 En el marco
de una “megainvestigación” sobre la seguridad en los aeropuertos argentinos, el
juez Adolfo Bagnasco allanó ayer la Secretaría de Transporte, el ORSNA (Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) y varias sedes de Aeropuertos Argentina
2000. El punto de partida fue una denuncia por “impedir el normal funcionamiento de
los transportes” presentada por el abogado Ricardo Monner Sans contra las empresas
aéreas que, cuando el Aeroparque fue clausurado por el accidente del avión de LAPA, se
negaron a prestar servicios desde Ezeiza. Como las compañías aducían que la suspensión
de los vuelos era por falta de condiciones de seguridad, el denunciante pidió investigar
“la seguridad de los aeropuertos del país”. Entretanto, en la investigación
del accidente, el juez Gustavo Literas volvió a allanar oficinas de LAPA y empezó a
estudiar los legajos del piloto y el copiloto. El viernes 3 de este mes, las empresas
Aerolíneas Argentinas, Austral, CATA, Dinar, LAER, LAPA y Southern Winds (agrupadas en la
Junta de Representantes de las Compañías Aéreas, JURCA) decidieron interrumpir los
servicios desde el Aeropuerto de Ezeiza, en lo que se interpretó como una presión para
que el juez Gustavo Literas permitiera la reapertura del Aeroparque Jorge Newbery, que
estaba clausurado desde el accidente del Boeing 737 de LAPA el 31 de agosto. La medida se
efectivizó durante un día, ya que el domingo el aeropuerto porteño fue rehabilitado.El
lunes 6, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia contra esas empresas por
violación del artículo 194 del Código Penal, que reprime con pena de hasta dos años de
cárcel “el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los
transportes”; Monner Sans señalaba que “ese lock out habría sido una manera de
mellar la necesaria independencia del juez”.El juez federal Adolfo Bagnasco recibió
la denuncia y el fiscal Angel Osorio, luego de encabezar allanamientos a esas empresas,
estimó que “en principio hay delito” y presumió que “ningún organismo
oficial intimó a las empresas a no hacer el lock out o interrumpirlo una vez
comenzado”. También fue allanada la sede de JURCA, lo cual permitió conocer los
nombres e imputar personalmente a los directivos involucrados.La semana pasada, Monner
Sans amplió su denuncia, ya que “la tarea del periodismo ha permitido conocer con
mayor profundidad el grado de inseguridad de los aeropuertos”: solicitó una
“megainvestigación respecto del estado de seguridad de los aeropuertos del
país”, ya que “lo que se conoce por trascendidos y episodios demuestra que ni
el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo han hecho nada de fondo y de veras durante
años”.El fiscal Osorio acordó en la denuncia y ayer Bagnasco dispuso los
allanamientos. En la Secretaría de Transportes y en ORSNA fue secuestrada documentación
sobre directivas de seguridad. Se allanaron también todas las oficinas de Aeropuertos
Argentina 2000: en el Aeroparque Newbery, en Ezeiza y en Honduras entre Fitz Roy y
Bonpland, donde funciona también el Multimedios América, igualmente capitaneado por el
empresario Eduardo Eurnekian. El análisis de la documentación, que ocupa una habitación
entera, requerirá varios días.Por su parte el juez Gustavo Literas, que investiga el
accidente, volvió a allanar ayer la sede de LAPA, en la Avenida Santa Fe al 1900, y las
oficinas de la empresa en el Aeroparque Jorge Newbery. Obtuvo allí documentación sobre
la política de esa empresa en cuanto a la capacitación e instrucción técnica de su
personal y el mantenimiento de las aeronaves. Anteayer el magistrado secuestró el libro
de quejas que la empresa pone a disposición de sus clientes, y hoy recibirá el
testimonio de dos sobrevivientes de la tragedia que llegarán desde Córdoba. |
