El Banco Mundial ya tiene una agenda de
deberes para presentar a los candidatos a suceder a Carlos Menem. El listado, del que
tomarán conocimiento los referentes económicos de la Alianza y del duhaldismo a partir
del miércoles en Washington, incluye más flexibilización en el mercado laboral, un
fondo de capitalización privado para reemplazar la actual indemnización por despido,
nuevas normas de defensa del consumidor, más desregulación en el sistema de salud entre
obras sociales y medicina prepaga, revalorizar el papel de la Oficina de Etica Pública
para luchar contra la corrupción, y un velado pedido de arancelamiento de las
universidades, entre otros temas. Pero, además, en el Banco creen que Menem y Roque
Fernández incumplieron la promesa de resguardar programas sociales financiados por el
organismo de los recortes presupuestarios. Y les pedirán a los que vienen que restituyan
las partidas. El domingo último, Página/12 publicó un documento que revelaba las
advertencias del FMI por el elevado déficit fiscal y de cuenta corriente externa de la
Argentina. Además, anticipaba a los candidatos presidenciales que, después de las
elecciones, reclamará más ajuste fiscal, porque un rojo mayor “podría hacer
peligrar la confianza de los inversores en la sostenibilidad del régimen de
Convertibilidad”, alertaba. Las exigencias del Banco Mundial a los candidatos
pasarán por otro lado. En un documento, al que accedió este diario, les recuerda que,
como parte del compromiso ya firmado con la administración Menem, el futuro gobierno
deberá avanzar con las siguientes cuestiones:u “Desarrollar un nuevo sistema de
capitalización que reemplace el actual sistema de indemnización por despido”. u
También insiste, en términos generales, con que “es necesario mayor flexibilidad en
el mercado de trabajo” para “reducir los costos laborales e incrementar la
movilidad laboral”.u En el área de educación, dice que hay que introducir
“mayores incentivos a la recuperación de costos en la educación superior
(universidades nacionales)”. Y, al mismo tiempo, propone otorgar “becas para los
estudiantes universitarios de las áreas de bajos ingresos”. Seguramente, esta nueva
forma de sugerir el arancelamiento de la universidad pública provocará cortocircuitos
con el nuevo gobierno. u “Establecer nuevas normas de protección del
consumidor” es otra las condiciones listadas.u Destaca que habrá que
“fortalecer la Oficina de Etica Pública”, a la que le asigna un papel principal
en la lucha contra la corrupción y recuerda que para su consolidación hay
“subsidios del Fondo de Desarrollo Institucional”, financiados por el organismo.
Más allá de estos puntos, el informe del Banco Mundial dice que el crédito especial de
ajuste estructural, firmado este año, preveía la “identificación y protección
frente a los recortes presupuestarios de un número de programas sociales clave que
proveen importante sustento a los pobres, incluyendo nutrición, empleo, salud y
educación”. Justamente, en Washington creen que Roque desoyó esta parte del trato y
podó indiscriminadamente los fondos que debía aportar el Estado, como contraparte, para
el funcionamiento de estos planes. En este sentido, un equipo de inspección del organismo
está investigando una denuncia formal realizada por técnicos del programa ProHuerta, de
la Secretaría de Desarrollo Social, que confirmaría esta situación. Otras denuncias
informales revelarían el desmantelamiento de programas de otras áreas. Pero la prueba
más categórica es la eliminación de casi todos los recursos destinados al Plan
Trabajar, de subsidios para los desempleados, del Presupuesto 2000 que el Ejecutivo envió
esta semana al Congreso. El Banco quiere que el próximo gobierno se comprometa a
recomponer esta canasta de programas sociales clave.
EL FUTURO GOBIERNO DEBERA HALLAR OTRO
PRESTAMISTA Ni un dólar más para agujeros
Por M.M.
Así como
el objeto específico del Fondo Monetario es auxiliar a los países con problemas en el
balance de pagos externo y, más recientemente, a los que afrontan crisis fiscales o
financieras, el Banco Mundial nunca fue creado con ese sentido. Se supone que debería ser
la “cara social” de Washington, la que mira más allá del corto plazo de los
mercados, financiando programas de asistencia a los pobres, de salud, de educación y
obras de saneamiento e infraestructura. Pero, en la práctica, el Banco se está
convirtiendo en un “FMI junior”, algo que en el directorio de la entidad detonó
más de una polémica. Ocurrió, durante la crisis de mediados del ‘97 en el sudeste
asiático, cuando el Fondo, sin agua en la manguera, le pidió ayuda para apagar el
incendio y evitar un descalabro financiero a nivel mundial. Sucede hoy, de nuevo, en
Latinoamérica, pero, fundamentalmente, en la Argentina. No hay funcionario de primera
línea del BM que no esté molesto porque el país que más fondos recibirá este año
destinará el 94 por ciento de los recursos a pagar cuentas fiscales y a llevar
tranquilidad a los banqueros privados (ver cuadro). En su informe anual, el organismo
trata de salvar las apariencias sobre este punto. Explica que, recientemente, “el
directorio aprobó un nuevo instrumento, llamado Préstamo Especial de Ajuste Estructural
(PEAE), para ayudar a los países a recobrar la confianza de los mercados financieros.
