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Por Felipe Yapur Desde Tucumán  La
gobernación del ex dictador Antonio Bussi está en ruinas. No sólo las paredes tiznadas
de la casa de gobierno lo demuestran, también la renuncia de varios de los ministros de
su gabinete. Es por eso que ayer, en un intento por demostrar que todavía maneja las
riendas, vetó la polémica superley que otorga plenos poderes a la próxima
administración justicialista. Pero no fue suficiente: la amenaza de renuncia que Bussi
había lanzado en el transcurso de la semana finalmente no se concretó. Uno de sus
asesores más estrechos confió a Página/12 que el anciano general todavía mantiene la
esperanza de una reconsideración del Ministerio del Interior: “Ellos no creían que
Bussi vetaría la ley. Le demostramos que era cierto. Ahora veremos si ellos son capaces
de cumplir con su amenaza de no enviarnos el dinero que la provincia necesita si se vetaba
la ley”. Es por esta razón que Bussi se dio un fin de semana de respiro antes de
definir toda la parodia, que podría ocurrir pasado mañana.Durante todo el día de ayer el viejo dictador estuvo reunido en su despacho. Decenas de reuniones se desarrollaron en esa oficina. Primero lo hizo con sus ministros, luego llegó el turno de los secretarios de Estado. A todos ellos le anunció la decisión de vetar la superley, pero se negó a develar cuál sería su determinación: si renunciar o pedir una licencia por enfermedad. Mientras tanto, las comunicaciones telefónicas con Buenos Aires no cesaron durante toda la mañana. Bussi habló siempre con el ministro Carlos Corach, situación que molestaba mucho al militar. Colaboradores del mandatario confirmaron que “la insistencia del ministro para que renuncie lo puso de muy mal humor porque sentía que lo estaban extorsionando”. En la Capital Federal nadie negó las conversaciones con el mandatario tucumano. El gobernador electo por el PJ, Julio Miranda, confirmó la especie al reconocer que Corach, en su presencia y con la participación también del actual vicegobernador Raúl Topa, habló con el militar y le recomendó renunciar “si no veía otra alternativa”. Durante esa charla el gobernador tucumano habría elaborado la posibilidad de solicitar una licencia por enfermedad. Esta se produciría para que Bussi se someta a una intervención quirúrgica –se trataría de controlar un cáncer de próstata-, para lo cual el gobernador debería pedir licencia a la Legislatura, algo que hasta anoche no sucedió. El pedido de licencia es poco probable. Varios son los indicios que señalan a la renuncia como la variable más firme. Por lo pronto, ayer por la mañana dos altos funcionarios presentaron su dimisión. El primero fue la fiscal de Estado, Gilda Pediccone de Valls; la siguió el ministro de Hacienda, Domingo Arroyo quien ya abandonó la provincia y se trasladó a la Capital Federal, donde reside habitualmente. Fue el secretario de Gobierno, Gustavo Rojas Alcorta, quien dio la versión más fuerte del anticipado abandono del gobernador. “El nos pidió que no nos atemos a su decisión que creo que se conocerá recién el próximo lunes”, dijo el funcionario y agregó que “no descarto su renuncia”.  El ambiente que se vivía en la casa de gobierno se reflejaba en el
nerviosismo de los altos funcionarios, únicos habitantes de la sede gubernamental ya que
el gobernador había decretado asueto debido a las constantes protestas de los empleados
ante la falta de pago de sus haberes. Sólo en un momento creyeron que la popularidad
podría retornar a los valores deseados. Fue durante la multitudinaria movilización que
produjeron los estatales provinciales en contra de la polémica superley. Los
manifestantes aplaudieron cuando se enteraron del veto gubernamental, pero inmediatamente
comenzaron a exigir el pago de los sueldos y los insultos contra el militar no se hicieron
esperar. Fue en ese momento quelos adulones del militar se dieron cuenta que la intención
de hacerlo salir al balcón para mostrar el veto de la ley era una mala idea.La agonía de la administración bussista se extenderá por 48 horas más. EL ex dictador tiene su renuncia redactada y rubricada, pero espera todavía que Corach o el presidente Carlos Menem se apiaden de él y le permitan terminar su gestión. Bussi aspira a evitar que la Justicia no lo detenga por las numerosas causas que pesan en su contra. Pero esa posibilidad parece estar muy lejana. Cuando este diario consultó a Pedicone de Valls por la posibilidad de un cambio de postura del gobierno nacional, la ex funcionaria fue categórica: “No creo que esto suceda y por ello creo que el general renunciará”.
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