Por Horacio Verbitsky La decisión del candidato
presidencial de la Alianza, Fernando De la Rúa de permitir que se levanten en el predio
de la Sociedad Rural edificaciones prohibidas por el Código de Planeamiento de la Ciudad
plantea en forma dramática las relaciones entre el poder económico y la política. La
empresa que ejecuta las obras ilegales, y que también integra el consorcio que administra
los aeropuertos nacionales y explota un hotel de lujo con casino en Iguazú, aportó
100.000 dólares a la campaña electoral del Frepaso, que lo admite, y probablemente el
doble a la de la UCR, que lo niega. Es teóricamente posible pero prácticamente
improbable que una empresa apoye sólo al socio minoritario de una coalición. Ante la
consulta de este diario el jefe de campaña de De la Rúa, Rafael Pascual, dijo que no se
hizo ningún pedido a esa empresa y que de haberse recibido un ofrecimiento se lo hubiera
rechazado porque está en conflicto con la Ciudad. Pero un íntimo colaborador de Chacho
Alvarez reconoció que la donación para el Frepaso había sido recibida a través de la
Fundación Carlos Auyero, quien volvería a morirse, esta vez de la vergüenza, si supiera
qué usos se dan a su limpio nombre. Aníbal Ibarra, candidato por el Frepaso a suceder a
De la Rúa en el gobierno de Buenos Aires, había anunciado que no votaría una reforma al
Código para favorecer un negocio inmobiliario. Pero ahora el jefe del bloque de
legisladores del Frepaso, Abel Fatala, acusa de fundamentalistas a los vecinos que siguen
oponiéndose al uso indebido de un espacio público. Para completar el cuadro, las obras
son financiadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un crédito por 100
millones de dólares, que motivó la renuncia de un miembro del directorio. Pero otro de
los directores del mismo banco, que representa allí a la Sociedad Rural, integra la lista
de candidatos a diputados nacionales que acompaña al líder justicialista Eduardo
Duhalde. La ingeniería política del emprendimiento fue concebida por el hoy prófugo
escribano Raúl Juan Pedro Moneta, quien luego de conseguir la venta de las 12 hectáreas
a un precio diez veces inferior al de mercado con el argumento de que se trataba de una
asociación sin fines de lucro, diseñó la creación de una sociedad comercial sin otro
fin que el lucro y el comienzo de la presión para suprimir las restricciones legales que
impedían su aprovechamiento como un negocio.
De Sarmiento a Moneta
La Comisión de Vecinos de Plaza Italia, la Asociación Amigos del Lago de Palermo, la
Fundación Ciudad y la Agrupación por una Ribera Natural no demandan menos que la nulidad
de la venta efectuada en 1991. El predio es parte del Parque 3 de Febrero e integra
“el dominio público del Estado Nacional”. Al enviar al Congreso la ley 658, de
creación del Parque, en 1874, Sarmiento sostuvo que su propósito era dar a la población
de Buenos Aires “el ornato y comodidad” que el Bois de Boulogne de París, el
Hyde Park de Londres o el Central Park de Nueva York “ofrecen no sólo a las clases
acomodadas y al extranjero sino a millares de artesanos y sus familias”. Al año
siguiente el predio hoy en litigio fue entregado gratuitamente por 20 años a la Sociedad
Rural. Las sucesivas prórrogas de esa concesión siempre lo mencionaron como parte
“del parque de Palermo”. Como “tierras de propiedad nacional”,
correspondía sólo al Congreso disponer de su “uso y enajenación” (artículo
67, inciso 4º de la Constitución de 1853, artículo 75 inciso 6 en la reforma de 1994).
Pero el presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo lo hicieron por decreto, el
2699/91, que formalizó la venta a la Rural de lo que consideró “un inmueble de
dominio privado del Estado Nacional innecesario para su gestión”. El boleto de
compraventa fijó un precio de 30 millones dedólares, entre cinco y diez veces menos que
su valor de mercado. El entonces presidente de la Rural, Eduardo de Zavalía, reconoció
que los terrenos “pueden valer unos 300 millones de dólares”. Además concedió
condiciones generosas de financiamiento: sólo el 10 por ciento a la firma del boleto y el
resto en diez cuotas anuales, con dos de gracia y el mínimo interés obtenible en el
mercado mundial: la tasa libor.
