Por Cristian Alarcón La policía sabía diez
minutos antes de la masacre que si los asaltantes intentaban escaparse del banco lo
harían con los rehenes como escudo y aun así tiraron. Así surge de una grabación que
está en poder de los investigadores en la que quedó registrada una de las
conversaciones, la que mantuvo el abogado Carlos Varela con los ladrones que se hacían
llamar Cristian, en realidad Martín Saldaña, y Miguel, cuyo verdadero nombre era Javier
Hernández. Anoche el nuevo ministro de Seguridad, Carlos Soria, afirmó en una entrevista
televisiva: “El juez sabía diez minutos antes que los ladrones iban a salir”.
En la última de las comunicaciones el ex defensor de los delincuentes les advirtió que
si se escapaban los matarían. Fue siete minutos antes del desenlace. Y la respuesta de
Miguel fue: “Tenemos los rehenes. No nos van a tirar”. Se había convencido de
un garantismo que no estaba en las mentes de los tiradores.
Carlos Varela le dijo a Página/12 que después de la masacre declaró ante la policía.
Allí explicó que entre la una y media de la madrugada y casi el momento en que dos
rehenes fueron acribillados por las balas de los grupos especiales mantuvo tres charlas
con quienes aparecían como los ladrones con decisión en el grupo: Miguel y Cristian.
“Esto es delicado y no voy a confirmar ni desmentir”, dijo a este diario al ser
consultado sobre los minutos finales de la conversación. Hasta ayer el abogado no había
sido convocado por Villafuerte Ruzo. Por la tarde este diario pudo hablar con una fuente
que estuvo presente en el lugar y escuchó la advertencia de los ladrones. En la noche,
Soria apuntó todos misiles contra el juez Villafuerte Ruzo: afirmó que supo de la salida
diez minutos antes y que “a las dos de la mañana el juez fue adviertido de que los
rehenes dormían en un lugar y los ladrones se peleaban entre ellos en otro. Sólo dos
estaban armados –Cristian y Miguel–. El otro –Carlos Martínez– estaba
herido porque le habían pegado. Pero el juez no tomó ninguna decisión”.
Varela cree que al liberar a uno de los rehenes los asaltantes le entregaron un papel con
su número para que lo llamasen. “Soy uno de los que estaba adentro. Cristian y
Miguel necesitan tu ayuda”, le dijo una voz unos minutos después de las 21.30.
Estaba en Rosario, salió hacia Ramallo. Desde su celular intentó hablar al banco. No
pudo. Llegó a la Escuela donde estaba el bunker de negociaciones. Se entrevistó con el
subcomisario Claudio Pereyra, a cargo del Grupo de Operaciones Especiales Federales
(GOEF). “Los conozco, los he defendido, quizá pueda ayudar en algo”, le dijo.
Lo recibió Villafuerte. “Mire que al otro abogado lo echaron”, le dijo. Varela
insistió. Eran más de la una y media. Varela discó. Atendió Flora Lacave y pasó con
Miguel. “Cómo te va. ¿Viste el quilombo que hice? ¡Estoy hasta la pija!.”
“Y... sí, vamos a tratar de arreglarlo”, lo consoló. Esa charla duró media
hora.
Varela intentó convencer a Miguel de que si no se entregaban, a esa altura iban a morir
en el intento, que no tenían salida. “Ellos ya habían roto las relaciones con Pablo
el mediador”, cuenta Varela. “A ese hijo de puta le vamos a meter caño. Es un
traidor. Si está escuchando que lo sepa”, dijeron. Por eso la llegada de Varela
resultó providencial para Villafuerte Ruzo. El abogado consiguió con tres comunicaciones
que por lo menos Miguel entendiese que no había muchas salidas y que quizás era mejor
una entrega negociando “cosas que podían cumplirse”. La última vez que habló
con Cristian y con Miguel, Varela ofreció “un proceso rápido, la garantía de
integridad física y lo que en la jerga se llama ‘acercamiento familiar’, o sea
que sean detenidos en lugares cercanos a sus domicilios”. No sonaba tan mal. Eran
dos. Estaban hartos. Miguel dio el OK a la idea. Pero había hecho un pacto con Cristian.
Estaría con él hasta el final. Y a Cristian la propuesta no le cerraba.
