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“El gerente nos dijo que había orden de no tirar”

Según el abogado del único asaltante vivo, tras hablar con la policía el gerente les dijo que no dispararían.

Juan Luciano, defensor de Carlos Martínez, el único de los asaltantes que sobrevivió a la masacre.
“Vayámonos a la mierda, total los rehenes tienen garantía de que no van a tirar”, dijo Martínez.

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Por C. R.

t.gif (862 bytes) Alrededor de las tres de la mañana del viernes 17, una hora antes de la tragedia, los asaltantes que tomaron el Banco Nación de Villa Ramallo comenzaron a planificar la salida porque habrían tenido un dato clave de boca del gerente Carlos Chaves: “El nos dijo que había orden de no tirar para proteger la vida de los rehenes”. El relato lo hizo, en una celda del sector de enfermería de la cárcel de San Nicolás, el detenido Carlos Martínez, según informó a Página/12 su abogado defensor, Juan Luciano, quien dedujo que Chaves había obtenido la promesa durante una de las charlas con el subcomisario Carlos Bressi, alias “Pablo”, el negociador de los halcones que fracasó en su intento de evitar el trágico final. Martínez contó que, a esa altura de los acontecimientos, confiaban mucho más en Chaves y en su esposa Flora Lacabe que en el mismísimo “Pablo”, de quien llegaron a decir que “los estaba tomando en joda” porque durante todo el día “les había prometido la llave y la clave para abrir la caja, pero todavía seguían sin poder abrirla”. De acuerdo con su relato en la prisión –todavía no declaró ante el juez Villafuerte Ruzo–, Martínez había logrado “un diálogo hasta amistoso” con los rehenes, especialmente con Flora Lacabe. “Ella le aconsejaba que caminara detrás de ella y hasta le preguntó por qué robaba, aconsejándole que cambiara de vida y ofreciéndose para ayudarlo” a salir de esa situación, sostuvo Luciano. Antes de salir del banco, Martínez habría mantenido una áspera discusión con los otros componentes de la banda, Martín Saldaña y Javier Hernández. Según Luciano, su defendido “quería irse porque veía que ya no quedaban esperanzas de llevarse el botín, pero chocó con la oposición de Saldaña, que estaba muy sacado”. Cuando se le comentó que Martínez había tomado a Flora Lacabe como “escudo humano”, a pesar del buen trato que dice haber tenido con ella, el abogado Luciano rechazó el análisis. “Si hubiese sido un escudo humano, la señora hoy no estaría viva, porque la hubieran expuesto a las balas”. Mientras habla, Luciano mueve los brazos como si tuviera tomada con sus manos a la mujer, moviéndola como si fuese un escudo tras el cual se protege. Respecto de las versiones que indican que Flora Lacabe pudo haber viajado en el asiento trasero del auto, en el medio, con el cuerpo tirado hacia donde estaba su esposo, quien conducía el vehículo, Luciano insistió en que iba adelante, sentada en la falda de su defendido. ¿Y cómo es que no la alcanzó ninguna bala?, preguntó este diario. “Lo que ocurre es que ella se tiró hacia el lado en que estaba su marido, lo que demuestra que Martínez no la tenía sujeta como un escudo humano.” Luciano aseguró que el único ladrón vivo “no tiene miedo” de que pueda pasarle “algo malo” en la prisión, aunque sí está “muy asustado cuando piensa que le pueden dar una condena muy larga”. Según su abogado, Martínez contó así la decisión de salir del banco: “Vayámonos a la mierda, total los rehenes tienen garantía de que no les van a tirar ninguna bala”.

 


 

Ex defensor de patti en ramallo
Un abogado para duros

Por C.R.

t.gif (862 bytes) El abogado policial Eduardo Ocariz es un hombre con gran experiencia en asumir defensas complicadas. En la causa principal por la masacre de Villa Ramallo fue designado para representar al ex jefe de la Departamental Paraná Sur, comisario Adolfo Biardo, uno de los primeros que pasó a disponibilidad, por decisión del gobernador Eduardo Duhalde, por su responsabilidad en el trágico operativo policial. Hace unos años, en los finales de la dictadura militar, Ocariz tuvo otra misión de relieve: sacar de prisión al hoy intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, acusado en esos años por la tortura y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. El caso, que conmovió a la opinión pública, ocurrió el 14 de junio de 1983, cuando aparecieron los cuerpos acribillados a balazos de Cambiaso y Pereira Rossi, dos ex dirigentes de la organización Montoneros, en un camino de tierra ubicado en la localidad de Lima, a pocos kilómetros de San Nicolás. Los abogados del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) reunieron pruebas hasta demostrar que, en realidad, no había existido el enfrentamiento del que hablaba el gobierno militar sino que las dos víctimas habían sido secuestradas previamente en el bar Magnum, de Rosario, y que posteriormente se fraguó el supuesto tiroteo. Junto con Patti, jefe de la comisión policial, fueron acusados los policías Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez. Las pericias demostraron “la falta de correspondencia” en la trayectoria de algunos disparos realizados por Patti, teniendo cuenta la posición de tiro y la distancia que había declarado el hoy intendente. Las pericias demostraron que algunos balazos habían sido disparados desde “una distancia de tiro inferior a los dos metros”. El juez Juan Carlos Marchetti les dictó la prisión preventiva a los tres acusados. Tiempo después la Cámara de Apelaciones los sobreseyó “provisoriamente” tras señalar que se hubiera sabido la verdad “si esta justicia provincial hubiera podido actuar con diligencia, inmediatez, celeridad, eficacia y en forma imparcial”.

 

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