Por Claudio Zlotnik El Gobierno presentó ayer el
proyecto de Presupuesto para el año 2000, que contempla un recorte del gasto público de
1780,4 millones de pesos, que debería ser ejecutado por el ganador de las elecciones de
octubre. La iniciativa que ingresó ayer en el Congreso prevé ajustes en áreas
sensibles: se elimina el Plan Trabajar, se reduce a la mitad la cantidad de contratados en
la administración pública, prácticamente hace desaparecer el Fonavi y disminuye los
ATN. También se elimina el Fondo del Conurbano Bonaerense, proponiendo uno nuevo, pero
con apenas 225 millones anuales, un 65 menos de la caja que manejó Duhalde en cada uno de
los ocho años de su gobierno. Seguramente, la dureza del ajuste obligará a una
negociación con las próximas autoridades. No obstante, la redacción del plan fue origen
de una dura disputa entre Roque Fernández y el ala política del Gobierno. Además, es
una clara toma de posición del equipo económico contra el Plan Duhalde. Todo el proyecto
de presupuesto está en los antípodas filosóficos de la Concertación Ahora. Lo que no
se toca y, por el contrario, se aumenta son los pagos de intereses de la deuda. La lista
de recortes impulsada por Economía es la siguiente:u Se elimina el Plan Trabajar. Desde
su creación, en 1996, el programa creó más de medio millón de puestos de trabajo para
gente que había perdido su empleo. Los contratos se hacían a seis meses, con una
remuneración promedio de 200 pesos mensuales.u Desaparece el Fonavi (plan para viviendas)
y el Fondo del Conurbano bonaerense. En su remplazo se forma un “Fondo de Desarrollo
Humano” con 450 millones de pesos: la mitad para distribuirse entre las provincias y
la otra mitad para Buenos Aires. El Fonavi reúne 700 millones y el Fondo del Conurbano
otros 650 millones, cuyo recorte lo sufrirá el sucesor de Eduardo Duhalde en la
gobernación. El ahorro para el Estado, entonces, sería de 900 millones.u Rebaja a la
mitad la cantidad de contratados en la administración pública.u Disminución del 3% en
los gastos de personal de Presidencia de la Nación y en los ministerios.u Los empleados
públicos con edad de jubilarse deberán hacerlo obligatoriamente. El ahorro de estos tres
últimos puntos se calcula en 200 millones.u Reducción de 430 a 160 millones de pesos los
Aportes del Tesoro Nacional (ATN).u Rebaja de 260 millones en la adquisición de bienes y
servicios.u Recorte de 70 millones en los gastos reservados de la SIDE (50 millones), el
Ministerio del Interior y Cancillería. En la actualidad, en total, estos gastos implican
250 millones anuales.Según el proyecto, la economía dejará atrás la recesión y se
expandirá 3,5 por ciento en el 2000, dos puntos por encima al estimado por el FMI. En
virtud de esa recuperación, las exportaciones treparán 7,0 por ciento y las
importaciones, el 10,5. A su vez, la inflación anual será del 1,5 por ciento y el
déficit fiscal bajará a 4500 millones de dólares (frente a 5100 millones pautados para
este año). “Este sería el Presupuesto que nosotros implementaríamos si
continuáramos en el Gobierno”, dijo Roque Fernández al presentar la iniciativa.
“Son medidas duras. Pero lo cierto es que el próximo gobierno no podrá alejarse
demasiado de estos números”, subrayó a su vez Pablo Guidotti, el número dos de
Economía.En todo caso, la propuesta del Gobierno se choca con la presentada por el propio
candidato oficialista en medio de la campaña electoral. Bajo el slogan
“Concertación ahora”, Eduardo Duhalde viene prometiendo todo lo contrario al
ajuste lanzado por Roque: bajar impuestos y evitar los despidos a lo largo de un año. El
rubro que más crecimiento muestra el Presupuesto es el de “Servicio de la deuda
pública”. Para el año que viene está pautado pagar 9033,5 millones de pesos, 900
millones más que lo que se terminará abonando este año. De esta manera, uno de cada
cinco pesos que vayan a gastarse en el 2000 se destinarán a honrar los pasivos.