“No lo podés obligar a tu amigo a cumplir con esa promesa”, le dijo Varela.
Faltaban menos de veinte minutos para la masacre. “Pero él me hizo una promesa.
Doctor, hasta luego”, cerró Cristian. Varela siguió con Miguel. “Fijate si lo
podés convencer”, le dijo. “Hablame en quince o veinte minutos”, contestó
el ladrón. “La conversación se corta para que nos volviésemos a comunicar”,
asegura el abogado. Pasaron siete minutos de reloj. Varela habló en ese tiempo con
Villafuerte. El juez dio el OK a las garantías que había prometido. Incluso dijo que
podría darse una “nulidad procesal”, según una fuente de la investigación
confirmó a este diario. “Esperaba esa cuarta comunicación. Y además yo no sabía
que en el banco había un auto”, contó Varela. “Pensaba que iba a tener que
conseguirlo.” Los demás sí sabían que el auto existía. Y es difícil comprender
por qué antes de un nuevo diálogo con el abogado, Cristian habló con Pablo, al que
llamaba “el traidor”. Fue a él a quien dejó esperando pegado al tubo
diciéndole que llevaba al baño al gerente, para en realidad subirse al auto y escapar.
La cuarta comunicación ya no se pudo hacer.
Los disparos a rehenes y ladrones según la pericia
“Las cabezas destrozadas por las balas”
Por Carlos Rodríguez Desde San Nicolás
Los dos
rehenes y el delincuente muertos durante la balacera que en instantes acabó con la paz en
Villa Ramallo tenían dos balazos en el pecho cada uno. Como una prueba del infierno que
envolvió la trayectoria de poco más de una cuadra que hicieron los ocupantes del
Volkswagen Polo, el tesorero del Banco Nación Carlos Santillán y el jefe de los
asaltantes, Javier Hernández, tenían además “sus cabezas prácticamente
destrozadas por las balas”, relató Ricardo Zunino, miembro del equipo pericial que
secunda al juez Carlos Villafuerte Ruzo. Trascendió, además, que uno de los impactos que
tenía el gerente Carlos Chaves en el torso era de un fusil FAL. Durante la autopsia, los
peritos encontraron “seis trozos de balas, en algunos casos apenas una esquirla, en
otro la bala más entera”, precisó una fuente allegada a la investigación. Con esos
elementos y los que pueda obtener en siete días la Gendarmería, cuando realice una
pericia dentro del auto para hallar más evidencia, se podría determinar de cuáles de
las 120 armas que utilizó esa noche la Policía Bonaerense partieron las balas asesinas.
Anoche, el fiscal de la causa paralela en la que se investiga la extraña muerte de
Martín Saldaña, el ladrón que salió ileso de las balas y luego apareció muerto en la
comisaría de Ramallo, dijo que la autopsia determinó que falleció por una
“inhibición cardiorrespiratoria” provocada por una “asfixia
mecánica”. El dictamen está firmado por Ricardo Zunino, Enrique Aguer y Roberto
Silicani. El fiscal Vicente Botteri reconoció a Página/12 que esto “no significa
que el caso esté cerrado como suicidio, sino que se han pedido pericias complementarias
para aclarar todo lo sucedido”. Y por eso sigue la causa en la que están como
principales sospechosos los siete policías de la comisaría de Villa Ramallo encargados
de garantizar la seguridad de Saldaña.
Entre los elementos enviados a La Plata para ser periciados figuran muestras de orina,
contenido estomacal y de ambos pulmones del muerto, para buscar, si los hubiera, restos de
alguna sustancia letal o para saber si la muerte fue por asfixia por ahorcamiento o por
aplicación del famoso “submarino seco”. Botteri admitió que Saldaña, según
surge de la autopsia, tenía un golpe en el cuero cabelludo, producido “unas tres
horas antes de la muerte”. Saldaña, antes de llegar a la sede policial donde
apareció muerto, estuvo unas horas detenido dentro de una ambulancia, en las
inmediaciones del Banco Nación.
