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Por Irina Hauser y Laura Vales  El ex
general golpista paraguayo Lino César Oviedo le comunicó ayer a sus íntimos que para el
10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno, piensa estar lejos de Argentina. El
destino que más le entusiasma es Venezuela, donde ya obtuvo un guiño a su favor del
presidente Hugo Chávez. También, aunque en segunda instancia, le tienta Alemania. De
todas formas, no está dispuesto a aceptar sin pataleos que lo confinen en Tierra del
Fuego. Por eso hoy terminará de delinear una carta documento dirigida al presidente
Carlos Menem, al ministro del Interior Carlos Corach y a la Cancillería. En la
comunicación Oviedo asegurará que no violó las condiciones de asilo político y pedirá
que no lo manden al Sur. Si no aceptan su planteo, podría incluso anticipar su partida a
otro país. El contenido de la carta busca mostrar al ex general como víctima de un
engaño. Dice que la entrevista publicada en el diario La Nación, que precipitó la
decisión de Menem de trasladarlo al extremo más alejado del país, no existió como tal.
En principio, porque él nunca la concedió sino que se trató de una charla informal.
Como prueba de eso, Oviedo aduce que no existe cinta grabada alguna. “Si el Gobierno
no lo escucha y ratifica su idea de deportarlo, lo más probable es que se vaya a otro
país”, anticipó a Página/12 uno de sus más estrechos allegados. En la presentación, que va a ser entregada el lunes, Oviedo fue asesorado por el abogado paraguayo Osvaldo Peña Alvarez, del estudio de Víctor Stinfale. Pero por lo que se vio ayer, el equipo de patrocinantes no termina de ponerse de acuerdo. El abogado Federico Pinto Kramer, después de reunirse con Oviedo en la quinta de Moreno donde reside actualmente, aseguró –totalmente ofuscado– que su cliente “acatará lo que orden el Poder Ejecutivo” y que “nunca mencionó la posibilidad de irse a Venezuela”. Pero insistió otra vez con el argumento de que “Oviedo no fue escuchado y no violó las reglas del asilo”. En el complejo ejercicio de la defensa de Oviedo, Peña Alvarez, que también es abogado en Paraguay, se encarga del tema de la extradición mientras que Pinto Kramer se ciñe a los incovenientes derivados del comportamiento del ex general en Argentina. Lo que no descartó Pinto Kramer en sus declaraciones fue la posibilidad de utilizar un informe médico sobre el implante capilar que se hizo recientemente Oviedo como argumento para dilatar su traslado al Sur. –Yo veo que él tiene su problema capilar. Me preocupa el reciente implante de pelo que le hicieron, estoy por ver el informe del cirujano - le dijo el abogado a este diario. – ¿Eso podría ser un argumento para no ir a Tierra del Fuego? –Por lo pronto, necesita ser atendido periódicamente por los especialistas, y a eso hay que sumar que en el posoperatorio tiene que cuidarse del frío. Para el gobierno argentino, la decisión de depositar a Oviedo en Tierra del Fuego tiene una única explicación: “es el lugar más alejado de la frontera paraguaya, donde tiene menos posibilidades de reincidir en la actividad política”, en palabras del ministro del Interior Carlos Corach. Las declaraciones públicas de tono político que hizo Oviedo días atrás, que violan las reglas más elementales del asilo, fueron el disparador. Ayer Carlos Menem finalmente publicó la resolución en el Boletín Oficial. El destino concreto elegido para Oviedo es la Estancia Rivadavia a 147 kilómetros de Ushuauaia, según confirmó Corach a este diario. Se trata de una finca paradisíaca rodeada de cerros nevados y ubicada a orillas del lago Cheepelmuth, un sitio donde los turistas europeos acuden a pescar truchas de criadero. Ayer a las 10.30 de la mañana, un alto jefe de la Gendarmería local se entrevistó con la dueña de la casa. Con él llegaron otros cinco gendarmes que filmaron y fotografiaron cada centímetro del lugar. La estancia, propiedad de la familia Antunovic, tiene cerca de8.000 hectáreas y está ubicada en el centro de la isla, a sólo 20 kilómetros de la localidad de Tolhuin, donde hay una escuela al que podrían ir sus hijos. Ayer la tranquera del lugar amaneció con un doble candado. Tanto la propietaria del lugar como los puesteros repitieron que no tienen ninguna comunicación oficial sobre la llegada de Oviedo y desmintieron estar esperándolo. En la quinta de Moreno, Oviedo estaba tranquilo porque podía hacer vida normal y recibir a cuanto amigo quisiera. La denuncia del senador radical Leopoldo Moreau, que reveló reuniones políticas del ex general, fue lo que comenzó a enturbiar su estadía. Para colmo, el asilado no ve condiciones políticas para volver a Paraguay en un corto plazo. Y a esto se agrega el próximo cambio de gobierno en Argentina. Ayer el candidato de la Alianza Fernando de la Rúa, advirtió: “si el ex general el 10 de diciembre sigue en la Argentina, el 11 se va”. O sea, Oviedo tiene razones de sobra para decirle a sus compinches que no le molesta irse un poco más lejos. Como refuerzo del tironeo, Carlos Menem introdujo una pequeña muestra de lealtad hacia el paraguayo. “Una vez concedido el asilo no hay extradición”, dijo. Y recordó que el pacto por el cual se definió la institución del asilo político también fue firmado por Paraguay”. En sintonía con Menem, Corach dijo que el destino elegido por el Gobierno para Oviedo “no es tierra de castigo”. De acuerdo con los planes del Gobierno, el traslado a Tierra del Fuego debería concretarse a comienzos de la semana que viene. Desde Paraguay, el ministro de relaciones exteriores, José Félix Fernández Estigarribia, celebró: “el confinamiento es un paso positivo”. Con todo, es claro que la carta documento de Oviedo pretende cambiar los planes o al menos estirar los plazos.