Argentina y Brasil han recibido apoyo del Banco bajo este paraguas”, afirma. Luego
agrega: “El PEAE de la Argentina (2.535 millones) apunta a mantener la confianza en
el sistema financiero doméstico, profundizar el mercado de capitales y fortalecer la
situación fiscal”. El otro crédito importante de este año (por 500 millones)
también tiene la calificación de “especial” y el BM explica que “dará
credibilidad al sistema financiero, al levantar las restricciones de liquidez en el
contexto del sistema de Convertibilidad”. Aun así, el documento se preocupa por
destacar que la Argentina se comprometió a “resguardar una canasta de programas
sociales de los recortes presupuestarios”, algo que el Gobierno no estaría
cumpliendo, lo cual ya provocó reacciones en el organismo (ver aparte). Pero la Argentina
no tiene en carpeta nuevos créditos para moderar el impacto social del ajuste fiscal.
Distinto es el caso de Brasil que, de los 1700 que negoció con el organism,o “1000
millones son para financiar protección social” y “ayudarán al gobierno a
proteger los gastos sociales durante el período de austeridad fiscal y reducir el impacto
sobre los más vulnerables”. Por eso, una alta fuente del Banco Mundial le dijo a
Página/12 que el próximo gobierno no podrá recurrir al organismo en busca de
financiamiento para apuntalar a la Convertibilidad. José Luis Machinea, candidato de
ministro de Economía en caso de triunfar Fernando de la Rúa, reconoció que el futuro
gobierno debería negociar con los organismos internacionales un paquete de 8.000 millones
de dólares para financiar las cuentas fiscales del primer año de gestión, honrar los
compromisos externos y mantener fuera de peligro el tipo de cambio fijo. Lo que ahora
queda claro es que deberá buscar esos recursos en una ventanilla de Washington distinta a
la del Banco Mundial. “Ahora es el turno del FMI, nosotros tenemos que volver a
concentrarnos en lo social”, dijo el funcionario consultado por este diario. En el
organismo temen que la Argentina sea un caso paradigmático para un futuro, en el que el
Banco quedaría reducido a una agencia del Fondo Monetario Internacional, sólo preocupado
por resguardar la estabilidad monetaria. Imaginan que los dólares desembolsados en el
país podrían escurrirse en las grietas del fisco y del sistema financiero. Y, mientras
tanto, los programas sociales básicos quedar desactivados.
El Banco Mundial ya tiene una agenda de
deberes para presentar a los candidatos a suceder a Carlos Menem. El listado, del que
tomarán conocimiento los referentes económicos de la Alianza y del duhaldismo a partir
del miércoles en Washington, incluye más flexibilización en el mercado laboral, un
fondo de capitalización privado para reemplazar la actual indemnización por despido,
nuevas normas de defensa del consumidor, más desregulación en el sistema de salud entre
obras sociales y medicina prepaga, revalorizar el papel de la Oficina de Etica Pública
para luchar contra la corrupción, y un velado pedido de arancelamiento de las
universidades, entre otros temas. Pero, además, en el Banco creen que Menem y Roque
Fernández incumplieron la promesa de resguardar programas sociales financiados por el
organismo de los recortes presupuestarios. Y les pedirán a los que vienen que restituyan
las partidas. El domingo último, Página/12 publicó un documento que revelaba las
advertencias del FMI por el elevado déficit fiscal y de cuenta corriente externa de la
Argentina. Además, anticipaba a los candidatos presidenciales que, después de las
elecciones, reclamará más ajuste fiscal, porque un rojo mayor “podría hacer
peligrar la confianza de los inversores en la sostenibilidad del régimen de
Convertibilidad”, alertaba. Las exigencias del Banco Mundial a los candidatos
pasarán por otro lado. En un documento, al que accedió este diario, les recuerda que,
como parte del compromiso ya firmado con la administración Menem, el futuro gobierno
deberá avanzar con las siguientes cuestiones:u “Desarrollar un nuevo sistema de
capitalización que reemplace el actual sistema de indemnización por despido”. u
También insiste, en términos generales, con que “es necesario mayor flexibilidad en
el mercado de trabajo” para “reducir los costos laborales e incrementar la
movilidad laboral”.u En el área de educación, dice que hay que introducir
“mayores incentivos a la recuperación de costos en la educación superior
(universidades nacionales)”. Y, al mismo tiempo, propone otorgar “becas para los
estudiantes universitarios de las áreas de bajos ingresos”. Seguramente, esta nueva
forma de sugerir el arancelamiento de la universidad pública provocará cortocircuitos
con el nuevo gobierno. u “Establecer nuevas normas de protección del
consumidor” es otra las condiciones listadas.u Destaca que habrá que
“fortalecer la Oficina de Etica Pública”, a la que le asigna un papel principal
en la lucha contra la corrupción y recuerda que para su consolidación hay
“subsidios del Fondo de Desarrollo Institucional”, financiados por el organismo.
Más allá de estos puntos, el informe del Banco Mundial dice que el crédito especial de
ajuste estructural, firmado este año, preveía la “identificación y protección
frente a los recortes presupuestarios de un número de programas sociales clave que
proveen importante sustento a los pobres, incluyendo nutrición, empleo, salud y
educación”. Justamente, en Washington creen que Roque desoyó esta parte del trato y
podó indiscriminadamente los fondos que debía aportar el Estado, como contraparte, para
el funcionamiento de estos planes. En este sentido, un equipo de inspección del organismo
está investigando una denuncia formal realizada por técnicos del programa ProHuerta, de
la Secretaría de Desarrollo Social, que confirmaría esta situación. Otras denuncias
informales revelarían el desmantelamiento de programas de otras áreas. Pero la prueba
más categórica es la eliminación de casi todos los recursos destinados al Plan
Trabajar, de subsidios para los desempleados, del Presupuesto 2000 que el Ejecutivo envió
esta semana al Congreso. El Banco quiere que el próximo gobierno se comprometa a
recomponer esta canasta de programas sociales clave.