POLEMICO DICTAMEN DE LA COMISION DE ENERGIA DE
DIPUTADOS
Subsidio para dos petroleras
Por D. C.
“Es
definitivamente un negociado a favor de Sol Petróleo y Dapsa”, le dijo ayer el
diputado aliancista Rafael Flores a Página/12. El tema que disparó la contundente
acusación es el proyecto para otorgar un subsidio por 350 millones de dólares a esas
petroleras. En rigor, la ley que incluía ese beneficio fue aprobada por el Congreso el
año pasado, pero no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, a casi un año
del veto presidencial, la Cámara de Diputados insistiría hoy con la norma.La Alianza
debatía anoche su posición respecto de esta iniciativa. Flores sostiene que se trata de
un “negociado”, pero los diputados radicales Víctor Fayad, Ricardo Barrios
Arrechea, Fortunato Cambareri y Raúl Vicchi, todos miembros de la Comisión de Energía
de la Cámara baja, firmaron la semana pasada el dictamen que promueve el subsidio.
También lo hicieron los justicialistas Angel Abasto –presidente de la Comisión y
principal impulsor del proyecto–, Pascual Rampi, Mario Das Neves, Eduardo Mondino,
Juan Chica y Oscar González. Por Fuerza Republicana, el dictamen lo firmó Ricardo
Bussi.La denuncia de Pascual es por un hecho que se viene arrastrando desde 1991, y que
tuvo múltiples y cada vez más engorrosas derivaciones. En su aspecto central, la
historia es la siguiente. En 1991, se sancionó una ley por la cual las empresas
productoras de solvente y aguarrás, que además no fueran propietarias de refinerías de
petróleo, se hacían beneficiarias de un reintegro a la exportación de esos productos.
Las únicas compañías que revestían esa condición eran Sol Petróleo –que
perteneció al represor Guillermo Suárez Mason– y Dapsa. El régimen tenía una
duración de seis años. Sin embargo, cuando faltaban 22 meses para que venciera, el
entonces ministro Domingo Cavallo llegó a un acuerdo con las empresas para que
renunciaran a ese derecho, y a cambio les reconoció como válidas inversiones que no se
ajustaban al compromiso por el cual se les concedió el beneficio. A pesar de ello, años
más tarde las compañías iniciaron una querella contra el Estado. Ahora, los
legisladores sostienen que es preferible reintegrarles el subsidio, porque sería más
oneroso para las arcas públicas pagar la indemnización si el Estado pierde el juicio. En
cambio, Flores afirma que el régimen da lugar a maniobras similares a las de “la
mafia del oro”. Es decir, que las empresas terminan importando solvente y aguarrás,
que luego lo exportan para cobrar el reintegro. Según sus cálculos, la maniobra le
podría costar al Estado 35 millones de dólares.
| No hay bajaen el IVA Según las proyecciones de Roque Fernández, el año que viene se van a
recaudar 1914 millones de pesos más que en el ‘99. Sin embargo, de cumplirse los
pronósticos, la presión impositiva va a disminuir en relación al PBI. Los cálculos no
incluyen una eventual baja del IVA al 15 por ciento, tal como lo viene proponiendo el
candidato oficialista, Eduardo Duhalde. Justamente, el grueso de la mayor recaudación
estará explicada por el IVA, que está previsto recaudará 20.616 millones de pesos, 1265
millones más que este año. Otro avance importante se notaría en Ganancias, que dejaría
en las arcas 760 millones más que en el ‘99 (10.068,5 millones). Muestra de su
optimismo, Roque calculó que por Bienes Personales se juntarán 767,3 millones, un 44 por
ciento más que este año. A su vez, habrá una merma por el lado de las contribuciones a
la seguridad social –de 1120 millones– por la rebaja de los aportes patronales.
