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Por Raúl Dellatorre Ya hay tres libros sobre la corrupción en los contratos viales, es hora de que tengamos una sentencia, graficó Guillermo Laura ante Página/12, tras siete horas de declaraciones que llenaron 20 páginas del expediente judicial por la denuncia del pago de coimas en las concesiones de rutas por peaje. El autor del frustrado Proyecto 10, para la construcción de 10 mil kilómetros de autopistas, ratificó todo lo que publicó en su libro -que sucedió a otros sobre el mismo tema escritos por Carlos Chacho Alvarez y Alberto Natale, acusando a los empresarios Eduardo Baglieto (Techint) y Rodolfo Perales (Cámara de Concesionarios Viales) del pago de coimas, y al ex ministro Roberto Dromi de cobrarlas. Aseguró a este diario que no recibió presiones tras haber hecho públicas sus denuncias, pero dijo saber del nerviosismo de las empresas involucradas. Ellos saben lo que conozco, señaló. Al secretario de Obras Públicas, Raúl Costamagna, Laura le imputó haber comprometido a los concesionarios a pagar 200 millones de dólares a cambio de renegociar los contratos, y asegura haber entregado al tribunal los elementos documentales, testimoniales y de presunciones necesarios para la investigación, que mantuvo en reserva para evitar que las pruebas se frustren. Los denunciantes anticipan que mañana harán una nueva presentación judicial en la que incorporarán como testigos muy importantes de los hechos aludidos a personalidades del ámbito político y empresario. En su relato de los hechos, Laura intentó separar al presidente Carlos Menem y al ex ministro Domingo Cavallo de las responsabilidades delictivas que le imputa a otros funcionarios y a los principales grupos constructores. Cuando cae Dromi y asume Cavallo, las concesiones por peaje fueron severamente cuestionados en un decreto que, con la firma de Menem, apuntaba que los peajes eran lesivos para el interés nacional y verdaderas exacciones ilegítimas, que es la definición jurídica de la coima, señaló ayer el denunciante.Lo hemos explicado ante la Fiscalía relató Laura a este diario, y también que Cavallo quiso revocar las concesiones y no pudo, porque los contratos contienen la cláusula Edcadassa, que se inventó para Alfredo Yabrán y que establece que, en caso de rescisión, hay que pagarle al contratista el 50 por ciento del lucro cesante hasta el vencimiento de la concesión. Es incomprensible que un tratadista de Derecho Administrativo, como Dromi, haya incluido una cláusula que en la práctica maniata al Estado.También hizo su interpretación sobre la decisión de Menem de instruir a la Procuración del Tesoro para que se presente como querellante en la causa. Ante la gravedad de la denuncia, el Presidente supo separar su responsabilidad de su amistad con Dromi, y al mismo tiempo es como que se dirige a Dromi para darle el pésame. Laura aseguró haber hecho un minucioso relato de la forma en que se pagaron las coimas y cómo se adjudicaron los contratos en 1991, de lo que habría aportado pruebas documentales. Rodolfo Perales señaló pagó los 5 millones de dólares por la adjudicación de los corredores viales, y Eduardo Baglieto los dos millones por la red de accesos metropolitanos, que iba a ser para un consorcio de 32 empresas lideradas por Techint. Pero este último contrato no se llegó a adjudicar porque cayó Dromi, y como el pago se había hecho el 28 de diciembre, el gobierno les pudo decir: que la inocencia les valga.
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