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Por Adriana Meyer  “Los
detenidos estaban muertos de terror cuando llegaban a la ESMA”, fue la frase que el
represor Emilio Massera sacó de las tinieblas durante su declaración indagatoria ante el
juez Adolfo Bagnasco, en la causa que investiga la sistemática sustracción de los hijos
de los desaparecidos durante la dictadura. En diciembre, el Almirante Cero se había
negado a declarar, pero ayer se mostró interesado en exponer sus pensamientos. Aportó
una agenda y se quejó porque considera que “estos procesos armados por los
montoneros que quieren reivindicarse” impiden la “definitiva reconciliación
nacional”.Massera ingresó en el juzgado a las 10 y salió a las 14. Llevaba puesto un saco azul que no podía abotonar porque se lo impedía su robusta anatomía. “Está gordo”, comentaron quienes lo vieron por los pasillos de los tribunales. Antes de someterse al interrogatorio, Massera intentó mostrar que todavía tiene poder y que es un referente de consulta política. “Por momentos trató de demostrar que podía ejercer ese poder sobre el magistrado, pero en realidad parece que vive en el pasado y no tiene ninguna noción del presente ni proyección de futuro”, fue la impresión que un funcionario con acceso a la causa comentó a Página/12. El ex almirante destacó que “no ha participado ni conoce caso alguno de embarazadas o partos en ninguna unidad de la Armada” y rechazó “terminantemente que haya existido un plan sistemático para la apropiación de menores y sustitución de identidad”. En sus respuestas, incurrió más de una vez en contradicciones. Por ejemplo, afirmó que no manejó datos precisos sobre los detenidos que pasaron por la ESMA, porque “por el cargo que ocupaba no lo molestaban por esas cuestiones, sólo le informaban que estaban derrotando a la subversión”. Pero inmediatamente declaró que “los detenidos tenían temor cuando ingresaban a la ESMA” y admitió que “al respecto pueden haberse cometido algunos excesos”. Reconoció que la ESMA funcionó como un centro de detención al que definió como “un grupo de tareas operativo”, pero aclaró que “no era clandestino”. Massera agregó que “no le consta que los detenidos hayan sido torturados” y adujo que las declaraciones de sobrevivientes que lo incriminan “cumplen con las instrucciones que se imparten en el manual del guerrillero-montonero”. El represor se permitió hacer sugerencias al tribunal, cuando propuso que busquen los antecedentes delictivos de las personas que testimoniaron en el Juicio a las Juntas. Su declaración, armada de manera cuidadosa, apuntó a tratar de invalidar las pruebas que hay en su contra en el expediente. En ese sentido, aportó copias de una agenda oficial de la Armada para demostrar que en la Navidad de 1977 no visitó a los detenidos de la ESMA, tal como declararon las sobrevivientes Sara Osatinsky y Cristina Vieyra, quienes habían testimoniado que lo hizo en varias oportunidades y precisaron que lo vieron en diciembre del ‘77. La agenda indica que Massera estuvo en Ushuauaia a fines de ese mes. Sin embargo, el represor recuerda haber condecorado a quienes participaron en la “guerra contra la subversión”, hecho que fue relatado por otros sobrevivientes. También presentó una copia de la declaración del fallecido almirante Rubén Chamorro, ex director de la ESMA, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en la que está subrayado el párrafo que indica que “el Comandante de Operaciones Navales era el responsable de los grupos de tareas”. Ayer declararon también el almirante retirado Rubén Franco y el ex presidente de facto Reynaldo Bignone. Como ocurrió el jueves cuando concurrieron Acosta, Febres y Vañek, los funcionarios judiciales (actuando lo indicado por la Cámara Federal) le señalaron a Franco que la acusación se basa en los casos de los hijos de treinta y cuatro mujeres que permanecen desaparecidas. El marino dijo que “jamás tuvo conocimiento de que hubieran nacido bebés (en la ESMA) ni que hubieran sido sustraídos enningún destino de la Armada”. Además, como la imputación en su contra incluye haberse negado a informar sobre el destino de esos menores, el militar declaró que “no puede negarse a informar sobre hechos que desconoce”. La querella entendió que la denominada Ley de Pacificación formó parte de la cobertura de impunidad con que la última junta militar cubrió los delitos aberrantes cometidos durante la dictadura. “Mal pudimos haber otorgado impunidad a nadie, porque nuestros propios jueces la declararon inconstitucional antes de que finalizara el Proceso”, explicó el marino. A Bignone se le imputan los mismos casos, y al igual que Franco respondió que “no participó ni directa ni indirectamente en los hechos que se le endilgan”. “Si buscar la concordia, la paz, el perdón de viejos agravios y la superación de enfrentamientos es delito, estoy seguro de haberlo cometido. Si es una virtud, espero que la historia me lo reconozca”, pronunció el último presidente de facto para expresar su anhelo de bronce.
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