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Por Mónica Gutiérrez Desde Córdoba  La
investigación sobre las tareas de inteligencia por parte de civiles y militares sobre la
sociedad cordobesa, que ocasionó un verdadero escándalo a partir del mes de mayo, quedó
sin imputados momentáneamente. Con el fallo dado a conocer ayer por la Cámara Federal de
Córdoba, que anula en parte lo actuado por la jueza Cristina Garzón de Lascano, la causa
por espionaje sufrió un revés que demandaría nuevas acciones procesales por parte de la
Justicia. La sala A de la Cámara, integrada por Raúl Sánchez Freytes, Gustavo Becerra
Ferrer y Humberto Aliaga Yofre, resolvió declarar nula la actuación de la jueza desde la
declaración testimonial prestada por Abel José Guillamondegui, ex titular de la Central
de Reunión de Información del Tercer Cuerpo de Ejército, producida el 13 de mayo
pasado. Esto, por entender que al tomar las testimoniales de tres militares y luego
realizar una requisitoria fiscal basada, en parte, en esas declaraciones, se violó el
principio de inocencia, el del debido proceso y el que establece que nadie puede ser
obligado a declarar contra sí mismo.Según la Cámara, “entre las declaraciones
testimoniales de los militares y la pieza fiscal (requerimiento) cuestionada, existe una
relación de causa-efecto, que en su aspecto central resulta el principal argumento en
contra de los propios imputados”. Vale recordar que la jueza había llamado a prestar
declaración testimonial a tres militares del Tercer Cuerpo en el marco de la causa sobre
desaparecidos, y luego de tomar esas declaraciones se abrió la causa de espionaje.
Después de que se diera a conocer el fallo, hubo interpretaciones diferentes según las
partes involucradas. Para los abogados de los militares, la resolución de los camaristas
fue tomada como un triunfo: “Con esta decisión ya no hay causa, ya no existe
imputación para nadie”, señaló a Página/12 Gustavo Franco, abogado defensor de
Guillamondegui. Franco agregó que “la jueza jamás debió llamar a testimoniar a las
personas sobre las cuales ella tenía sospechas, porque esas testimoniales se volvieron
autoincriminatorias y por ello toda acción posterior inconstitucional”.Sin embargo,
el camarista federal Sánchez Freytes negó que la resolución del cuerpo que integra haya
“anulado todo. Eso no dice el fallo”, explicó a este diario. “Sí se
declara nula la declaración testimonial de Guillamondegui y sus efectos posteriores, como
es la requisitoria de la señora fiscal, basada en aquella declaración”, argumentó
el funcionario, quien indicó que “la jueza puede seguir con las acciones procesales
si dispone de otros elementos probatorios en la causa”.Franco admitió en parte esta
situación futura al precisar que “la jueza tiene como válidas las escuchas”.
Garzón de Lascano como la fiscal Graciela López de Filoñuk tienen en su poder pruebas
suficientes como para volver a requerir acción contra los militares y civiles que
incurrieron en delito al realizar tareas de inteligencia sobre la causa de los
desaparecidos y sobre varios estamentos de la sociedad cordobesa.A partir de los primeros
días del mes de mayo la jueza siguió de cerca las tareas de los espías, en los meses
posteriores requirió información al Ejército sobre los agente civiles y pudo detectar,
a través de escuchas y allanamientos, que políticos, periodistas y sindicalistas eran
objeto de seguimientos por parte de una estructura de inteligencia militar. El general
Jorge Miná, titular de Inteligencia del Ejército, resultó el más alto militar
sospechado de estas acciones. Le siguieron el titular de la Jefatura II de Inteligencia,
José Luis Bo y los militares de Córdoba Guillamondegui, Víctor Orsolini, Roberto
Quiroga y Néstor Baudano. También resultaron acusados los civiles Santiago Houston,
Pablo Camps yAlfredo Silva y recientemente habían sido identificados otros tantos civiles
que “trabajaban” amparados en los seudónimos de A-44, S-17 y “Mara”,
aunque se esperaba este pronunciamiento de la Cámara para proseguir con las actuaciones.
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