Para las 5 de la mañana
de hoy, que son las 10 de la mañana en Madrid, está prevista la presentación como
testigo ante el juez Baltasar Garzón del primer alto funcionario del gobierno federal
argentino que en vez de obstaculizar (como hicieron el presidente Menem y los ministros Di
Tella y Granillo Ocampo con el decreto 111/98), colabora con la investigación sobre
terrorismo de Estado y genocidio. El Fiscal General Hugo Cañón será interrogado por el
juez español sobre las constancias de la causa nº 11/86 de la Cámara Federal de Bahía
Blanca, en la que se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la
Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional del Cuerpo de
Ejército V y aquellos producidos bajo jurisdicción de la Armada. Cañón y la Cámara
Federal de Bahía Blanca declararon la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida
del ex presidente Raúl Alfonsín. En uno de esos casos, el de Laura Susana Martinelli,
que estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero apareció muerta en un
“enfrentamiento” con fuerzas conjuntas, Cañón se pronunció también por la
inconstitucionalidad del indulto del presidente Carlos Menem, la Cámara Federal de Bahía
Blanca lo acompañó y la Corte Suprema de Justicia lo revocó. Otros de los casos de la
causa de la Armada todavía están a resolución de la Corte Suprema, que la remitió en
vista al Procurador General de la Nación en julio del año pasado. Pero ahora la Cámara
Federal, a requerimiento de Cañón, solicitó la devolución de esas actuaciones porque
ha decidido continuar los juicios hasta esclarecer el destino de los desaparecidos y el de
los niños nacidos en cautiverio.Sus actitudes le valieron presiones y represalias, igual
que a Aníbal Ibarra, que fue el otro fiscal que se pronunció por la inconstitucionalidad
del indulto. Cuando opinó por la inconstitucionalidad del Punto Final, Cañón fue
apercibido por el Procurador Juan Gauna, con el indulto el secretario de Justicia César
Arias ordenó sumariarlo y envió en su reemplazo a Bahía Blanca al fiscal de la Capital,
Norberto Quantín, quien antes de descubrir los males de la corrupción era un militante
ideológico de la ultraderecha prodictatorial pero también un obediente
administrativista, como Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. A raíz de su dictamen,
Cañón fue citado por el entonces Procurador Oscar Alfredo Roger. “Me habían dicho
que usted había dictaminado así porque tiene un hijo desaparecido”, comenzó el
Procurador. “Le han informado mal”, respondió Cañón, cuyos hijos nacieron
después de los hechos de la causa en la que dictaminó. Roger admitió la seriedad
jurídica del dictamen, confesó que había sido designado en ese cargo por su amistad con
Menem, dijo que la cuestión no era jurídica sino política y reflexionó sobre la
necesidad de un Poder Judicial independiente formado por funcionarios fieles a sus
convicciones como Cañón. Ante el asentimiento de Cañón, relativizó sus afirmaciones:
“Eso sería lo ideal, pero en nuestro país no es posible”. Con gente como él,
claro que no.Cuando vuelva de China y termine de desempacar las compras, el Procurador
General Nicolás Becerra deberá decidir si aprueba o sanciona la decisión de Cañón,
quien no pidió permiso para cumplir con su deber. Por si Becerra no sabe con quien
deberá tratar, vale la pena reproducir algunas líneas que llevan su firma y que están
entre las más dignas escritas por el Poder Judicial en toda su historia. Su dictamen
sobre la inconstitucionalidad del indulto se abre con una cita del escritor alemán Herman
Hesse: “Es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro
interés, incluso los de la Patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la
verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el
individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir
el ansia de verdad, y erigirla en nuestro máximo artículo de fe”. Con el Cañón
Hugo no se juega.
