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LA JUSTICIA INVESTIGA LA INSEGURIDAD AEREA
Allanamientos de alto vuelo


t.gif (862 bytes)  En el marco de una “megainvestigación” sobre la seguridad en los aeropuertos argentinos, el juez Adolfo Bagnasco allanó ayer la Secretaría de Transporte, el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos) y varias sedes de Aeropuertos Argentina 2000. El punto de partida fue una denuncia por “impedir el normal funcionamiento de los transportes” presentada por el abogado Ricardo Monner Sans contra las empresas aéreas que, cuando el Aeroparque fue clausurado por el accidente del avión de LAPA, se negaron a prestar servicios desde Ezeiza. Como las compañías aducían que la suspensión de los vuelos era por falta de condiciones de seguridad, el denunciante pidió investigar “la seguridad de los aeropuertos del país”. Entretanto, en la investigación del accidente, el juez Gustavo Literas volvió a allanar oficinas de LAPA y empezó a estudiar los legajos del piloto y el copiloto. El viernes 3 de este mes, las empresas Aerolíneas Argentinas, Austral, CATA, Dinar, LAER, LAPA y Southern Winds (agrupadas en la Junta de Representantes de las Compañías Aéreas, JURCA) decidieron interrumpir los servicios desde el Aeropuerto de Ezeiza, en lo que se interpretó como una presión para que el juez Gustavo Literas permitiera la reapertura del Aeroparque Jorge Newbery, que estaba clausurado desde el accidente del Boeing 737 de LAPA el 31 de agosto. La medida se efectivizó durante un día, ya que el domingo el aeropuerto porteño fue rehabilitado.El lunes 6, el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia contra esas empresas por violación del artículo 194 del Código Penal, que reprime con pena de hasta dos años de cárcel “el impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes”; Monner Sans señalaba que “ese lock out habría sido una manera de mellar la necesaria independencia del juez”.El juez federal Adolfo Bagnasco recibió la denuncia y el fiscal Angel Osorio, luego de encabezar allanamientos a esas empresas, estimó que “en principio hay delito” y presumió que “ningún organismo oficial intimó a las empresas a no hacer el lock out o interrumpirlo una vez comenzado”. También fue allanada la sede de JURCA, lo cual permitió conocer los nombres e imputar personalmente a los directivos involucrados.La semana pasada, Monner Sans amplió su denuncia, ya que “la tarea del periodismo ha permitido conocer con mayor profundidad el grado de inseguridad de los aeropuertos”: solicitó una “megainvestigación respecto del estado de seguridad de los aeropuertos del país”, ya que “lo que se conoce por trascendidos y episodios demuestra que ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo han hecho nada de fondo y de veras durante años”.El fiscal Osorio acordó en la denuncia y ayer Bagnasco dispuso los allanamientos. En la Secretaría de Transportes y en ORSNA fue secuestrada documentación sobre directivas de seguridad. Se allanaron también todas las oficinas de Aeropuertos Argentina 2000: en el Aeroparque Newbery, en Ezeiza y en Honduras entre Fitz Roy y Bonpland, donde funciona también el Multimedios América, igualmente capitaneado por el empresario Eduardo Eurnekian. El análisis de la documentación, que ocupa una habitación entera, requerirá varios días.Por su parte el juez Gustavo Literas, que investiga el accidente, volvió a allanar ayer la sede de LAPA, en la Avenida Santa Fe al 1900, y las oficinas de la empresa en el Aeroparque Jorge Newbery. Obtuvo allí documentación sobre la política de esa empresa en cuanto a la capacitación e instrucción técnica de su personal y el mantenimiento de las aeronaves. Anteayer el magistrado secuestró el libro de quejas que la empresa pone a disposición de sus clientes, y hoy recibirá el testimonio de dos sobrevivientes de la tragedia que llegarán desde Córdoba.

 

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