Por Felipe Yapur
 “¡No
puedo creerlo! (Julio) Miranda quiere que aprobemos la ley que le otorga plenos poderes.
Quiere un gobierno de facto y eso no puede ser, es una locura. Es por eso que (Antonio)
Bussi quiere renunciar”, gritó a Página/12 uno de los asesores del gobernador
tucumano, como olvidándose del pasado dictatorial de su patrón. La razón del lamento
bussista nace de una supuesta extorsión del gobierno menemista –denunciada por
Bussi– que le exige la aprobación de la ley de Emergencia Económica que comenzará
a regir a partir de la asunción de Miranda. Recién allí el ex dictador podrá recibir
dinero fresco para saldar las deudas salariales y terminar con algo de paz su mandato.
Pero Bussi se resiste y amenaza con renunciar. Todo indica que el berrinche bussista no
llegará a mayores porque pesará más en sus decisiones la necesidad de conservar los
fueros para no tener que enfrentar los juicios que se instruyen en su contra, que la
bronca que prodigan sus asesores más cercanos. La crisis financiera que vive el gobierno
de Bussi y que tiene la economía prácticamente paralizada generó durante los últimos
dos meses fuertes protestas callejeras con varios heridos y detenidos. El paisaje de la
provincia norteña está ennegrecido por el tizne de las gomas quemadas y la presencia de
la gendarmería por las calles tucumanas. A este panorama se le sumó la ley de Emergencia
Económica o superley, como la llaman lo tucumanos, y que le otorga poderes
extraordinarios a Miranda. La norma fue rechazada por el ultrabussismo, que presiona a su
líder para que la vete. Bussi, entre la espada y la pared, no sabe qué hacer. Por un
lado, amenaza con vetarla, pero al mismo tiempo dice, a través de sus voceros y lo
reconocen los justicialistas locales, que si no aprueba la norma el gobierno nacional no
librará el crédito de 60 millones de dólares que necesita con urgencia para pagar los
sueldos que adeuda. Fue así que lanzó el rumor de su renuncia. Para los justicialistas
esa no es la verdadera razón. “Bussi hace esto porque necesita tiempo”, dijo a
este diario uno de los principales operadores de Miranda. “Lo que quiere es que le
garanticen fueros. En una palabra: impunidad”, continuó la fuente y agregó que
“los fueros los podrá conseguir siempre y cuando haga los deberes. Pero no puede
pasar más tiempo, los trabajadores ya no dan más”. La frase que pronuncia del
operador está inconclusa. El sabe que tanto el PJ tucumano como el nacional no pueden ni
quieren pelearse con el bussismo porque las elecciones del 24 de octubre están cada vez
más cerca y Eduardo Duhalde necesita de los votos –unos 200.000– que le puede
garantizar el ex dictador. Finalmente el colaborador de Miranda se confiesa y reconoce que
“el viejo (por Bussi) terminará aprobando nuestra ley porque de lo contrario se
queda en la calle. En realidad a él le duele porque esta es la ley que siempre quiso
tener”. En este último punto hay acuerdo con el asesor bussista. Este reconoce que
la norma aprobada por los legisladores fue uno de los principales objetivos del gobierno
de Fuerza Republicana. “Pero nunca logramos que Topa nos apoyara. Lo que pasa es que
él quería que el gobierno de Bussi se hunda y así poder ser él el salvador del
partido”, se quejó.Es así que, de acuerdo a los dichos del operador justicialista,
el veto o no de la polémica ley no es condición excluyente para que el militar
gobernador renuncie. Lo que pretende es obtener garantías de que si decide jurar como
legislador provincial –cargo que obtuvo el pasado 6 de junio– o como diputado
nacional –en caso de ser electo el 24 de octubre– nadie cuestione sus pliegos.En
la Alianza tucumana el clima es otro. “Bussi es intrínsecamente un cobarde. Una
actitud valiente sería vetar la ley que le otorga tantos poderes a Miranda y renunciar.
Pero lo único que le importa es no perder el paraguas que le ofrecen los fueros y así
salvarse de los juicios”, repite a Página/12 el concejal aliancista José Ricardo
Ascárate, quienhace un par de años fuera el blanco de atentados cuando denunció la
relación existente entre el ex dictador y el fallecido Alfredo Yabrán.Más allá de las
virulentas declaraciones del concejal, los aliancistas vernáculos también se encuentran
en una encrucijada. El sector que hoy lidera la UCR local, encabezado por el legislador
Carlos Courel y el diputado nacional Alfredo Neme Scheij, tenía hasta hace menos de una
semana excelentes contactos con Miranda. Hasta llegaron a aceptar la inclusión de uno de
sus hombres en el gabinete del justicialista. Hoy se resisten a otorgarle facultades para
rematar o vender bienes del Estado, enajenar inmuebles, suspender licitaciones y contratos
y renegociarlos, privatizar entes estatales, tercerizar servicios e intervenir organismos
y comunas rurales, sin la participación de la Legislatura o el Tribunal de Cuentas. Pero
por sobre todo se resisten a facilitarle el camino para que el gobernador electo pueda
disminuir el plantel de empleados estatales o al menos reducir el monto de los
salarios.Mientras los aliancistas revisan su estrategia local y los gremios estatales
plantean la posibilidad de retomar la protesta, tanto Miranda como Bussi se aprestan a
participar hoy de un encuentro en el Ministerio del Interior. No está definido si estará
presente su titular Carlos Corach o su viceministro, Jorge Matzkin. Por su lado, fuentes
justicialistas de Tucumán especulan que en este encuentro se definirá la aprobación de
la ley “porque la necesitamos para gobernar sin sorpresas”. Pero, obviamente, en
esta reunión también se deberá cumplir con la segunda parte del acuerdo: garantizar los
fueros parlamentarios para Bussi.
Todos terminaron mal
Ninguno de los cuatro gobiernos que administraron Tucumán desde el retorno de la
democracia tuvo un final tranquilo. El justicialista Fernando Riera, que gobernó entre
1983 y 1987, sufrió extensas protestas de los docentes locales y de los empleados de la
sanidad. Pero además, tuvo el raro privilegio de soportar también varios motines
policiales encabezados por el Malevo Ferreyra. Lo sucedió José Domato. Este fue ungido
gobernador a pesar de haber triunfado la UCR. El colegio electoral lo hizo posible. Domato
nunca superó el 1 por ciento de popularidad y las constantes movilizaciones de jubilados
terminaron interrumpiendo su gobierno. La intervención federal, en manos de Julio César
Aráoz, impidió el avance de Antonio Bussi y por ello en 1991 Ramón Ortega fue elegido
gobernador. La gestión Palito no fue mejor que las anteriores y en ella se realizaron la
mayoría de las privatizaciones, muchas de ellas sospechadas de corrupción. Bussi
terminó favoreciéndose de estas pésimas gestiones y en 1995 accedió a la gobernación. |
Topa está vivo y espera
Mientras Bussi intenta resolver su dilema, es decir aprobar la superley a cambio de
obtener los fueros que le garanticen impunidad, hay en Tucumán un solo político que
siente que este final lo favorece: Raúl Topa. El vicegobernador, actualmente enfrentado
con el ex dictador, es uno de los pocos dirigentes con autoridad dentro del partido de
Bussi. Es por ello que se siente favorecido con el accidentado final de Bussi y se prepara
para reemplazarlo en la conducción del partido y hasta para competir por la gobernación
en el 2003. Hoy Topa está en Buenos Aires para seguir de cerca la reunión de Bussi en el
Ministerio del Interior (ver nota central), porque en ella también estará su nuevo socio
político: el gobernador electo Julio Miranda. |
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