El ministro se
negó a firmar los avales que reclaman las constructoras del Canal Federal, rechazando las
presiones de Menem. “No te preocupes, esto es excarcelable”, le dijo María
Julia para disuadirlo.
Reclamo: Los avales son en favor de las empresas que
se adjudicaron la construcción de las obras: Techint, Roggio y la brasileña Andrade
Gutiérrez.
Roque Fernández,
ayer en el Congreso, al presentarle el proyecto de Presupuesto a Oscar Lamberto.
Más tarde informó que no dará los avales. “Con la ley actual, no puedo
firmar lo que piden las empresas.
Por David Cufré
“Roque, no te preocupes,
que esto es excarcelable”, le dijo María Julia Alsogaray al ministro de Economía.
Después de una violenta discusión, la funcionaria apeló a ese curioso argumento para
convencer a Roque Fernández de que firmara los avales para la realización del Canal
Federal, la obra que permitirá llevar agua a las áridas tierras de La Rioja y Catamarca.
Un estrecho colaborador del ministro relató el hecho, ocurrido días atrás, a
Página/12. “Estaba indignado por el desparpajo” de la ex liquidadora de Entel,
comentó el funcionario acerca de la reacción de su jefe. Ayer fue el propio Roque quien
dejó en claro que no suscribirá los avales tal como figuran actualmente, a pesar de que
Carlos Menem insiste en que el proyecto “se hará sí o sí”. “Cualquier
aval que se firme sin respetar la ley hace que sea nulo de nulidad absoluta. No es un tema
de voluntad. Todos queremos hacer el Canal Federal. Yo quiero firmar los avales y que las
empresas lo hagan; las empresas quieren hacerlo, y el Presidente, se sabe, es la obra que
viene impulsando desde hace muchísimo tiempo. Pero con la ley vigente no puedo firmar el
aval que piden las empresas”, puntualizó ayer Roque en conferencia de prensa. Los
abogados de su cartera le recomendaron expresamente que no rubrique los avales, y le
advirtieron que, si lo hace, corre serios riesgos de soportar en el futuro un juicio por
incumplimiento de los deberes de funcionario público.María Julia, en cambio, le dijo que
no tenía de qué preocuparse, dado que el delito “es excarcelable”. Tremenda
presión sobre el ministro obedece a que, sin su rúbrica, el Canal Federal no se puede
llevar a cabo. Los avales son en favor de las empresas que se adjudicaron la construcción
de las obras: Techint, Roggio y la brasileña Andrade Gutiérrez. Su valor radica en que
el Estado se compromete a cubrir los créditos que otorgarían los bancos para realizar la
obra en caso de que no cumplan las compañías. Roque explicó también las razones
técnicas por las cuales se resiste a firmarlos. “La ley es muy clara con respecto a
que los avales están condicionados a la ejecución de la obra. Es decir, que tiene que
hacerse con riesgo privado”, subrayó. Es lo que se denomina “planta llave en
mano”, régimen por el cual las empresas costean los trabajos, y cobran por ellos
recién cuando el Canal Federal está listo para operar. En cambio, “las empresas,
que en un principio estaban de acuerdo, a medida que fue transcurriendo el tiempo y se
encareció su acceso al financiamiento pretenden que Economía dé un aval incondicional y
antes de comenzar la obra. No estoy habilitado para emitir ese tipo de avales. Lo que la
ley me permite es otorgar un aval condicionado a la realización de la obra”,
remarcó Roque, en tono didáctico. “Ese es el estado de situación. Dentro de la
ley, no hay problema en firmar los avales. El tema es que las empresas no lo aceptan y
demandan un aval incondicionado, que nosotros no estamos habilitados por la ley a
emitirlo”, completó.La semana pasada, Roque estuvo a punto de ceder a la presión de
Menem. Pero los abogados de Economía terminaron por convencerlo de lo contrario. El
ministro considera que el riesgo de verse involucrado en el futuro en una denuncia
judicial es demasiado alto. Una vez que concluya su gestión en el Palacio de Hacienda, no
tiene ninguna aspiración a ocupar cargos públicos. Su objetivo es retornar al ámbito
académico. En ese lugar, soportar una denuncia por corrupción puede costarle demasiado
caro. Por eso, a menos de tres meses de su salida como ministro, no está dispuesto a
arriesgarse. Como nunca, Roque esta vez se negó a cumplir una orden de Menem.Además de
las peleas en el gobierno nacional, el conflicto se extiende a dirigentes provinciales. En
Córdoba, el ex gobernador Raúl Mestre rechazó el proyecto, argumentando que
ocasionaría daños ecológicos en su provincia. Por lo tanto, impulsó una acción
judicial para frenar la iniciativa. En cambio, el actual mandatario de ese distrito, José
Manuel De la Sota, se pronunció a favor de la obra. “Si bien el anterior gobiernode
Córdoba hizo una oposición judicial por considerar que el antiguo trazado (del canal)
podría causar alguna alteración al ecosistema de la laguna de Mar Chiquita, ese riesgo
fue superado por la decisión que actualmente está en marcha”, que consiste en un
nuevo trazado de la obra, dijo el gobernador hace dos semanas, al acompañar a Menem a la
inauguración de una obra en La Rioja. Sin embargo, ayer el presidente de la Legislatura
provincial, el radical Carlos Cornaglia, presentó un proyecto de declaración para
reimpulsar la acción judicial. Se basa en un informe de la Universidad de Córdoba, que
advierte que la laguna podría secarse por la construcción del Canal Federal.