Vendrán caras extrañas
La razón del bajo precio fue el carácter de entidad civil sin fines de lucro de la
Rural y el compromiso que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un
Centro Internacional de Exposiciones y Congresos. El propio boleto reconocía que las
construcciones planeadas contradecían lo establecido para las zonas parque por el Código
de Planeamiento y decía que la Sociedad Rural “podrá solicitar” al gobierno
municipal la rezonificación del predio “necesaria a efectos de permitir la
realización del proyecto”. La escritura traslativa de dominio se firmó el 27 de
mayo de 1992. El mismo día se constituyó con un capital de 12.000 pesos “La Rural
de Palermo Sociedad Anónima”. La Sociedad Rural Asociación Civil sin fines de lucro
suscribió el 99 por ciento del capital de La Rural de Palermo Sociedad Anónima, cuyo
objeto social es “generar la explotación de ferias, exposiciones y congresos, de
hoteles y locales gastronómicos en todos sus ramos, de espectáculos y de sus afines o
derivados, por cuenta propia o de terceros y/o asociada con terceros, pudiendo a tales
efectos realizar sin limitación toda actividad conexa”. El actual presidente de la
Asociación Civil, Enrique Crotto, fue designado entonces director de la sociedad
comercial y hoy la preside, con lo cual la confusión entre el interés social y el
privado es completa. No es una tarea ad honorem. Por ejemplo, la asamblea de accionistas
de abril de 1997 fijó para él y para los directores Juan Ravagnan y Carlos Hubert una
retribución de 198.749,96 pesos por “sus funciones técnico administrativas”.
Luego de gestionar el negocio, Moneta se convirtió en el organizador de los grandes
eventos de la Rural. A fines de 1993 la Sociedad Rural hizo saber que formaría un
consorcio con el Banco República y el CEI (al que mencionaba como Citicorp, porque suena
mejor) para explotar el predio de Palermo. Las inversiones a realizar ascenderían a 250
millones de dólares. Según la crónica de “La Nación” del 6 de noviembre de
ese año la Sociedad Rural retendría la presidencia, la mitad de los asientos del
directorio y del paquete accionario de la “flamante sociedad, que todo hace suponer
pasará a llamarse La Rural de Palermo SA”, que en realidad ya había sido
constituida un año y medio antes. Desde entonces Moneta tuvo a su cargo la organización
de la exposición anual. También se encargó de la ceremonia de recepción al presidente
de los Estados Unidos y el show de caballos danzarines que Bill Clinton no llegó a ver
porque se durmió como un bebé. En el primer trimestre de 1995, el banquero del poder
llevó a cabo el denominado Disney Animation Festival. El contrato es revelador de un
modus operandi. La Sociedad Rural, representada por Crotto cede las instalaciones a
Moneta, quien no actúa como representante del banco sino de la Fundación Banco
República y a Citiconstrucciones SA, representada por Carlos Basílico. Como
“entidad benéfica sin fines de lucro”, dice el contrato, “Fundación Banco
República suscribe el presente al sólo efecto de apoyar con su nombre y presencia el
esfuerzo de los contratantes, sin efectuar ni comprometer contribución patrimonial alguna
ni asumir responsabilidades u obligaciones”. Demasiado altruismo. Pero
Citiconstrucciones era otra de las empresas de Moneta cuyos accionistas eran República
Propiedades y el CEI.
La crisis financiera que se inició con la devaluación mexicana puso en emergencia al
banco de Moneta, que entonces comenzó a trastabillar hasta caerse este año. Por ello, la
UTE no se constituyó con el Banco Repúblicani el CEI sino con los norteamericanos de
Ogden, el mismo consorcio que administra los aeropuertos nacionales y el casino y hotel
internacional de Iguazú, en la temida triple frontera. Se siguieron anunciando grandes
inversiones, pero ya no volvió a hablarse de 250 sino de 150 millones de dólares. Como
acostumbra el capitalismo de rapiña que se ensaña con estas pampas, el grueso de los
fondos no salen de la inversión de riesgo de los privados, sino de los fondos públicos.
