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Por Pablo Ferreira (Enrique) Crotto está echando leña al fuego para ocultar la importancia del paro, destacó ayer ante Página/12 el transportista de cargas Carlos Di Nunzio, para quien no hay ningún peligro de que se produzca desabastecimiento con motivo de la medida por tiempo indeterminado que realiza el sector. El titular de la Sociedad Rural, invocando los perjuicios que producirían cortes de rutas, intimidaciones e impedimentos al movimiento de productos, requirió ayer al Gobierno su inmediata intervención, incluyendo el uso de la fuerza pública. La respuesta oficial, dada a conocer por Armando Canosa, secretario de Transporte, fue ordenar el despliegue de tropas de Gendarmería en la localidad de Chivilcoy, para despejar los piquetes. En tanto que Miguel Toma, su par en Seguridad Interior, remitió radiogramas en igual sentido a todas las policías provinciales. El lockout iniciado el último domingo por una docena de confederaciones de transporte de cargas tiene como uno de sus reclamos centrales la eliminación del impuesto para el Fondo de Incentivo Docente, cuya prórroga finaliza el próximo 15 de noviembre. Además, incluye las exigencias de una rebaja del 50 por ciento en los peajes y la eliminación del componente impositivo del gasoil. La medida, tal como se encargó de aclarar ayer la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), a la que están adheridos los huelguistas, no cuenta con el respaldo de las centrales nacionales del sector. La cámara arremetió con dureza, al mismo tiempo, contra los activistas que llevan a cabo piquetes en rutas del interior. No pueden arrogarse la facultad de cercenar los derechos del resto de los transportistas y de la comunidad en su conjunto, enfatizó.La respuesta de los disidentes no se hizo esperar. Según Di Nunzio, las diferencias entre los miembros de Catac se origina en que la cúpula de esta entidad habría negociado por debajo de la mesa con el Gobierno el paro del 5 de julio, impidiendo que se derogue el impuesto para el Incentivo Docente. También recordó que los caciques de la confederación intentaron hacer fracasar la actual medida de fuerza prorrogando el paro decidido por toda la dirigencia del transporte recién para el próximo 15 de noviembre. Hubo un arreglo bajo cuerda, aseguró Di Nunzio. De todos modos, de acuerdo con la evaluación realizada por los camioneros, entre 110 y 200 mil transportes se mantienen paralizados en todo el país. Y, en tanto no reciban respuestas favorable a sus reclamos, están dispuestos a continuar con la protesta.Se está impidiendo el tránsito de hacienda, leche y otros productos perecederos, puntualizó ayer Crotto al reclamar al Gobierno que se adopten en forma urgente las medidas necesarias para impedir esos ilícitos y garantizar el respeto a los derechos constitucionales afectados. Crotto rechazó los cortes ocurridos en algunas rutas nacionales en una nota dirigida al ministro del Interior, Carlos Corach, donde destacó los perjuicios irreparables que esos hechos producen a los productores agropecuarios. Se (los) está obligando a tirar los elementos que transportan a la vera del camino, asegura el texto.Por su parte, el secretario Canosa, quien elevó una denuncia a la Procuraduría General de la Nación por la comisión del delito de amenazas, interrupción de rutas, y delitos contra la seguridad, señaló ayer que hubo agresiones en Junín, Chivilcoy y algunos lugares de Santa Fe. Hay amenazas para que la gente adhiera contra su voluntad al paro. Ayer hubo agresiones y se hirió a un periodista en Pergamino, sostuvo. Por otro lado, informó que está actuando la Secretaría de Seguridad Interior, cuyo titular, Miguel Angel Toma, está enviando tropas de Gendarmería tras hacer una denuncia ante la Justicia para que se ordene el despeje de los caminos. Por su parte, este funcionario explicó en declaraciones radiales que su secretaría cursó instrucciones a toda las policíasprovinciales con la finalidad de prevenir que se produzcan nuevos cortes de rutas.Por su parte, el secretario general del Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, negó que su gremio tuviera alguna participación en el paro y deslindó toda responsabilidad sobre las presiones sufridas por los camioneros en las rutas. Algunos empresarios del transporte han salido en forma violenta y los trabajadores son prepoteados, hubo intimidaciones con armas en la cabeza, tiros al aire y esas cosas, se lamentó.
PROMESA DE AUTORIZAR CHARTERS Las empresas de transporte de pasajeros de corta y larga distancia resolvieron levantar la medida de fuerza prevista para esta noche a las 22 en protesta por la falta de control de micros ilegales. La decisión de suspender el lock out fue adoptada ante una singular promesa oficial para compensarlos por esa competencia desleal: la Secretaría de Transporte admitiría que los autotransportistas regulares despachen también servicios charters, no sujetos a horario ni recorrido fijo.Las discusiones entre el Gobierno y los empresarios tuvieron lugar ayer, en un encuentro que reunió al secretario de Transporte, Armando Canosa, y el de Seguridad Interior, Miguel Toma, con la Federación Argentina de Transportistas de Pasajeros (Fatap) y de la Cámara de Empresarios Argentinos de Pasajeros (Ceap).Antes del encuentro, Canosa había advertido públicamente que el Gobierno no va a tolerar una medida de fuerza y que, si el lock out se llevaba a cabo, se aplicarían las sanciones correspondientes. Pero más disuasiva que esa amenaza habría resultado la oferta oficial de permitirles a los empresarios correr nuevos servicios no regulares para competir con la actividad de los micros truchos.Habría quedado como un aspecto secundario el control que la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) debería ejercer sobre la actividad de los colectivos irregulares.De cualquier modo, Fatap y Ceap condicionaron la suspensión de su medida de fuerza a que el Gobierno efectivamente haga algo para atenuar los efectos de esa competencia. Según dejaron en claro los gremios patronales, el martes próximo habrá una nueva reunión para evaluar la situación del sector en la que también participarán Canosa, el titular de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Lorenzo, y los principales responsables de la Policía Federal y la Gendarmería.
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