Por C. R. Alrededor de las tres de la mañana del
viernes 17, una hora antes de la tragedia, los asaltantes que tomaron el Banco Nación de
Villa Ramallo comenzaron a planificar la salida porque habrían tenido un dato clave de
boca del gerente Carlos Chaves: El nos dijo que había orden de no tirar para
proteger la vida de los rehenes. El relato lo hizo, en una celda del sector de
enfermería de la cárcel de San Nicolás, el detenido Carlos Martínez, según informó a
Página/12 su abogado defensor, Juan Luciano, quien dedujo que Chaves había obtenido la
promesa durante una de las charlas con el subcomisario Carlos Bressi, alias
Pablo, el negociador de los halcones que fracasó en su intento de evitar el
trágico final. Martínez contó que, a esa altura de los acontecimientos, confiaban mucho
más en Chaves y en su esposa Flora Lacabe que en el mismísimo Pablo, de
quien llegaron a decir que los estaba tomando en joda porque durante todo el
día les había prometido la llave y la clave para abrir la caja, pero todavía
seguían sin poder abrirla. De acuerdo con su relato en la prisión todavía
no declaró ante el juez Villafuerte Ruzo, Martínez había logrado un
diálogo hasta amistoso con los rehenes, especialmente con Flora Lacabe. Ella
le aconsejaba que caminara detrás de ella y hasta le preguntó por qué robaba,
aconsejándole que cambiara de vida y ofreciéndose para ayudarlo a salir de esa
situación, sostuvo Luciano. Antes de salir del banco, Martínez habría mantenido una
áspera discusión con los otros componentes de la banda, Martín Saldaña y Javier
Hernández. Según Luciano, su defendido quería irse porque veía que ya no
quedaban esperanzas de llevarse el botín, pero chocó con la oposición de Saldaña, que
estaba muy sacado. Cuando se le comentó que Martínez había tomado a Flora Lacabe
como escudo humano, a pesar del buen trato que dice haber tenido con ella, el
abogado Luciano rechazó el análisis. Si hubiese sido un escudo humano, la señora
hoy no estaría viva, porque la hubieran expuesto a las balas. Mientras habla,
Luciano mueve los brazos como si tuviera tomada con sus manos a la mujer, moviéndola como
si fuese un escudo tras el cual se protege. Respecto de las versiones que indican que
Flora Lacabe pudo haber viajado en el asiento trasero del auto, en el medio, con el cuerpo
tirado hacia donde estaba su esposo, quien conducía el vehículo, Luciano insistió en
que iba adelante, sentada en la falda de su defendido. ¿Y cómo es que no la alcanzó
ninguna bala?, preguntó este diario. Lo que ocurre es que ella se tiró hacia el
lado en que estaba su marido, lo que demuestra que Martínez no la tenía sujeta como un
escudo humano. Luciano aseguró que el único ladrón vivo no tiene
miedo de que pueda pasarle algo malo en la prisión, aunque sí está
muy asustado cuando piensa que le pueden dar una condena muy larga. Según su
abogado, Martínez contó así la decisión de salir del banco: Vayámonos a la
mierda, total los rehenes tienen garantía de que no les van a tirar ninguna bala.
Ex defensor de patti en ramallo
Un abogado para duros
Por C.R.
El
abogado policial Eduardo Ocariz es un hombre con gran experiencia en asumir defensas
complicadas. En la causa principal por la masacre de Villa Ramallo fue designado para
representar al ex jefe de la Departamental Paraná Sur, comisario Adolfo Biardo, uno de
los primeros que pasó a disponibilidad, por decisión del gobernador Eduardo Duhalde, por
su responsabilidad en el trágico operativo policial. Hace unos años, en los finales de
la dictadura militar, Ocariz tuvo otra misión de relieve: sacar de prisión al hoy
intendente de Escobar, Luis Abelardo Patti, acusado en esos años por la tortura y
asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi. El caso, que conmovió a la
opinión pública, ocurrió el 14 de junio de 1983, cuando aparecieron los cuerpos
acribillados a balazos de Cambiaso y Pereira Rossi, dos ex dirigentes de la organización
Montoneros, en un camino de tierra ubicado en la localidad de Lima, a pocos kilómetros de
San Nicolás. Los abogados del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS) reunieron
pruebas hasta demostrar que, en realidad, no había existido el enfrentamiento del que
hablaba el gobierno militar sino que las dos víctimas habían sido secuestradas
previamente en el bar Magnum, de Rosario, y que posteriormente se fraguó el supuesto
tiroteo. Junto con Patti, jefe de la comisión policial, fueron acusados los policías
Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez. Las pericias demostraron la falta de
correspondencia en la trayectoria de algunos disparos realizados por Patti, teniendo
cuenta la posición de tiro y la distancia que había declarado el hoy intendente. Las
pericias demostraron que algunos balazos habían sido disparados desde una distancia
de tiro inferior a los dos metros. El juez Juan Carlos Marchetti les dictó la
prisión preventiva a los tres acusados. Tiempo después la Cámara de Apelaciones los
sobreseyó provisoriamente tras señalar que se hubiera sabido la verdad
si esta justicia provincial hubiera podido actuar con diligencia, inmediatez,
celeridad, eficacia y en forma imparcial.
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