permitía la
impunidad. La falta de garantías judiciales perjudica hondamente al pueblo, ya que es
justamente adonde va a buscar justicia, por eso la sospecha que recaiga sobre los jueces
es letal para la democracia. Quizás el Consejo de la Magistratura necesite escuchar a sus
representados (fax 43715700) sobre un tema tan importante como el transparente ejercicio
de la función judicial.
* Abogada de Derechos Humanos |
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