“Las cabezas del contador Santillán y de Hernández estaban destrozadas por las
balas y por eso es muy difícil determinar cuántos impactos pudieron haber
recibido”, dijo el perito Zunino a la prensa, tratando pero sin lograrlo que la voz
fuera serena, de técnico que informa sobre su técnica labor. Los seis trozos de bala,
dos recuperados en los cuerpos de Santillán y de Hernández, y los otros en el pecho del
gerente Carlos Chaves, serían enviados en una semana a la Gendarmería, junto con el Polo
verde, que será sometido a un minucioso chequeo interno, a fin de buscar vainas y
posibles agujeros de bala que hasta ahora no figurarían entre los 35 hallados en la parte
externa de la cabina y que se suman a los 46 impactos que se encontraron sobre la calle
Sarmiento.
Ayer, en el juzgado federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, se recibió el primer
signo procesal de malestar con el juez. Los abogados del Banco Nación entregaron un
escrito presentándose como particulares damnificados y solicitando al magistrado que se
aparte de la causa. La recusación del juez –que luego fue seguida por un pedido de
juicio político presentado por Humberto Roggero, y otros cuatro diputados
justicialistas– se funda en que fue la máxima autoridad presente en el lugar de los
hechos, que lo habrían involucrado, según la óptica de losletrados de la institución,
a punto tal que debe inhibirse de seguir actuando. Trascendió que el magistrado
rechazará la petición negándole al Banco la calidad de damnificado. En consecuencia, la
presentación será derivada a la Cámara de Apelaciones de San Nicolás. Ayer declararon
ante el juez funcionarios desplazados de su cargo, como el secretario de Investigaciones
Judiciales, Bruno Corvo, y el ex jefe de la Departamental Paraná Sur Adolfo Biardo, por
no haber actuado como corresponde. Se fueron sin hacer declaraciones.
UN GRUPO COMANDO ROBO UN BANCO Y LOGRO HUIR
Esta vez los rehenes se salvaron
Un grupo
comando integrado por 11 hombres equipados con chalecos antibala asaltó ayer por la tarde
una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en Villa Caraza, y pudo escapar
usando a un cliente como escudo humano ante la mirada de 40 efectivos policiales que
llegaron al lugar alertados por una alarma y que tenían la orden de no disparar a partir
de los trágicos sucesos de Villa Ramallo. Los delincuentes, que llevaban gorras de la
policía bonaerense, se dieron a la fuga en varios vehículos, sin efectuar disparos,
llevándose consigo un botín de 20.000 pesos. Un cómplice que estaba afuera del banco
fue detenido.
El hecho comenzó minutos antes de las 14.30 cuando un grupo de hombres de traje llegó en
varios automóviles a las cercanías del Banco Provincia ubicado sobre la Avenida San
Martín al 3400, en el partido de Lanús. Según informaron fuentes policiales, parte de
los asaltantes antes de ingresar al banco inmovilizaron a dos agentes de policía que se
encontraban en un móvil apostado a metros de la institución bancaria, y les quitaron los
equipos de comunicación, chalecos antibala, las pistolas y las armas largas que portaban.
En simultáneo los que actuaban en el interior del banco tomaron a un menor de rehén para
evitar que el guardia apostado en la garita de vigilancia actuara y nadie opusiera
resistencia. El antecedente de Ramallo fue vital para que la policía no actuara; sin
embargo, el custodio accionó la alarma silenciosa conectada con la sede policial.
De inmediato la zona fue rodeada por 15 patrulleros y un helicóptero. Según testigos,
para cubrir la fuga, los hombres usaron como escudo humano a un cliente, al que liberaron
una vez alcanzado su objetivo. “Se evitó disparar contra los asaltantes para no
herir a la gente”, informó el comisario Daniel Rago, jefe de la Departamental Lomas
de Zamora. En su huida los asaltantes abandonaron, a quinientos metros del hecho, dos de
los vehículos en los que se desplazaban y tomaron otro en reemplazo. En cambio el
delincuente que había quedado afuera del banco fue detenido e identificado como Daniel
Esquivel.