La semana pasada se cumplió un año del otorgamiento a la UTE Ogden Rural de un crédito
por 100 millones de dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la renuncia a
su directorio en desacuerdo de Victorio Migliaro, ex ministro de la Producción de
Duhalde. Migliaro sostuvo que el Banco debía destinar sus recursos al financiamiento de
emprendimientos productivos en la provincia, adujo que no había antecedentes de un
préstamo de semejante monto a una empresa privada y objetó el tratamiento sumarísimo
del expediente, impulsado por el gobernador-candidato, que lleva en sus listas al director
del Banco Provincia por la Rural, Juan Anchorena.
“Demasiada ligereza”
Este año Ogden Rural exhibió el diagrama de las nuevas obras: un gigantesco shopping
de tres pisos, con 18 cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de
música, un teatro para 2.500 personas, centros de entretenimientos y deportes, un parque
de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores, un estadio deportivo con
capacidad para 7.000 espectadores, etc. Mientras no amainen las protestas el consorcio no
insiste con el hotel, que figura entre los objetos sociales de Rural de Palermo Sociedad
Anónima y es una de las especialidades de Ogden. En marzo el secretario de Planeamiento
de la Ciudad Enrique García Espil y el Procurador General Ernesto Marcer objetaron
únicamente la construcción de los cines, una posición conservadora en relación con los
vecinos, que consideran ilegal también lo ya construido y reclaman la nulidad de la venta
del predio. Ogden paralizó las obras aduciendo que sin los cines el proyecto no era
lucrativo.
En abril, De la Rúa fue el invitado de honor a la inauguración del Pabellón de
Exposiciones y se pronunció en favor de la continuidad de las obras “porque la
ciudad debe expandirse y alentar el desarrollo”. De inmediato envió a la Legislatura
el proyecto de ley que desafecta a los terrenos de la Rural de la zonificación como
espacio verde, y en consecuencia torna legítima la edificación ya iniciada. No era esa
su posición, en 1994, cuando desde el Senado se opuso a la cesión de un terreno próximo
a la Rural para que se construyera allí una mezquita. De la Rúa encomió entonces la
negativa del ex intendente de facto Saturnino Montero Ruiz a ceder parte de los bosques de
Palermo para construir la embajada de Alemania. “De esta forma, Buenos Aires pudo
preservar el parque que, por cierto, ha sido invadido de tantas maneras, por
construcciones y alambrados que lo cercan y privan a los vecinos de la libre circulación.
Porque todo se ha donado, todo se ha regalado, todo se ha entregado; es decir, se dispone
del espacio público con demasiada ligereza”.
Cuentas separadas
De la Rúa no sólo envió el proyecto de rezonificación a la Legislatura. También
presionó a los funcionarios municipales que apoyaban a los vecinos, como quienes dirigen
el Centro de Gestión y Participación de la calle Beruti, para que dejaran de hacerlo.
Pero el candidato a sucederlo y vicepresidente primero de la Legislatura, Aníbal Ibarra,
declaró a “Clarín”: “Que a la Rural no le cierren sus cuentas no es
problema nuestro ni del Gobierno porteño. No estamos dispuestos a votar una ley con el
único objetivo de facilitar un negocio”. El jefe de gobierno, junto con su candidato
a vicepresidente, Chacho Alvarez, lo invitaron a acompañarlos en una gira de campaña, al
día siguiente de su declaración. De la Rúa le hizo un sólo comentario. “Vi la
nota. ¡Qué bien!”, le dijo con seca ironía. Alvarez no mencionó el tema. El
bloque de legisladores de la Alianza resolvió integrar una comisión de cuatro o cinco
arquitectos, “para obtener toda la información y tener una visión integral del eje
Plaza Italia-Pacífico y conocer todos los detalles del proyecto”. Su constitución
será anunciada el viernes próximo.
