DENUNCIAS DE COIMAS SE CRUZAN EX FUNCIONARIOS AL FINAL DEL MENEMISMO
Los constructores pagan peaje

Guillermo Laura, autor del frustrado Proyecto 10 de autopistas, acusó a Roberto Dromi por cobrar coimas para adjudicar rutas por peaje, y a una red de soborno integrada por constructores y concesionarios viales. Las concesiones de rutas por peaje resultaron la última piedra del escándalo del menemismo. Se habrían pagado 5 millones de coimas.

No quedó un ladrillo sobre otro. A tres meses de la salida del actual gobierno, estalló el escándalo de las coimas en los contratos de concesión de rutas por peaje firmados nueve años atrás. Guillermo Laura, ex directivo de Sideco (grupo Macri) y de Dycasa (empresa española), acusó a la Cámara Argentina de la Construcción de haberse “manejado en base al soborno sistemático de funcionarios y al silencio de la mafia”, asegurando que desde ese ámbito se han digitado todos los contratos. Involucró en forma directa a sus ex empleadores y a los grupos Roggio y Techint. Le imputó al ex ministro Roberto Dromi haber recibido 5 millones de dólares por la asignación de dichos contratos y al actual secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna, haber comprometido a los concesionarios en el pago de otros 200 millones de dólares para conseguir su renegociación que, según el denunciante, se destinarían a financiar la campaña electoral. Dromi le replicó que se trataba de “una difamación solemne”, que si fuera cierta, se estaría ante “una mafia, una asociación ilícita en delitos no excarcelables, de la cual no salimos ninguno, ni los empresarios, ni yo ni él tampoco, por encubridor, porque lo supo y lo calló, y además trabajó con esos corruptos”. El tema no termina ahí: la denuncia está presentada en la Justicia, y, según pudo averiguar Página/12, para la semana próxima los denunciantes prometen llevar a los tribunales, junto a Laura, a otros empresarios “arrepentidos”, supuestos testigos del pago de coimas.
“Nadie tiene la vida comprada. Si a mí me pasa algo, por lo menos que quede mi testimonio ante escribano público de cómo ha sido este proceso corrupto de las concesiones”, expresó ayer Guillermo Laura, un ex funcionario del intendente municipal de la última dictadura Osvaldo Cacciatore. Relacionó la muerte de Alfredo Yabrán, la fuga de Raúl Moneta, y el encarcelamiento de Juan Trilla, José Manuel Pico y Raúl Romero Feris con el caso que denunció. “Cuando se juntan, se ve que no son hechos aislados, sino que forman parte de una corrupción que es impagable”, comentó.
Laura fue el autor del Proyecto 10, que había entusiasmado al presidente Menem con la idea de construir 10 mil kilómetros de autopistas en todo el país, financiado con un aumento del impuesto a los combustibles, que prometía terminar con el desempleo. La obra, cuestionada por sus aspectos faraónicos, quedó en la nada. Pero su concreción hubiera significado la rescisión de los contratos por peaje, lo que enfrentó a Laura con el lobby de los dueños del peaje.
Los contratos de concesión por peaje fueron adjudicados en 1990 por el entonces ministro Roberto Dromi, y obligaban a los adjudicatarios al mantenimiento y mejora de las rutas a cambio de lo que recaudaran en las cabinas, que más de un análisis consideró arbitrario y oneroso. Sin embargo, en el último año los contratistas obtuvieron el reconocimiento de deudas por 200 millones de pesos y la extensión de los contratos, pero a cambio de bajar las cuestionadas tarifas. Estas gestiones estuvieron a cargo del actual secretario, Raúl Costamagna.
“Tengo testigos de que hubo coimas”, declaró ante Página/12 Roberto Azareto, titular de la Asociación de Defensa de Usuarios de Servicios Públicos, que en marzo de este año presentó la denuncia a la Justicia. Azareto aseguró que Rodolfo Perales, presidente de la Cámara de Concesionarios Viales, fue quien abonó el soborno de cinco millones de pesos al entonces ministro Dromi y que Eduardo Baglietto, directivo de Techint y actual presidente de la CAC, “llamaba a cada empresa para decirle cuándo tenía que poner su parte”.
“En el momento de hacer la denuncia, cuestionamos los contratos, pero teníamos algunas dudas sobre las coimas”, relató Azareto, dirigente además del Partido Demócrata porteño. “Ahora tenemos nuevos testigos dispuestos a sostener lo que saben, hay algunos arrepentidos entre los que pertenecieron a las empresas”, agregó. Y prometió denunciar otros contratos de adjudicación. Entre ellos, el de la Ruta 2, “que ya fuepagada totalmente por el gobierno bonaerense, que por recaudación de peaje ya se pagó otra vez y durante la vigencia del contrato se va a pagar dos veces más”.
Según la descripción del trámite licitatorio en la que coincidieron Azareto y Laura, las empresas constructoras acordaban en la CAC la distribución de los contratos, reunían el dinero para sobornar a los funcionarios y “se fijaba el sistema de puntaje para establecer el orden de mérito de los oferentes cuando ya se habían abierto los sobres con las cotizaciones”. En palabras de Azareto, “acá hay un pacto de impunidad para proteger un nivel de corrupción que hace inviable económicamente este país; por este camino, corremos el riesgo de convertirnos en una república bananera”. Señaló, además, que estas operaciones habían sido encubiertas por “campañas de prensa bancadas desde la Jefatura de Gabinete, la CAC y la Cámara de Concesionarios Viales, que contrataron al consultor Marcos Victorica y Urquiza para ejercer un lobby periodístico”.
En su denuncia, Azareto señala que “la licitación fue un verdadero negociado”, que “las tarifas fueron notoriamente exageradas” y, además, el Estado ejerció “un ineficaz control del cumplimiento de las obligaciones”. Como consecuencia, señaló a este diario, siguen produciéndose accidentes que serían evitables, con muertes que equivalen a “un accidente de LAPA cada cuatro días”.
Laura también cargó contra la renegociación de contratos, que extienden su vigencia hasta el 2003. “Acá hay una promesa de pagar una coima cuando los contratos sean ratificados por el Poder Ejecutivo”, señaló. ¿De cuánto es la coima? “De 200 millones”. ¿Quién la percibe? “Raúl Costamagna. El es quien firmó los contratos, pero todavía no los cobró”, dijo en un contrapunto con la prensa. “Es el negociado más grande del que yo tenga noticias”, agregó.