Para el ministro, los policías de
la masacre deberían estar presos
 Por primera vez, el gobernador y candidato
presidencial Eduardo Duhalde admitió la existencia de una suerte de conspiración entre
comisarios de la Maldita Policía que fueron separados del cargo para boicotear la reforma
policial. “Tenemos conocimiento de reuniones que se hacen de grupos que intentan
volver al pasado”, alertó el gobernador. Su flamante ministro de Justicia y
Seguridad, Carlos Soria, no descartó que los asaltantes a la sucursal del Banco Nación
hubieran actuado en connivencia con miembros de la policía. En su primer día en
ejercicio del cargo, el funcionario cuestionó con dureza la actuación policial en la
masacre de Villa Ramallo, especialmente a los efectivos que dispararon contra delincuentes
y rehenes: “No tendrían que estar en disponibilidad, tendrían que estar
presos”, dijo.
Después de descartar de plano la posibilidad de declarar el estado de sitio en la
provincia –que calificó como un “chiste”–, Duhalde admitió que
existen actividades conspirativas por parte de algunos ex miembros de la fuerza. “Hay
grupos que quieren frenar la reforma, que quieren volver al pasado”, advirtió
Duhalde. En ese sentido, reveló: “Tenemos conocimiento de reuniones que se hacen de
grupos que intentan volver al pasado”.
Al tomar juramento a los funcionarios de segunda línea designados por Soria en el
Ministerio de Justicia y Seguridad, Duhalde –abandonado en la emergencia por su socio
de fórmula, Ramón “Palito” Ortega; su candidato a gobernador, Carlos Ruckauf,
y todo el gobierno nacional– formuló un pedido de apoyo a la oposición porque
–afirmó– “la justicia y la seguridad son valores que debemos defender
todos”.
Soria volvió a cargar duro contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo. “No dio ninguna
orden porque no le dio el cuero”, dijo sin medias tintas. “Lo sobrepasó la
situación”, agregó. Pero tampoco ahorró cuestionamientos hacia los policías que
actuaron en la masacre: a los del Grupo Halcón, “porque dispararon a las gomas del
vehículo” donde salían los delincuentes y los rehenes “pero no acertaron
ningún tiro”, y al resto por “la impericia con la que actuaron y el desmadre
que se generó después”. A su criterio, en lugar de haber hecho un despliegue tan
grande de efectivos, tendrían que haber actuado “dos francotiradores con
experiencia, y un jefe que conduzca el operativo”.
El ministro sembró otras dudas sobre la actuación de la policía: dijo que sospecha que
el tiro del final –el último balazo que se escuchó segundos después de finalizado
el tiroteo– pudo provenir de un efectivo policial, para rematar a uno de los
delincuentes. Esa información fue revelada en exclusiva ayer por este diario. Además,
tampoco descartó la hipótesis de que a Martín Saldaña lo “suicidaron” en la
comisaría de Ramallo.
El ministro confirmó también que los equipos de comunicación del grupo GEO, de la
bonaerense, no estaban sintonizados en la misma frecuencia que la de los
“Halcones”, por lo que los primeros no habrían escuchado una supuesta orden de
cese de fuego. También confirmó que el informe policial sobre la masacre indica que las
balas que llovieron sobre el auto donde murieron dos rehenes y un asaltante partieron del
grupo GEO de la policía bonaerense, disuelto por el gobernador Duhalde después de la
balacera en Villa Ramallo. “Yo tengo conocimiento de que son algunos miembros del
grupo GEO porque usaban fusiles FAL”, señaló el funcionario.
Tras poner en funciones a los funcionarios que integran su gabinete, Soria deslizó la
primera propuesta de su gestión: la idea de convocar a una consulta popular “para
preguntarle a la gente si quiere el endurecimiento de las penas, si hay que modificar el
sistema de excarcelación y la reincidencia”, entre otros temas vinculados a la
seguridad. Y confió en que “cuando pase el tiempo electoral, las nuevas autoridades
de la provincia van a continuar con la reforma”.
Duhalde, por su parte, se declaró “enemigo de creer en las teorías
conspirativas” y por eso descartó la existencia de “una mano negra”.
Peroadmitió que se produjo “una sucesión de hechos que permanentemente están
obstaculizando” su carrera hacia la presidencia. “En esta tarea de la reforma
policial ha quedado mucha gente disconforme, que quiere volver al anterior sistema”,
dijo el gobernador. Y agregó: “Yo sé que hay reuniones y que comentan cosas, son
gente de la ex policía que busca tratar de poner trabas, de crear climas adversos”.
“Son sectores de poder muy fuerte los que me ha tocado enfrentar en la vida”, se
lamentó Duhalde.
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