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![]() La inquietud de los seguidores por la suerte del debilitado ex dictador militar aumenta con las horas. Ninguna de sus iniciativas, ni las del gobierno chileno, pudieron detener el inminente juicio que, a partir del próximo lunes, decidirá si Pinochet deberá rendir cuentas a la Justicia española. Las maniobras paralelas por allanar una salida humanitaria que regrese al ex dictador al país siguen en la agenda del gobierno, aunque por ahora no encuentran respuestas. El canciller español aseguró la semana pasada que el arbitraje internacional reclamado por Chile es un asunto judicial en el que el gobierno no puede intervenir. Y Chile convirtió sus amenazas en una represalia diplomática que, por ahora, tiene como próximo capítulo la futura presentación ante La Haya. El ministro chileno de la presidencia, José Miguel Insulza, ejemplificó los motivos que impulsan el recurso. ¿Es razonable que Ruanda pida a China la extradición de un ciudadano hondureño por crímenes cometidos en Honduras? Todos le van a decir que está loco ilustró. Pero esto es lo que está ocurriendo en este caso. Para reclamar ante el Tribunal de La Haya, el gobierno chileno tuvo que dejar sin efecto una reserva que estableció el mismo Pinochet al firmar, en 1988, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Irónicamente, esa reserva rechazaba la jurisdicción del Tribunal sobre Chile e impedía que este país pudiese invocar la Convención ante él. Chile busca ahora que el Tribunal le niegue competencia a la Justicia española. En Nueva York, donde se celebra la última Asamblea General de la ONU del milenio, el canciller español Abel Matutes anunció que mañana se reunirá como estaba previsto con su par chileno, a menos que surja una cancelación de último momento. Pero Valdés adelantó que el enojo de su país por la falta de cooperación de España podría dar lugar a un desplante. Ya está todo dicho, disparó. Mientras tanto, en Chile, los pinochetistas que el domingo manifestaron durante la celebración del Día de las Glorias del Ejército recibieron las críticas del gobierno por los silbidos que recibió el presidente Frei y por la quema de banderas españolas y británicas.
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