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 El actual
gobernador y ex represor Domingo Antonio Bussi ya se encuentra en la Capital Federal y hoy
intentará conseguir que el gobierno nacional le otorgue un crédito de 60 millones de
dólares para superar la grave crisis económica que afecta a la provincia de Tucumán.
Con la excusa de realizarse un chequeo médico por un probable cáncer de próstata, el ex
militar se reuniría con funcionarios del Ministerio del Interior para conseguir el dinero
que le permitiría terminar su mandato sin tener que pedir una licencia o renunciar.El ex militar se trasladó a la Capital Federal con pocas esperanzas en su equipaje, ya que en las oficinas del Ministerio del Interior alientan una renuncia o una licencia que le permitiría al vicegobernador Raúl Topa quedar al frente de la gobernación provincial hasta la asunción del mandatario electo, el justicialista Julio Miranda. Aunque en el entorno del bussismo aún alientan la esperanza de conseguir el crédito, en las filas justicialistas consideran sellado el destino del gobernador. Si no consigue el crédito, Bussi pediría una licencia por enfermedad o renunciaría a la gobernación; en este último caso el actual representante de Fuerza Republicana (FR) en el Senado Nacional, Carlos Almirón, le cedería su banca al ex represor. La semana pasada, Topa se fue dando un portazo de Fuerza Republicana, como consecuencia de fuertes y viejas disidencias con el general. Precisamente, la ubicación de Topa al frente del gobierno permitiría descomprimir en parte la crisis provincial ya que desde la Nación llegaría el millonario crédito para pagar los salarios atrasados de los trabajadores estatales que desde hace meses se movilizan en la capital de la provincia. La semana pasada, tanto Topa como Miranda reconocieron que durante una reunión que tuvieron con el ministro Carlos Corach, éste recibió un llamado telefónico de Bussi, y cuando el ex general le pidió un consejo sobre qué decisión adoptar, el funcionario nacional contestó, sin medias tintas: “Renuncie, si no le queda otra alternativa”. A este cuadro se le agrega la falta de cohesión en el propio gabinete de Bussi, que soportó la renuncia de la fiscal de Estado, Gilda Pediccone de Valls, y del ministro de Hacienda, Domingo Arroyo, quien regresó precipitadamente a Buenos Aires, donde vive su familia. Tanto en el justicialismo tucumano, como en los sectores de FR que responden a Topa, sostienen que la posibilidad de que el electo intendente de la capital provincial ocupe interinamente el cargo ejecutivo de la provincia abrirá la puerta a los 60 millones de pesos del crédito. En la Legislatura, en tanto, todos los bloques se mostraban dispuestos a aceptarla salida de Bussi con algunas diferencias de criterio sobre si se trataba de una renuncia o una licencia. En ese marco, los ex republicanos se pronunciaron directamente a favor de la renuncia, mientras los radicales aún no definieron su postura y el PJ apuntaba a la separación definitiva de Bussi. La Legislatura se reuniría a fines de esta semana para tratar nuevamente la denominada superley, que Bussi vetó hace pocos días, y que Julio Miranda reclama, porque le permitirá tener las manos libres para efectuar un duro ajuste. Tras el veto, serán necesarias las dos terceras partes de los legisladores presentes para volver a aprobarla, a lo que se llegaría con facilidad con los votos justicialistas y los de los diputados que se fueron con Topa de Fuerza Republicana, sector que acuerda con la emergencia.
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