Por Mariana CarbajalPara
nosotros es una triste experiencia, dijo ayer a Página/12 Norberto Brenna, gerente
de Mercado de Lotería Nacional, sobre la sugestiva presencia de un inspector del
organismo en uno de los tres casinos clandestinos que funcionaban en Puerto Madero. Así
Lotería Nacional rompió el silencio que mantuvo a partir del sábado, cuando este diario
reveló en exclusiva que uno de los 177 demorados durante el operativo en los garitos fue
Enrique Albisetti, un hombre de larga trayectoria en el organismo oficial. Según precisó
Brenna, el inspector fue sumariado y suspendido preventivamente y de
confirmarse su visita a la sala clandestina sería exonerado y
denunciado penalmente por Lotería Nacional, por violación del decreto-ley
que prohíbe el juego ilegal en la Capital Federal. ¿Albisetti estaba sólo como
apostador o tiene otro tipo de vinculación con los casinos clandestinos? le
preguntó Página/12 al gerente de Mercado.Ignoro bajo qué condiciones estaba en
ese lugar. Nuestro interés es que esto se dilucide lo más pronto posible.¿No le
parece llamativa su presencia en un garito?Más que llamativa, me resulta irritante.
Llevo 25 años actuando en contra del juego ilegal. Supuestamente él debe velar para que
no se levante juego clandestino. La suya fue una actitud desleal de un empleado de
Lotería Nacional. Brenna quiso así despegar al organismo oficial del hecho de que uno de
sus inspectores haya sido encontrado in fraganti dentro de uno de los tres casinos
clandestinos descubiertos en lofts de la avenida Alicia Moreau de Justo. No es
personal jerárquico, subrayó el funcionario en relación a la posición que ocupa
Albisetti en Lotería Nacional. Sin embargo, el inspector tiene una larga trayectoria en
el organismo. Incluso, durante más de veinte años trabajó en áreas vinculadas a los
casinos oficiales, cuando éstos dependían de la Nación. Y según confiaron fuentes de
Lotería Nacional tendría muy buena relación con el jefe del departamento de
Fiscalización de Bingos, Pablo Noviello, y con el actual subgerente de Casinos, Daniel
González, mano derecha del titular de esa gerencia, Jorge Ramos. Según precisó
Brenna, Albisetti ingresó a la Lotería Nacional en 1972 y hasta 1993 se desempeñó en
la Gerencia de Casinos. Actualmente es inspector de la Gerencia de Fiscalización, en el
departamento de Fiscalización Externa del organismo, y se encarga de controlar las
agencias provinciales de lotería ubicadas en la Capital Federal. En la causa abierta en
la Justicia por juego ilegal, luego de los allanamientos en Puerto Madero, Albisetti
figura como apostador ilegal, pero los investigadores no descartan que tenga otro tipo de
vínculo con José Alberto Barmaimon, señalado como el explotador de las salas. El
inspector fue detenido en la madrugada del jueves por efectivos de la División de
Investigación Penal Administrativa (DIPA) de Prefectura. Cuando horas después quedó en
libertad, trató de esconder la cabeza bajo su saco para escapar a la prensa. Sin embargo,
un reportero gráfico de este diario pudo fotografiarlo a cara descubierta. Ahora
por esta foto cuidate. Yo soy de Presidencia, lo amenazó el inspector de Lotería
Nacional, cuando todavía se desconocía su desempeño en el organismo del Estado
encargado de la explotación legal de los juegos de azar.