Según las informaciones recogidas por este diario en fuentes de la máxima seriedad,
Ogden aporta a la campaña de las dos fuerzas que integran la Alianza, el doble a la UCR
que al Frepaso. El jefe de campaña radical, Rafael Pascual respondió que “los
aportantes prefieren permanecer en el anonimato”. Pero luego de una consulta con los
encargados de la recaudación de fondos dijo que ni se había pedido ni se hubiera
aceptado un aporte de Ogden, porque “esa empresa está en conflicto con la
Ciudad”. El jefe de campaña nacional del Frepaso, Alberto Flamarique, respondió que
sólo había tenido contacto protocolar con un miembro extranjero del consorcio que le fue
presentado durante una ceremonia en la Sociedad Rural, que no hubo contactos posteriores
ni ofrecimientos económicos. Pero luego un colaborador directo del candidato
vicepresidencial Chacho Alvarez, quien pidió que su nombre no fuera mencionado, confirmó
la existencia de la donación y brindó estas precisiones: “Se trata de un aporte de
cien mil pesos a la Fundación Carlos Auyero destinado a la realización de estudios e
investigaciones. No hay nada ilegal, el dinero se entregó en forma abierta y contra la
firma de un recibo. Ogden contribuyó no como parte del consorcio que construye la Rural,
sino del que tiene a su cargo la explotación de los Aeropuertos”. Consultado sobre
esa información, Ibarra usó palabras parecidas a las de Pascual: “En la Ciudad ni
nos hubiéramos sentado a considerarlo porque estamos en conflicto”.
Casinos abstenerse
Por H. V.
Aníbal Ibarra rechaza la comparación que hacen los vecinos del caso de la Rural con los
escándalos del ex Concejo Deliberante. “En aquella época se votaban las excepciones
de madrugada, sin previa discusión y despuésaparecían torres de 30 pisos en lugares
prohibidos. La Constitución de la Ciudad Autónoma, en cambio, asegura la transparencia.
Si la Legislatura aprueba una excepción, ésta no se convierte en ley en forma
automática. Antes debe realizarse una audiencia pública en la que todos los interesados
expongan su posición. Una vez incorporados esos elementos, la Legislatura vota por
segunda vez. La doble vuelta es un mecanismo de control que impide los abusos del pasado,
más lento, pero más seguro”, dice el denunciante de la Escuela Shopping y la
concesión directa del Velódromo y el Golf. “Lo que dije en abril es que nos
tomaríamos el tiempo necesario para estudiar las bondades o defectos el proyecto y que lo
haríamos en los tiempos de la Legislatura y no en los de la Rural. Cuando me vinieron a
ver los de la Rural les dije lo mismo: no estamos para resolver la situación económica
de nadie. Estamos en setiembre y todavía no hay nada decidido”.
Sobre el proyecto en sí, Ibarra entiende que el problema es consecuencia de acuerdos no
escritos con la Rural. “Les permitieron avanzar aunque lo que estaban haciendo era
ilegal. Pero eso no significa que debamos descartar el proyecto o actuar por venganza.
Debemos determinar el impacto que tendría la construcción de los cines. Si se definiera
que es negativo, no se autorizaría. Pero también puede resultar que sea bueno o neutro.
Esa es una zona muy degradada y debería haber una estrategia pública para mejorarla. En
ese caso habría que estudiar qué contraprestación recibe la ciudad, por ejemplo que la
empresa construya a cambio una escuela en la zona sur”, arriesga.
Según el vicepresidente de la Legislatura, algo similar se discutió esta semana.
“El gobierno nacional donó a la Ciudad 42.000 metros cuadrados de parque, sobre un
total de 60.000. Los otros 18.000 metros cuadrados, que estaban ocupados por un edificio
preexistente, de Obras Sanitarias, los vendió a la Universidad Di Tella que los va a
reciclar. Tal vez el gobierno nacional los malvendió, pero nosotros lo único que podemos
hacer es analizar el proyecto. Si quieren poner un casino, no lo vamos a aprobar”. |
Un fundamentalista
Por H. V.
Uno de
los vecinos más activos en el reclamo contra las obras ilegales es Pedro Kesselman, de 60
años, ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, de la que sigue
integrando su comisión directiva. Además, es secretario general del Colegio Público de
Abogados de la Capital. Lejos de ser un adversario, Kesselman era un compañero de Chacho
Alvarez, quien lo invitó a integrar la lista del Frente Grande para las elecciones de
convencionales constituyentes de 1994 por su actuación como defensor de trabajadores. Era
el tiempo en que el Frente Grande se interesaba por representar a los sectores sociales
castigados por la política económica vigente.