“Roque, no te preocupes,
que esto es excarcelable”, le dijo María Julia Alsogaray al ministro de Economía.
Después de una violenta discusión, la funcionaria apeló a ese curioso argumento para
convencer a Roque Fernández de que firmara los avales para la realización del Canal
Federal, la obra que permitirá llevar agua a las áridas tierras de La Rioja y Catamarca.
Un estrecho colaborador del ministro relató el hecho, ocurrido días atrás, a
Página/12. “Estaba indignado por el desparpajo” de la ex liquidadora de Entel,
comentó el funcionario acerca de la reacción de su jefe. Ayer fue el propio Roque quien
dejó en claro que no suscribirá los avales tal como figuran actualmente, a pesar de que
Carlos Menem insiste en que el proyecto “se hará sí o sí”. “Cualquier
aval que se firme sin respetar la ley hace que sea nulo de nulidad absoluta. No es un tema
de voluntad. Todos queremos hacer el Canal Federal. Yo quiero firmar los avales y que las
empresas lo hagan; las empresas quieren hacerlo, y el Presidente, se sabe, es la obra que
viene impulsando desde hace muchísimo tiempo. Pero con la ley vigente no puedo firmar el
aval que piden las empresas”, puntualizó ayer Roque en conferencia de prensa. Los
abogados de su cartera le recomendaron expresamente que no rubrique los avales, y le
advirtieron que, si lo hace, corre serios riesgos de soportar en el futuro un juicio por
incumplimiento de los deberes de funcionario público.María Julia, en cambio, le dijo que
no tenía de qué preocuparse, dado que el delito “es excarcelable”. Tremenda
presión sobre el ministro obedece a que, sin su rúbrica, el Canal Federal no se puede
llevar a cabo. Los avales son en favor de las empresas que se adjudicaron la construcción
de las obras: Techint, Roggio y la brasileña Andrade Gutiérrez. Su valor radica en que
el Estado se compromete a cubrir los créditos que otorgarían los bancos para realizar la
obra en caso de que no cumplan las compañías. Roque explicó también las razones
técnicas por las cuales se resiste a firmarlos. “La ley es muy clara con respecto a
que los avales están condicionados a la ejecución de la obra. Es decir, que tiene que
hacerse con riesgo privado”, subrayó. Es lo que se denomina “planta llave en
mano”, régimen por el cual las empresas costean los trabajos, y cobran por ellos
recién cuando el Canal Federal está listo para operar. En cambio, “las empresas,
que en un principio estaban de acuerdo, a medida que fue transcurriendo el tiempo y se
encareció su acceso al financiamiento pretenden que Economía dé un aval incondicional y
antes de comenzar la obra. No estoy habilitado para emitir ese tipo de avales. Lo que la
ley me permite es otorgar un aval condicionado a la realización de la obra”,
remarcó Roque, en tono didáctico. “Ese es el estado de situación. Dentro de la
ley, no hay problema en firmar los avales. El tema es que las empresas no lo aceptan y
demandan un aval incondicionado, que nosotros no estamos habilitados por la ley a
emitirlo”, completó.La semana pasada, Roque estuvo a punto de ceder a la presión de
Menem. Pero los abogados de Economía terminaron por convencerlo de lo contrario. El
ministro considera que el riesgo de verse involucrado en el futuro en una denuncia
judicial es demasiado alto. Una vez que concluya su gestión en el Palacio de Hacienda, no
tiene ninguna aspiración a ocupar cargos públicos. Su objetivo es retornar al ámbito
académico. En ese lugar, soportar una denuncia por corrupción puede costarle demasiado
caro. Por eso, a menos de tres meses de su salida como ministro, no está dispuesto a
arriesgarse. Como nunca, Roque esta vez se negó a cumplir una orden de Menem.Además de
las peleas en el gobierno nacional, el conflicto se extiende a dirigentes provinciales. En
Córdoba, el ex gobernador Raúl Mestre rechazó el proyecto, argumentando que
ocasionaría daños ecológicos en su provincia. Por lo tanto, impulsó una acción
judicial para frenar la iniciativa. En cambio, el actual mandatario de ese distrito, José
Manuel De la Sota, se pronunció a favor de la obra. “Si bien el anterior gobiernode
Córdoba hizo una oposición judicial por considerar que el antiguo trazado (del canal)
podría causar alguna alteración al ecosistema de la laguna de Mar Chiquita, ese riesgo
fue superado por la decisión que actualmente está en marcha”, que consiste en un
nuevo trazado de la obra, dijo el gobernador hace dos semanas, al acompañar a Menem a la
inauguración de una obra en La Rioja. Sin embargo, ayer el presidente de la Legislatura
provincial, el radical Carlos Cornaglia, presentó un proyecto de declaración para
reimpulsar la acción judicial. Se basa en un informe de la Universidad de Córdoba, que
advierte que la laguna podría secarse por la construcción del Canal Federal.