LA MAGISTRATURA ACUSARA A BRUSA El Garrote preparado
La Comisión de
Acusación de la Magistratura ya tiene listoun predictamen contra el juez de Santa Fe a la
que se suma el repudio de un amplio sector de sus coprovincianos.
Víctor Hermes Brusa, actual juez
federal de Santa Fe.
La acusación puede desembocar en el Jurado de Enjuiciamiento.
Por Victoria Ginzberg
El juez federal Víctor Hermes
Brusa será acusado la semana que viene por el Consejo de la Magistratura. Los miembros de
la Comisión de Acusación aún no están de acuerdo en los fundamentos del dictamen pero
existe consenso para elevar el tema al plenario del organismo, que a su vez deberá
remitirlo al Jurado de Enjuiciamiento. Brusa tiene un pedido de desafuero en su contra
realizado por el juez Raúl Candioti, quien sospecha que él fue la persona que atropelló
con una lancha y abandonó a un nadador. Pero, además, fue denunciado por varios ex
detenidos como partícipe y cómplice de las torturas sufridas en varios centros
clandestinos de Santa Fe durante la última dictadura militar. El consejero Fermín
Garrote presentó ayer un predictamen acusatorio en el que incluyó los tres temas
relacionados con Brusa que fueron analizados por el organismo. Es decir, el accidente de
la lancha, la regulación de altísimos honorarios para un abogado y su participación en
la represión. El 8 de noviembre de 1997 en la laguna de Setúbal, un hombre canoso en una
lancha blanca atropelló al nadador Miguel Pedernera y huyó. Varios testigos
identificaron al “hombre canoso” como el juez federal de Santa Fe. Raúl
Candioti, actualmente a cargo del expediente, pidió el desafuero de Brusa para indagarlo
por “lesiones graves culposas”. Hasta ahora, existe unanimidad en la Comisión
para incluir este hecho en la acusación. Las diferencias se plantean al momento de
decidir si se tendrán en cuenta las irregularidades en la asignación de honorarios y la
participación de Brusa en la represión. Algunos consejeros son reacios a agregar este
último punto debido a que consideran que sería revisar una decisión del Senado, ya que
los legisladores que dieron el acuerdo paranombrar a Brusa como juez en 1992 sabían que
su nombre aparece en el Nunca Más. Este grupo querría que las violaciones a los derechos
humanos fueran mencionadas sólo para fundamentar el desprestigio que sufre actualmente
Brusa y que sería otro motivo para removerlo. Los que se inclinan por considerar
directamente la complicidad de Brusa en torturas alegan que el Consejo recolectó
testimonios nuevos, que no fueron tenidos en cuenta en ese momento. En la sesión de ayer,
se hizo presente un grupo de maestros ayunantes que entregaron alrededor de mil firmas de
ciudadanos santafesinos pidiendo la remoción del juez. En el predictamen elaborado por
Garrote se menciona una causa judicial iniciada por un ex detenido de la Guardia de
Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Allí Brusa reconoció haber “visitado por
cuestiones judiciales o requerimientos personales” al denunciante en el lugar donde
estaba secuestrado. En su descargo, el magistrado negó haber entrevistado a detenidos
ilegales durante la dictadura. La semana próxima Brusa será acusado por la Comisión y
el caso pasará al plenario del Consejo. Allí se necesitarán dos tercios para que el
expediente vaya al Jurado de Enjuiciamiento.
EL CASO DEL MATRIMONIO PERUANO Un refugio insuficiente
Por V.G
La
ciudadana peruana María del Rosario Silva Díaz no podrá ser extraditada. El juez
federal Roberto Marquevich había dispuesto que ella y su esposo, Julio César Mera
Collazo, quienes estaban acusados de pertenecer a Sendero Luminoso, fueran trasladados a
Perú. Pero el Ministerio del Interior decidió que la mujer sea considerada como
refugiada. “La situación plantea algunas dudas acerca de las garantías con que
podría contar en el proceso judicial a afrontar” (en Perú) se afirma en la
resolución. Aunque las garantías serían las mismas para ambos, Mera Collazo no fue
beneficiado con la medida. El 14 de agosto de 1998, casi simultáneamente con una
entrevista entre los presidentes Carlos Menem y Alberto Fujimori, Mera Collazo y Silva
Díaz fueron detenidos en un gimnasio de Tigre. El hombre había venido a la Argentina a
probar suerte en 1990. Dos años después lo hizo su mujer. Aquí tuvieron dos niños:
Nahuel, de tres años y Victoria, de cinco meses. Ambos viven con su madre en la cárcel
de Ezeiza. El juez federal Roberto Marquevich decidió que el matrimonio sea extraditado y
esta medida le valió un pedido de juicio político. Los abogados de la Liga Argentina por
los Derechos del Hombre, defensores de los peruanos, solicitaron que ambos fueran
considerados refugiados. En Perú, Mera Collazo y Silva Díaz pasarían su primer año de
detención en condiciones de aislamiento y confinamiento. El Cepare –Comité de
Elegibilidad para Refugiados–, organismo dependiente del Ministerio del Interior,
decidió que Silva Díaz sea considerada como refugiada. Rodolfo Yanzón, abogado del
matrimonio, aseguró que no se explica porqué Mera Collazo no obtuvo el beneficio,
teniendo en cuenta que está en las mismas circunstancias que su mujer y el Cepare
consideró que ella no contaría con las debidas garantías si fuera juzgada en Perú.
Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) había
recomendado que Mera Collazo fuera amparado como refugiado. El Acnur tuvo en cuenta que el
Comité contra la Tortura “ha recibido información sustancial respecto al uso de la
tortura por agentes del Estado en relación a investigaciones sobre terrorismo o actos de
traición con el propósito de obtener una confesión”. Para emitir su
recomendación, que fue rechazada por el Ministerio del Interior, el Acnur también
estimó que “la evidencia sobre las que se basan las imputaciones provienen de
personas entre las que se encuentran los denominados `arrepentidos’ que, para
beneficiarse podrían haber denunciado a los solicitantes en los hechos que se les
imputan”.
El juez federal Víctor Hermes
Brusa será acusado la semana que viene por el Consejo de la Magistratura. Los miembros de
la Comisión de Acusación aún no están de acuerdo en los fundamentos del dictamen pero
existe consenso para elevar el tema al plenario del organismo, que a su vez deberá
remitirlo al Jurado de Enjuiciamiento. Brusa tiene un pedido de desafuero en su contra
realizado por el juez Raúl Candioti, quien sospecha que él fue la persona que atropelló
con una lancha y abandonó a un nadador. Pero, además, fue denunciado por varios ex
detenidos como partícipe y cómplice de las torturas sufridas en varios centros
clandestinos de Santa Fe durante la última dictadura militar. El consejero Fermín
Garrote presentó ayer un predictamen acusatorio en el que incluyó los tres temas
relacionados con Brusa que fueron analizados por el organismo. Es decir, el accidente de
la lancha, la regulación de altísimos honorarios para un abogado y su participación en
la represión. El 8 de noviembre de 1997 en la laguna de Setúbal, un hombre canoso en una
lancha blanca atropelló al nadador Miguel Pedernera y huyó. Varios testigos
identificaron al “hombre canoso” como el juez federal de Santa Fe. Raúl
Candioti, actualmente a cargo del expediente, pidió el desafuero de Brusa para indagarlo
por “lesiones graves culposas”. Hasta ahora, existe unanimidad en la Comisión
para incluir este hecho en la acusación. Las diferencias se plantean al momento de
decidir si se tendrán en cuenta las irregularidades en la asignación de honorarios y la
participación de Brusa en la represión. Algunos consejeros son reacios a agregar este
último punto debido a que consideran que sería revisar una decisión del Senado, ya que
los legisladores que dieron el acuerdo paranombrar a Brusa como juez en 1992 sabían que
su nombre aparece en el Nunca Más. Este grupo querría que las violaciones a los derechos
humanos fueran mencionadas sólo para fundamentar el desprestigio que sufre actualmente
Brusa y que sería otro motivo para removerlo. Los que se inclinan por considerar
directamente la complicidad de Brusa en torturas alegan que el Consejo recolectó
testimonios nuevos, que no fueron tenidos en cuenta en ese momento. En la sesión de ayer,
se hizo presente un grupo de maestros ayunantes que entregaron alrededor de mil firmas de
ciudadanos santafesinos pidiendo la remoción del juez. En el predictamen elaborado por
Garrote se menciona una causa judicial iniciada por un ex detenido de la Guardia de
Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Allí Brusa reconoció haber “visitado por
cuestiones judiciales o requerimientos personales” al denunciante en el lugar donde
estaba secuestrado. En su descargo, el magistrado negó haber entrevistado a detenidos
ilegales durante la dictadura. La semana próxima Brusa será acusado por la Comisión y
el caso pasará al plenario del Consejo. Allí se necesitarán dos tercios para que el
expediente vaya al Jurado de Enjuiciamiento.