Para las 5 de la mañana
de hoy, que son las 10 de la mañana en Madrid, está prevista la presentación como
testigo ante el juez Baltasar Garzón del primer alto funcionario del gobierno federal
argentino que en vez de obstaculizar (como hicieron el presidente Menem y los ministros Di
Tella y Granillo Ocampo con el decreto 111/98), colabora con la investigación sobre
terrorismo de Estado y genocidio. El Fiscal General Hugo Cañón será interrogado por el
juez español sobre las constancias de la causa nº 11/86 de la Cámara Federal de Bahía
Blanca, en la que se investigaron los secuestros, torturas y asesinatos ocurridos en la
Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, bajo control operacional del Cuerpo de
Ejército V y aquellos producidos bajo jurisdicción de la Armada. Cañón y la Cámara
Federal de Bahía Blanca declararon la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida
del ex presidente Raúl Alfonsín. En uno de esos casos, el de Laura Susana Martinelli,
que estaba a disposición del Poder Ejecutivo pero apareció muerta en un
“enfrentamiento” con fuerzas conjuntas, Cañón se pronunció también por la
inconstitucionalidad del indulto del presidente Carlos Menem, la Cámara Federal de Bahía
Blanca lo acompañó y la Corte Suprema de Justicia lo revocó. Otros de los casos de la
causa de la Armada todavía están a resolución de la Corte Suprema, que la remitió en
vista al Procurador General de la Nación en julio del año pasado. Pero ahora la Cámara
Federal, a requerimiento de Cañón, solicitó la devolución de esas actuaciones porque
ha decidido continuar los juicios hasta esclarecer el destino de los desaparecidos y el de
los niños nacidos en cautiverio.Sus actitudes le valieron presiones y represalias, igual
que a Aníbal Ibarra, que fue el otro fiscal que se pronunció por la inconstitucionalidad
del indulto. Cuando opinó por la inconstitucionalidad del Punto Final, Cañón fue
apercibido por el Procurador Juan Gauna, con el indulto el secretario de Justicia César
Arias ordenó sumariarlo y envió en su reemplazo a Bahía Blanca al fiscal de la Capital,
Norberto Quantín, quien antes de descubrir los males de la corrupción era un militante
ideológico de la ultraderecha prodictatorial pero también un obediente
administrativista, como Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. A raíz de su dictamen,
Cañón fue citado por el entonces Procurador Oscar Alfredo Roger. “Me habían dicho
que usted había dictaminado así porque tiene un hijo desaparecido”, comenzó el
Procurador. “Le han informado mal”, respondió Cañón, cuyos hijos nacieron
después de los hechos de la causa en la que dictaminó. Roger admitió la seriedad
jurídica del dictamen, confesó que había sido designado en ese cargo por su amistad con
Menem, dijo que la cuestión no era jurídica sino política y reflexionó sobre la
necesidad de un Poder Judicial independiente formado por funcionarios fieles a sus
convicciones como Cañón. Ante el asentimiento de Cañón, relativizó sus afirmaciones:
“Eso sería lo ideal, pero en nuestro país no es posible”. Con gente como él,
claro que no.Cuando vuelva de China y termine de desempacar las compras, el Procurador
General Nicolás Becerra deberá decidir si aprueba o sanciona la decisión de Cañón,
quien no pidió permiso para cumplir con su deber. Por si Becerra no sabe con quien
deberá tratar, vale la pena reproducir algunas líneas que llevan su firma y que están
entre las más dignas escritas por el Poder Judicial en toda su historia. Su dictamen
sobre la inconstitucionalidad del indulto se abre con una cita del escritor alemán Herman
Hesse: “Es traición sacrificar el sentido de la verdad en aras de cualquier otro
interés, incluso los de la Patria. Cuando en la lucha de intereses y consignas se pone la
verdad en peligro de quedar tan desfigurada, desvalorizada y violentada como queda el
individuo, entonces nuestra única obligación es oponernos y salvar la verdad, es decir
el ansia de verdad, y erigirla en nuestro máximo artículo de fe”. Con el Cañón
Hugo no se juega.