La Ctera contra un casino La secretaria general de la Ctera, Marta Maffei, presentará hoy una denuncia
penal en la Justicia bonaerense para que se investigue la adjudicación directa sin
licitación pública de la explotación de un casino en el Tigre a la sociedad
formada por las empresas Boldt S.A. y Tren de la Costa S.A. La concesión fue otorgada por
el Instituto Provincial de Lotería y Casino y rubricada por un decreto del gobernador
Eduardo Duhalde. Es absolutamente carente de legalidad y el volumen de las
inversiones que requiere demanda inexcusablemente el llamado a licitación pública,
señala la gremialista en su denuncia. Maffei solicitará que se investigue a los
funcionarios provinciales por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y
malversación de los caudales públicos, al considerar que los términos del contrato
violan en forma grosera y flagrante la constitución provincial, privilegian
intereses particulares por sobre los correspondientes a distintos organismos
oficiales, y significan un perjuicio para el Estado bonaerense cercano a los 2000
millones de pesos, durante los 10 años del convenio. La inequidad del contrato, que
beneficia al consorcio privado, fue denunciada en abril por Página/12 y generó que
legisladores provinciales de la Alianza impulsaran la creación de una comisión para
investigar el contrato. La comisión, presidida por el diputado Pedro Tunessi, comenzó a
trabajar el lunes de la semana pasada en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos en
el análisis de la documentación, pero tres días después, el titular del organismo,
Jorge Rossi, les prohibió la entrada. |
CIERRAN UN LOCAL EN SAN MIGUEL
La timba de cara pintada
Por Eduardo Videla
La
investigación de los casinos clandestinos se extendió a San Miguel, territorio del
intendente carapintada Aldo Rico. Apenas a 200 metros de la intendencia, la policía
clausuró ayer un local de videojuegos donde funcionaban tres ruletas electrónicas, en la
que los jugadores apostaban y cobraban los premios en dinero contante y sonante, según
relataron numerosos testigos. Mejor suerte corrieron otras tres ruletas instaladas en el
Bingo San Miguel, que funciona frente al local clausurado: después de una inspección
policial, las máquinas cuya legalidad viene siendo cuestionada pueden seguir
funcionando. El local, ubicado en Paunero 1435, funcionaba bajo el nombre de Video Magia y
había sido habilitado por la ordenanza 117/97 para el funcionamiento de videogames,
juegos de habilidad y destreza, según aclara el cartel en la entrada. Pero
detrás de los vidrios espejados se escondían máquinas tragamonedas y las tres ruletas
electrónicas. Ninguna de esas máquinas estaba habilitada por la Municipalidad de
San Miguel, dijo a Página/12 el subcomisario Oscar Rodríguez, jefe de la DDI de
San Miguel, quien encabezó el allanamiento. El local fue clausurado por orden del juez de
Paz, Fernando Di Iorio. ¿Recién ahora se dan cuenta de que aquí funcionaba un
casino?, protestaba una vecina ante el despliegue de medios. Es que el casino
clausurado funcionaba desde hace dos años y, por lo visto, sólo era desconocido para los
funcionarios municipales. Tan insólito como esta supuesta ilegalidad era el espectáculo
que podía verse cruzando en la calle, en el muy legal Bingo San Miguel: a las 16, ninguna
de las 100 mesas de bingo estaba libre y más de 600 personas apostaban frenéticamente a
ese juego, en las tragamonedas, en una mesa de turf electrónico y en las tres ruletas,
supuestamente legales.Hasta allí llegó el subcomisario Rodríguez con sus hombres. Se
limitó a ver los papeles que le mostraron los directivos de Interjuegos S.A. la
empresa que administra el Bingo en los que el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos autoriza esas máquinas. Vamos a chequear la documentación con
Lotería, dijo el policía.La autorización de estos equipos viene siendo
cuestionada por el diputado Juan Pedro Tunessi (UCR). Las ruletas electrónicas son
autorizadas por Lotería como un tipo de máquina tragamoneda, pero se convierten en petit
casinos que están diseminados en toda la provincia, afirmó el legislador. Según
Tunessi, la resolución 2588 de Lotería prohíbe que se apueste y se cobre con
moneda de curso legal. Página/12 constató que el Bingo San Miguel utiliza un
artilugio para burlar esa norma: la croupier paga a los apostadores con un ticket, que es
canjeado por fichas, las que finalmente son cambiadas por dinero.
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