Kesselman fue quien descubrió la doble personalidad de la Rural. En 1996 envió una carta
documento a Crotto protestando por los ruidos molestos de un parque de diversiones montado
en el predio. Le respondieron que el derecho de usufructo había sido transferido a las
sociedades que integran la UTE, por lo que “la Sociedad Rural ha dejado de tener
responsabilidades y vínculos operativos o administrativos sobre el predio ferial”.
Como miembro de la comisión de vecinos que exige el cumplimiento de las normas vigentes,
Kesselman visitó en la Legislatura al jefe del bloque del Frepaso, Abel Fatala. La
primera sorpresa fue ver que salían del despacho de Fatala los mismos representantes de
Ogden Rural a quienes habíaenfrentado en una reunión de vecinos realizada en un colegio
de Palermo. “Tienen derecho de defender su posición, no hay nada malo en que Abel
los reciba, hay que escuchar todas las posiciones”, se dijo. Luego escuchó palabras
que nunca hubiera esperado oír de labios de Fatala.
–Bueno che, al fin y al cabo los vecinos tienen una posición fundamentalista
–dijo.
Kesselman le respondió:
–Sí. Contra la corrupción yo sigo siendo fundamentalista.
También habló con el legislador Roque Bellomo. “Murmuró que no podemos pretender
que demuelan lo ya construido”, dice Kesselman, que compara esta situación con las
famosas excepciones al Código de Edificación, que hicieron la triste fama del ex Concejo
Deliberante, llevaron a la cárcel a su ex presidente José Pico y fueron denunciadas,
precisamente, por Aníbal Ibarra. “En aquella época, además de radicales y
justicialistas había una tercera fuerza que aprobaba las excepciones, y era la UceDé.
Ahora parece que ese papel lo va a cumplir el Frepaso”, cavila Kesselman. La
comisión de vecinos pide que el proyecto de rezonificación sea sometido a voto nominal,
para que cada uno asuma su responsabilidad, y anuncia su decisión de reclamarla ante la
Justicia. Por entregar a la explotación privada espacios públicos está procesado el ex
intendente Carlos Grosso, en cuya lista fue elegido por primera vez diputado Chacho
Alvarez. Dentro de la causa por la ocupación indebida del 20 por ciento de los espacios
públicos del Parque Tres de Febrero en Palermo, el fiscal José María Campagnoli
también investiga la venta del predio dispuesta por Menem y la legalidad de las
construcciones realizadas bajo el gobierno local de De la Rúa. Campagnoli recibió una
denuncia de la Asociación Amigos del Lago y otra del Defensor adjunto del Pueblo de
Buenos Aires, Antonio Brailovsky, quienes solicitaron la nulidad de la venta de las 12
hectáreas.
Hace poco Kesselman se encontró con su ex jefe de bancada en el Club de Amigos, donde
juega al voley. “Chacho estaba en el bar con Machinea. Me presentó como laboralista
y sonrió con ironía. ‘Je, laboralista’, dijo, como si fuera una gracia. Me fui
sin contestarle. Si decía algo, tenía que mandarlo al diablo”. Más que
laboralista, dice, “debería presentarme como un oncólogo social, que sólo puede
ofrecer tenues paliativos para un mal implacable”, razona. “Recibo consultas de
trabajadores a quienes las empresas les reducen 15 o 20 por ciento sus ingresos. Les digo
que eso es ilegal y que si hacen un juicio lo ganan. Me contestan que en ese caso los
echan y no pueden conseguir otro trabajo. Terminan aceptando cualquier imposición”.
Kesselman repasa ahora con otros ojos algunos episodios de la Constituyente. “Yo
estaba en la Comisión de Presupuesto. Figuraban 700 empleados pero yo veía que el
personal que trabajaba eran empleados del Congreso o de la Legislatura santafecina en
comisión. Dije que teníamos que fijarnos bien dónde estaban esos 700 empleados. Chacho
respondió que mejor no nos metiéramos en eso, para no trabar la aprobación del
presupuesto”. La posición de Alvarez fue aprobada sin mayor discusión. “Yo no
me muero por ser diputado, así que te puedo decir algo”, rememora Kesselman:
“Cuidate de los chupachachos”.
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