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 Por segunda
vez desde la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres, el gobierno chileno
anunció que llamará a consultas a su embajador en Madrid, Sergio Pizarro. Lo hará en
protesta por la negativa del gobierno español a llevar el caso del ex dictador, que está
a la espera de un proceso de extradición a Madrid, a un arbitraje internacional. El
canciller chileno Juan Gabriel Valdés declaró además que una delegación de su país
viajará la semana próxima a La Haya para comenzar a preparar el siguiente paso oficial
en caso de que el juicio de extradición sea contrario a Pinochet: recurrir al Tribunal
Internacional de esa ciudad. Mientras la derecha sigue presionando al gobierno para que se
rompan las relaciones diplomáticas y comerciales con España, el canciller Valdés se
reunió en la noche del jueves con los presidentes de las principales empresas españolas
que operan en Chile. Es que el mismo canciller, y el gobierno chileno, también están preocupados sobre el límite al que puede llegar el pataleo por Pinochet. Sólo en el primer cuatrimestre de este año, las empresas españolas invirtieron 2431 millones de dólares en Chile, lo que completa casi el 61 por ciento de la inversión extranjera productiva en el país. “Yo sólo quiero conocer sus puntos de vista, expresarles nuestra preocupación por la relación Chile-España y ver el aporte que ellos puedan hacer para que se mantenga con buen pie”, explicó Valdés antes de la reunión. Semanas atrás, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno acordó por unanimidad pedir al gobierno que revise el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, vigente desde 1994. Además, parlamentarios de los dos partidos de la derecha opositora han pedido la ruptura de relaciones diplomáticas y la rescisión del contrato para suministrar a la Marina chilena dos submarinos “Scorpene”, firmado con el consorcio hispano-francés integrado por Bazán y DCN. Respecto de las relaciones diplomáticas, Valdés desmintió toda posibilidad de que el llamado a consultas de Pizarro derive en un retiro indefinido del embajador. “Sería poco práctico, poco inteligente”, manifestó Valdés. El gobierno español también bajó los decibeles. Su portavoz, Josep Piqué, declaró después de una reunión del gabinete que la reacción de Chile es algo tradicional en las relaciones diplomáticas internacionales. “España no tiene ningún contencioso con Chile, tiene un profundo sentimiento de amistad y solidaridad y procura demostrarlo todos los días”, señaló. “Esperamos que en ningún momento se pueda plantear nada que pudiera ser irreversible”, completó Piqué. En Chile, el mismo gobierno admite que “el clima está enrarecido”. El ejército ya había expresado su malestar anteayer por la detención de la cúpula de la ex Central Nacional de Inteligencia (policía secreta de la dictadura, ex DINA). Mañana se realizará el desfile de “las Glorias del Ejército de Chile”, con la presencia de 10.000 soldados, y el gobierno considera que “no habrá problemas de seguridad”. Pero la tensión ya está provocando incidentes menores. El jueves por la madrugada, una bomba dejó semidestruida la tumba del ex capellán del ejército de Chile, monseñor Florencio Infante, en el cementerio Santa Inés de la ciudad de Viña del Mar. En Curicó (200 kilómetros al sur de Santiago) hubo un aviso de bomba en una sucursal del Banco Santander (de inversionistas españoles). En la sede de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) ocurrió ayer un atentado con bombas molotov. Y se supo que varios legisladores y dirigentes del oficialista Partido Socialista fueron amenazados de muerte.
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