Los concesionarios se defienden de las acusaciones
Se quebró un pacto de silencio

Los empresarios acusados por Guillermo Laura de pagar siete millones de dólares en coimas al ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, para ganar concesiones viales, le salieron al cruce. Eduardo Baglietto, el número dos del grupo Techint, aseguró que “las declaraciones de Laura son absolutamente falsas” y prometió accionar legalmente contra el empresario.
Carlos Corach dijo que el denunciante debería presentarse ante la Justicia. Y Raúl Costamagna, secretario de Obras Públicas, prometió llevar a Laura a Tribunales. “No entiendo cuál es el objetivo de semejante agravio”, se defendió.
“Estas difamaciones se originan en mi lucha por impedir que un proyecto irracional, como el Proyecto 10, pudiera concretarse, por los graves daños que le hubieran provocado a nuestro país”, añadió Baglietto al referirse al plan para construir autopistas ideado por Laura.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) calificó como “afirmaciones calumniosas” los dichos del empresario. Y adjudica el “ataque” a la histórica confrontación mantenida entre la CAC y Laura en relación a los planes para construir autopistas.
“Si tiene algo concreto, que se presente a la Justicia”, señaló Corach. “A mí no me consta que se hayan pagado coimas”, agregó huidizo.
Los concesionarios viales también salieron con los tapones de punta. Acusados de ser “el cerebro” del pago de las coimas, la cámara que los agrupa apuntó que Laura “no tiene en cuenta que este proceso licitatorio, que comenzó en 1990, contó con la precalificación inicial de 152 empresas nacionales y extranjeras, ni que para llevarlo a cabo se recibieron 114 ofertas correspondientes a 147 empresas”. En su denuncia, Laura apuntó que Rodolfo Perales, actual titular de la cámara, “era la persona encargada de recaudar” los fondos para coimear a Dromi.

