Por Victoria Ginzberg Esperó unos momentos antes de
sentarse en uno de los confortables sillones de la sala de audiencias del Consejo de la
Magistratura. Recién se acomodó después de que los fotógrafos dispararan unas cuantas
veces sobre su figura de hombre flaco, canoso y bronceado. Luego, leyó su descargo. El
juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa rechazó ayer haber tomado declaraciones en
centros clandestinos y haber obligado a detenidos a firmar testimonios obtenidos en la
tortura durante la última dictadura militar. También negó haber sido la persona que
atropelló a un nadador en la laguna Setúbal. Los consejeros evaluarán mañana la
situación del juez.
Apenas se sentó, Brusa se pasó la mano por la nariz, se calzó los lentes y comenzó a
leer. En su descargo, analizó los tres temas que la Comisiónde Acusación del Consejo
está analizando para considerar si eleva su caso al plenario del organismo y luego al
Jury de enjuiciamiento: el accidente en la laguna Setúbal, un fallo en que fijó
honorarios altísimos para un abogado y su participación en la represión ilegal.
"Se oye francamente ridículo sostener que un sistema represivo necesitaba de un
simple empleado judicial para obtener falsas declaraciones", aseguró Brusa como si
el accionar de la última dictadura no hubiera escapado a la racionalidad. El juez, que
está procesado en la causa por genocidio y terrorismo de Estado que lleva adelante el
magistrado español Baltasar Garzón, intentó descalificar a los ocho ex detenidos que
declararon ante el Consejo. Ellos aseguraron que fueron obligados por Brusa a firmar
declaraciones obtenidas bajo tortura y fueron amenazados con que volverían a ser
maltratados si no acataban sus órdenes cuando estaban detenidos en la Comisaría 4ª de
Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), lugares en los que funcionaron
centros clandestinos.
"Como yo me negaba a firmar la acusación, el doctor Brusa amenazaba con que los
guardias volverían a interrogarme. Los presos que estaban en las otras celdas me
confirmaron que ése era el procedimiento habitual: torturas, declaraciones forzadas,
interrogatorio de Brusa que se transformaba en una nueva sesión de tortura si era
necesario", atestiguó José Schulman. El juez calificó de "falaces" e
"indemostrables" las palabras de los testigos y aseguró que nunca entrevistó a
nadie que no estuviera a disposición de algún juez. Afirmó "no recordar",
debido al paso del tiempo, si había estado alguna vez en la Comisaría 4ª de Santa Fe o
en la GIR y remarcó que en 1976 y 1977 él era un simple "escribiente" que fue
nombrado secretario en abril de 1978. Sin embargo, durante la audiencia se leyó la
desgrabación de una entrevista radial en la que el magistrado aceptaba haber concurrido a
la GIR, aunque rechazaba que hubiera sido un centro clandestino, tal como consta en el
Nunca Más. Por los dichos de Brusa, todo parecía una conspiración montada en su contra.
"Los hechos no ocurrieron", dijo, nervioso pero contenido, cuando se le
preguntó porqué se inventaría una acusación de este tipo. Mientras Brusa negaba en la
cara de Patricia Isasa una de sus víctimas su participación en la
represión, entró a la sala Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
con su pañuelo blanco en la cabeza. En relación con el accidente de la laguna, Brusa
aseguró que los argumentos del pedido de juicio político presentado en noviembre de 1997
por los diputados Alfredo Bravo y Elsa Combes perdieron actualidad. "Las actuaciones
no tienen validez porque se declararon nulas", dijo Brusa. Pero se le recordó que si
bien esa causa comenzó de cero a principios de este año, el juez que tiene actualmente
el expediente, Raúl Candioti, pidió su desafuero en abril para indagarlo por
"lesiones graves culposas". El delito se habría cometido el 8 de noviembre de
1997 en la laguna de Setúbal, cuando un hombre canoso en una lancha blanca atropelló al
nadador Miguel Pedernera y huyó. Pedernera fue rescatado a dos metros bajo el agua con
una fractura de cráneo. Posteriormente, varios testigos identificaron al "hombre
canoso" como el juez federal de Santa Fe. "Niego haber participado en este
desgraciado accidente", aseguró Brusa ayer. Por último el magistrado se remitió al
expediente en el que reguló honorarios por casi 16 millones de pesos a favor de la
Sociedad Médica de Santa Fe. El juez dijo que si bien la Cámara de Rosario bajó los
dividendos (a 800 mil pesos), éste no sería un motivo para ser acusado por "mal
desempeño".
Brusa se retiró de los tribunales después del mediodía. Al salir se encontró con la
bandera de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y varios miembros de los
organismos de derechos humanos que lo despidieron al grito de "rata",
"cómplice" y "asesino".
Los miembros de la Comisión de Acusación del Consejo se reunirán mañana para analizar
la situación del juez y decidir si se cita como testigo a Víctor Monti, el otro
secretario del juez Fernando Mántaras durante ladictadura. La colaboración de Brusa con
la represión, no sería causal directa para su remoción ya que los senadores que en 1992
dieron su acuerdo para que fuera nombrado conocían sus antecedente. En ese momento los
justicialistas Deolindo Felipe Bittel, Julio Amoedo, Remo Constanzo, Rogelio Nieves y
Alfredo Benítez votaron a favor y Luis León, Edison Otero, Adolfo Gass y José Antonio
Romero Feris se opusieron. Una acusación por este tema podría ser interpretada como la
revisión de un acuerdo dictado por el Senado, algo que escaparía a las atribuciones del
Consejo.
La participación de Brusa en interrogatorios ilegales, en cambio, tendría influencia
para acreditar algo que sucede actualmente: el desprestigio de un juez que ya tuvo que
afrontar varios escraches. Brusa, que sabía de esta estrategia, hizo llegar al Consejo
una lista con firmas en su apoyo. Pero por la tarde el organismo empezó a recibir faxes
en los que se pedía su destitución. Otro elemento clave para la situación de Brusa es
el pedido de desafuero realizado por el juez Candioti en abril. Los jueces deben responder
este requerimiento rápidamente ya que la causa por el accidente prescribe en dos meses.
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