“La mayor recaudación se explicará por la reactivación económica”, aseguró
Pablo Guidotti, el viceministro. Sin embargo, en relación al PBI, la presión impositiva
será menor: se deprimirá del 17,9 al 17,7 por ciento. |
PREDICCIONES ALEGRES PARA EL TERCER MILENIO
El juego de ser optimista sale gratis
Por Julio Nudler
Adivinen
qué ocurrirá con la economía argentina en los próximos años, según las proyecciones
del Gobierno. ¡Acertaron! Crecerá sin pausa, a razón de 3,5 por ciento en el 2000 y 5,0
por ciento en cada uno de los dos años posteriores. De este modo, dentro de tres años el
país estará generando un PBI de 340 mil millones (que, en realidad, según las
proyecciones que se realizaban en 1997, ya debía haber sido superado, vaticinio que
estropearon una crisis no anunciada y el recálculo del Producto). Tampoco es difícil
acertar que los motores del crecimiento que vuelve a predecirse, vigoroso pero no
exagerado (como corresponde a todo proceso sano, que no sea fruto de una burbuja), serán
la inversión –con aumentos que superarán el 10 por ciento anual– y las
exportaciones, que de los poco más de 28 mil millones de este año llegarán a casi 41
mil millones en el 2002. Todo esto se logrará preservando la convertibilidad y el actual
tipo de cambio, que no impedirá que aparezcan muchas oportunidades de negocios ni
competir exitosamente en los mercados externos, a diferencia de lo acontecido hasta ahora
y sin que se sepa por qué.Los programadores del menemismo no parecen temer que el futuro
gobierno caiga en la tentación populista, porque el consumo será –de acuerdo con su
presagio– el componente más débil de la demanda agregada, con incrementos reales
que no superarán el 3,8 por ciento anual. Esto significa que no se esperan mejoras
significativas en la situación de los trabajadores –tanto en lo que atañe a los
salarios como a la ocupación– ni en la distribución del Ingreso Nacional. No puede
negarse que estas proyecciones coinciden con el escepticismo generalizado de los votantes,
que no esperan nada sorprendente para después de diciembre.Como el futuro presupuesto del
sector público cuelga de las previsiones macroeconómicas, la posibilidad de que aquel se
cumpla depende de la sabiduría de éstas. El optimismo con que se las dibuja encierra
siempre el peligro de que la situación fiscal resulte, llegado el momento, peor que la
augurada. En ese caso habría que redoblar el ajuste, porque la que sufre con la recesión
es la recaudación de impuestos, no el gasto público. Pero como el futuro sólo será
conocido cuando llegue, por ahora Roque Fernández y Jorge Rodríguez pueden manejar el
lápiz a su gusto, como para marcharse del poder habiendo “garantizado” el
cumplimiento de lo que ordena la llamada convertibilidad fiscal: déficit cero en el 2003.
Los números ayer divulgados sólo llegan al 2002, pero prometen dejar al erario al borde
mismo del equilibrio.Los problemas empiezan cuando la economía se resiste a obedecer el
guión. Primero, porque cortar el gasto para ajustarse a la caída en los recursos implica
acentuar la recesión y entrar en un círculo vicioso que se retroalimenta. Pero, además,
la rigidez del gasto –conformado casi totalmente por sueldos e intereses de la
deuda– complica el ejercicio. En el 2000, según el proyecto presupuestario, frente a
gastos corrientes (básicamente inflexibles a la baja en el corto plazo) de 59.022
millones de pesos, los gastos de capital (inversiones) sumarían apenas 1865 millones (la
mitad de lo que fueron en 1998).Aunque la idea de la convertibilidad fiscal es que el
gasto público pueda (como tope) crecer tanto como la economía, el esquema que pretende
legarle Carlos Menem a su sucesor es de una gradual contracción del Estado. Así, su
gasto total (corriente y de capital) debería bajar de 21,6 puntos del PBI este año a
18,7 en el 2002. Este recorrido no parece congruente con la política de reconstrucción
del Estado que, al menos como anzuelo preelectoral, deslizan la Alianza y el duhaldismo.
En todo caso, cualquier semejanza entre el porvenir y las proyecciones de los técnicos
será mera coincidencia.
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