“El soborno de concesionarios a
los funcionarios es sistemático”

Por David Cufré

Guillermo Laura trabajó a principios de los ‘90 para los grupos económicos más poderosos del país. Asesoraba en el negocio de la concesión de rutas por peajes, entre otros, a los máximos ejecutivos de Techint, Sideco (Macri), Pérez Companc y Roggio. Ahora denuncia públicamente a sus antiguos empleadores y a funcionarios menemistas. A Página/12 le dijo que la Cámara de la Construcción se maneja con códigos mafiosos y que no entiende por qué Carlos Menem aceptó la renegociación de contratos demandada por las empresas viales. También denuncia a la ortodoxa consultora FIEL de haber sido comprada por aquellos empresarios. El cóctel de corrupción se completa, según acusa, con la utilización de dinero de los sobornos para el financiamiento de la política.
–¿Teme por su vida?
–La Cámara Argentina de la Construcción se ha manejado tradicionalmente en base a dos piedras fundamentales. La primera es el soborno sistemático de funcionarios. Y la segunda, la omertá, que es el silencio de la mafia. Así se manejan, pero no mandan a matar. De todos modos, nadie tiene la vida comprada. Por las dudas, si me pasa algo, dejo mi testimonio ante escribano público de cómo ha sido el proceso corrupto de las concesiones viales.
–¿Cómo interpreta que Carlos Menem haya aceptado la renegociación de los contratos que pedían las concesionarias?
–El lobby contra el Proyecto 10 fue tan grande que finalmente debilitó la decisión del Presidente. Esa es mi interpretación. Yo relato los hechos objetivos. El Gobierno prometió construir 10 mil kilómetros de autopistas y eliminar los peajes. En lugar de eso, congeló el Proyecto 10 y decidió renegociar una prórroga a los peajes. ¿Cuál es la explicación? No lo sé.
–Su denuncia es que por esa renegociación de contratos, el secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna, recibirá un soborno de 200 millones de dólares. ¿Son para él o simplemente es la cara visible?
–La coima todavía no se pagó. Es un compromiso de palabra. Costamagna es el que firma los contratos, pero el pago está sujeto a que sean ratificados por el Poder Ejecutivo.
–¿Quiénes supone que se beneficiarán con los sobornos?
–Estoy convencido que todo esto lamentablemente se vincula al financiamiento de la política. Se dice que las campañas van a costar 200 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? Sale de la renegociación de los peajes. Hoy las carreteras soportan el peso de los camiones y el peso del financiamiento de la política. Elisa Carrió (diputada por la Alianza) dijo en televisión: “Estoy asqueada de cómo se financia la política en base a sobornos que se pagan con motivo de la renegociación de las concesiones”. Y agregó: “Nosotros también participamos, somos parte del sistema”. Al final, dijo una frase que a mí me parece histórica: “En algún momento, los políticos nos vamos a tener que reunir para discutir si vamos a seguir gobernando para las cuatro empresas que nos financian la política, o vamos a gobernar para el pueblo argentino”. El día que los políticos gobiernen para el pueblo, vamos a tener autopistas libres de peaje y no caminos con retorno.
–La otra parte de su denuncia, contra Roberto Dromi, es por hechos que ocurrieron en 1990. ¿Por qué eligió este momento para hacerla pública?
–Es que estas denuncias se hicieron hace tiempo. El diputado Alberto Natale escribió un libro contando todo ésto hace varios años. Nadie le llevó el apunte, porque había una total apatía por estos temas. El propio Gianfranco Rizzo, presidente de Impregilo y responsable de Yacyretá, ha dicho públicamente que el 90 por ciento de la obra pública en Argentina se hace con corrupción.
–¿Tiene pruebas documentadas del soborno que dice que cobró Dromi?
–Lo que le voy a decir al juez es que asesoraba a las empresas de peajes. Trabajaba para Techint, Sade (por entonces de Perez Companc),Macri y Roggio, entre otras. Tenía conocimiento de lo que pasaba porque asesoraba al más alto nivel.
–Otro costado de su denuncia es que la Cámara de la Construcción le pagó a economistas para que opinaran en contra del Proyecto 10. ¿A quiénes?
–La CAC le entregó a la agencia de prensa de Marcos Victorica y Urquiza 4,5 millones de dólares para que comprara periodistas y consultores. Entre ellos estaban Juan Luis Bour y Daniel Artana, economistas de FIEL. En general todo el equipo de FIEL se movilizó en contra del Proyecto 10. Bour escribió en un matutino que era más rentable para el país construir pirámides en Buenos Aires, que hacer autopistas absolutamente inútiles. Eso fue en abril del ’98. Seis meses después, la CAC contrató a FIEL para hacer un estudio económico sobre las ventajas del sistema de peajes. Y ahora los contrataron de nuevo, para la convención que se hace la semana que viene.
–¿Le asigna alguna responsabilidad a Roque Fernández en la renegociación de los contratos, teniendo en cuenta que Costamagna está bajo su mando?
–Creo que como está tan abrumado con tantos problemas, a lo mejor no tuvo tiempo de ocuparse de este tema y lo delegó en Costamagna.

