Por Adriana Meyer La Cámara Federal porteña
rechazó ayer todos los argumentos de los ex jefes militares acusados en la causa que
investiga la apropiación sistemática de menores durante la dictadura. Los camaristas
Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani consideraron que ese delito no está prescripto ni
fue juzgado durante el juicio a las Juntas como pretendieron Emilio Massera y Jorge
Videla. Además, ratificaron la competencia del juez federal Adolfo Bagnasco en el caso
aunque anularon los procesamientos que el magistrado había dictado en enero. Ayer había
cierta excitación en el segundo piso de los tribunales federales de Retiro por la
aparición de una “resolución histórica”, tal como la calificaron quienes la
elaboraron.
Más allá de esta euforia, el fallo –que adelantó Página/12 el 20 de julio–
consolida los procesos abiertos por delitos aberrantes cometidos por los represores, que
creían haber encontrado impunidad perpetua en los indultos y en las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final.
La Cámara no se pronunció sobre la prisión preventiva que Bagnasco le había dictado a
los imputados Jorge Videla, Emilio Massera, Jorge “Tigre” Acosta, Cristino
Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco, Héctor Febres y Antonio Vañek. Es decir que
–por ahora– no recuperarán su libertad, aunque es previsible que una de las
consecuencias de esta medida serán los pedidos de excarcelación que presentarán los
abogados de los represores. Pero la respuesta de Bagnasco será volver a citarlos a
declaración indagatoria como le ordenaron sus superiores, tal como aseguró a Página/12
un funcionario clave de la investigación. “La nulidad del procesamiento no implica
la liberación de los detenidos”, explicó. De todos modos, a excepción de Febres y
Acosta, todos gozan del beneficio del arresto domiciliario.
“Es un vuelco en la jurisprudencia penal argentina porque consagró los principios
fundamentales de la causa. Ahora es cuestión de emprolijar algún aspecto. La Cámara
podría haber dicho que las conclusiones del juez eran insostenibles pero el
pronunciamiento resultó neutro con respecto a la prueba. Y el rechazo de los planteos de
los militares involucrados empeora la situación del resto de los imputados como Carlos
Suárez Mason o Leopoldo Galtieri. Se les van cerrando los caminos”, opinó Alberto
Pedroncini, uno de los abogados de la querella.
El planteo sobre la prescripción del delito de sustracción de menores es el que
implicaba más riesgo para la continuidad de estos procesos porque hubiera truncado todas
las que tienen el mismo objetivo que la de Bagnasco. Los camaristas entendieron que es un
delito permanente y un crimen contra la humanidad, tal como lo establece la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que fue incorporada a la
Constitución nacional en 1994. El argumento sobre la “cosa juzgada” había
tenido su sustento en la sentencia del juicio a las Juntas que absolvió a los ex
comandantes. Riva Aramayo y Vigliani consideraron que se trata de “nuevos
hechos” que nunca fueron juzgados.
La competencia de la justicia militar a través de la intervención del Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas (Consufa), pretendida por Videla y Acosta, fue rechazada en base a la
misma Convención, que prohíbe la intervención de tribunales militares para juzgar
“hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas”. “No
se advierte violación alguna a la garantía del juez natural”, dice la resolución a
la que Página/12 tuvo acceso, en alusión a uno de los argumentos de la defensa de Videla
y del fiscal Pablo Quiroga. En relación al caso específico de Videla, fue confirmado lo
actuado por el juez Roberto Marquevich, pero ese expediente quedó en manos de Bagnasco,
tal como ya lo había decidido la Cámara Federal de San Martín.
La competencia de Bagnasco también fue ratificada por el rechazo del planteo de Massera,
quien intentó que el expediente pasara a manos de la jueza federal María Servini de
Cubría, que investiga desde hace variosaños casos de apropiaciones. “Todo queda en
su lugar, Servini sigue con sus casos y Bagnasco continúa con la investigación de la
práctica sistemática”, indicó la fuente. Y el otro respaldo que recibió el
magistrado fue el rechazo de la Cámara de todas las recusaciones contra Bagnasco y de
todos los planteos de nulidad que habían presentado los representantes de los militares.
Aunque por un lado sostuvo la continuidad de la causa, la Cámara Federal determinó la
nulidad de los procesamientos que había dictado Bagnasco y le ordenó que vuelva a
indagarlos “por hechos concretos”. “No fueron interrogados por los 194
casos de apropiaciones por las que los procesó, las preguntas fueron genéricas”,
explicó a este diario un funcionario del tribunal. “La ampliación de las
indagatorias se hará puntualizando los hechos que se les imputa a cada uno, lo cual es
una cuestión formal”, fue el comentario recogido en el juzgado de Bagnasco. Los
camaristas no se expidieron sobre la práctica sistemática de apropiación de los hijos
de los desaparecidos ni sobre la garantía de impunidad que dio la última Junta Militar a
los delitos cometidos.
La resolución de la Cámara frenó el impulso que venía teniendo el proceso iniciado en
diciembre de 1996 por seis Abuelas de Plaza de Mayo, a las que luego se sumaron el
escritor Juan Gelman y la madre uruguaya Sara Méndez, porque el denominado
“capítulo ESMA” de la investigación (referido a la maternidad clandestina que
funcionó en ese centro de detención) ya estaba en condiciones de ser elevado a juicio
oral. Ahora los imputados volverán a desfilar por los tribunales, seguramente cuando
Argentina tenga nuevo gobierno. Aquel proyecto de Riva Aramayo de armar una suerte de
juicio a las Juntas II que concentraría todos los procesos en marcha para evitar la
excesiva exposición pública que estaban teniendo los ex jefes militares ha quedado en
las antípodas de la reciente decisión.
| Riva, feliz “La jueza menemista puso orden en la causa de los militares”, es la
frase que Luisa Martha Riva Aramayo hubiera querido ver en las tapas de los diarios de
hoy, según confió a este diario su más estrecho colaborador. “Es un buen fallo
para coronar este período”, dicen que dijo ayer, exultante de alegría, mientras
corregía las últimas comas a la voluminosa resolución. Quienes la conocen, afirman que
las decisiones de la jueza en esta causa fueron tomadas hace tiempo y aseguran que
“quería lucirse ella sola”. Es por eso que limó las asperezas que la
distanciaron de su compañero de sala, Horacio Vigliani, y prefirió sentarse a negociar
con él cada aspecto del fallo para evitar a toda costa tener que integrarse con alguno de
sus compañeros de la sala II, Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun. Aunque
es sabido, y ahora reconocido, que llegaron a ocupar su despacho del segundo piso de
Comodoro Py de la mano de Carlos Menem, hasta sus adversarios reconocen que “son de
carrera”. |
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