“NO SALIMOS NINGUNO, NI LOS EMPRESARIOS, NI YO, Y EL TAMPOCO”
A confesión de partes, relevo de pruebas

Por Cledis Candelaresi

“Un razonamiento ético: si yo he recibido 7 millones de dólares de soborno, me lo dieron los empresarios. Entre esos empresarios están los mismos para los que él (por Laura) ha trabajado. Si soy culpable, también lo son los empresarios y él, que ha sido empleado hasta hace unos días de (Francisco) Macri y de Dycasa.” Roberto Dromi empezó así su catarsis. Y continuó: “El hizo una difamación solemne. En el fondo es una mafia, una asociación ilícita de delitos no excarcelables. No salimos ninguno, ni los empresarios, ni yo, y él tampoco”. A confesión de partes. Finalmente, Dromi amenazó con querellar a Guillermo Laura y lo desafió a probar que él cobró coima. En diálogo con Página/12 afirmó que el autor del plan para tender diez mil kilómetros de autopistas sólo busca vengarse de las grandes constructoras que no lo acompañaron en ese proyecto.
–Esa denuncia es producto de un desquiciado. Si las cosas fueran como él las plantea, es un encubridor, un partícipe necesario de los delitos que denuncia. ¿Por qué lo calló durante diez años?; ¿por qué fue empleado de los corruptos que pagaron coimas? El trabajó para Macri y durante su gestión en Autopistas del Sol la tarifa aumentó de 1,00 a 1,30 peso. Creo que, en el fondo, busca defender su proyecto de autopistas. En setiembre de 1997 acudió al monseñor (Antonio) Quarracino para que la Iglesia intercediera a favor de su propuesta.
–¿Y cómo terminó esa gestión?
–Mal. Lo sacaron como rata por tirante. Las concesiones de rutas por peaje ya fueron analizadas entre 1990 a 1994 por el respetable juez Martín Irurzum, quien no detectó ninguna irregularidad.
–Pero en esa causa no se lo acusaba de haber recibido coimas.
–No. Pero no se encontró nada irregular en la licitación. Yo no estoy ni estuve procesado por nada, mientras que Laura, funcionario de una dictadura que produjo 30 mil desaparecidos, está procesado por las irregularidades en la contratación de Interama. Busca la paja en el ojo ajeno cuando tiene la viga en el propio. Además, habla de una mesa de la CAC. Pero nada dice de la UAC, que integraban Techint, Macri y Roggio, las principales beneficiarias de las concesiones por peaje.
–No queda claro el rédito que busca Laura con la acusación.
–Me implica a mí para pegarles a otros. Tal vez a las empresas que no aceptaron su proyecto. Quizás le hizo mal la jubilación prematura y de privilegio de 3500 pesos que cobra desde hace algunos años.
–¿Laura tiene buenos contactos en el Gobierno?
–Lo que Laura quiere es voltear el peaje. ¿Pero usted cree que el Gobierno se enfrentará con Macri, Roggio o Techint para defender el proyecto de las autopistas? Si imagina eso le hace falta un psiquiatra y yo voy a seguir dándole sin piedad.
–¿No cree que las condiciones tan ventajosas en las que usted concesionó las rutas hacen que las acusaciones de Laura suene creíbles?
–La Argentina de los 90 era otra. Había que buscar inversores.
–¿Lo conoce a Rodolfo Perales?
–Lo he visto una o dos veces en mi vida. Cuando era ministro de Obras Públicas creamos una mesa de trabajo para consultas con el sector en la que él asistía.
–¿Piensa hacer alguna presentación en la Justicia?
–Lo voy a querellar por injurias pero también por una falta penal más grave aún, porque él sería cómplice. Tendrá que demostrar que la plata me la dieron a mí. Quizás su propósito sea extorsionar.
–¿A quién?
–Tal vez esté pasando una factura a las empresas que no lo acompañaron en el negocio de las autopistas. Y pretende enfrentarlas con un librito. Pero para todas esas empresas el peaje es un negocito de monedas.

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