“El traslado de Oviedo es una decisión que compete exclusivamente al gobierno nacional, que es quien dispone fijar la residencia de un asilado político en un punto determinado de territorio argentino”, concluyó el comunicado oficial repartido a los medios. La oposición, mientras tanto, hacía lo propio con una catarata de repudios. Desde muy temprano los principales gremios de la provincia, entre ellos los estatales y docentes, manifestaron su rechazo a la llegada de Oviedo. El intendente radical de Río Grande, Jorge Colazo, lo declaró persona no grata a través de un decreto. “Su presencia agravia al pueblo fueguino”, sostuvo Colazo, quien en las últimas elecciones fue candidato a la gobernación. Su par de Ushuaia, Jorge Garramuo, también expresó su “malestar” por la radicación del ex militar acusado de ser el instigador del asesinato del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña. Y los legisladores provinciales de la UCR anticiparon que votarán, en la próxima sesión, otro proyecto que califica de indeseable a Oviedo en toda la provincia y exige al gobernador Estabillo que “haga todo para evitar que la isla se convierta en un basural de autoritarios y dictadores”. Desde el Frepaso, los dirigente Gustavo Longhi y Miguel Catucci acusaron a Estabillo de “no ofrecer resistencia” a la llegada de Oviedo, “lo que deja al descubierto la verdadera naturaleza de sus convicciones”. El gobernador, en su defensa, volvió a aducir ayer su total imposibilidad de frenar una decisión que le llega desde arriba: “No soy el dueño de la provincia”, repitió ante los cuestionamientos, luego de mencionar la letra del tratado de Montevideo “que faculta al Poder Ejecutivo nacional a fijar residencia, en cualquier lugar del país, de un asilado político.”
Menem ordenó investigarlo que informó Página/12 Por Susana Viau
Si bien el Presidente se manifestó sorprendido por la investigación de Página/12, las escuchas fueron ordenadas por la Justicia Federal de San Martín y realizadas por la SIDE, por lo que el tema no era ajeno a los círculos más cercanos al poder. Precisamente el abogado presidencial Ricardo Klass había concurrido ante el juez Hugo Gurruchaga para interiorizarse de la situación procesal de Juan Antonio Retamero, uno de los hombres de Emir Yoma beneficiado con la concesión del depósito franco paraguayo. En los tribunales bonaerenses reconocen que el juez recibió un llamado de la Presidencia de la Nación preguntando por la suerte de Retamero. “Nada importante”, decía el interlocutor de la Casa Rosada, intentando minimizar el llamado. “Doctor, yo le dije que no era importante pero le mentí: la Presidencia está muy interesada en esta causa”, fueron los dichos que media hora más tarde la misma persona le manifestó al juez Gurruchaga. Desde Paraguay los miembros de la Comisión Bicameral que investiga a Oviedo ratificaron los hechos publicados por este diario, y manifestaron que les sorprendían “los dichos de los funcionarios de la Aduana de Buenos Aires, en relación al escaso funcionamiento del depósito franco. Si bien la mayor parte de la mercadería introducida en Paraguay corresponde a electrodomésticos y teléfonos celulares, los controles aduaneros paraguayos dejan mucho que desear –reconoció ayer a Página/12, el senador Luis Mauro– por lo que no es descabellado sospechar que los registros de importación encubran productos mucho más peligrosos que un lavarropas”. Pese a la intensa búsqueda de este diario, Nicolás Becerra se negó a responder respecto de la denuncia presentada por Menem y avalada por él ante los tribunales federales. En verdad esa fue la última actividad realizada ayer por Becerra en Buenos Aires: al mediodía emprendió el regreso a Mendoza, su provincia, después de medio mes de gira por China. A pesar del alegato presidencial que reclamó “sanear la vida pública y dar una sanción contra los difamadores”, Corach respondió a los cronistas que todas las mañanas concurren a su domicilio que “no se trata de investigar a la publicación”. Por su parte los funcionarios paraguayos consultados por este diario expresaron que la próxima semana estarán en condiciones de presentar un informe detallado de las mercaderías remitidas desde el depósito franco concesionado originalmente a Ponti Internazionale, esa sociedad formadapor dos de los hombres más cercanos al cuñado presidencial: Juan Antonio Retamero y Ricardo Juri. “Me dieron la zona franca paraguaya”, dijo Juri según las escuchas judiciales. “Tengo doscientos metros de muelle, tengo calado, tengo depósito fiscal, todo.” Y remató: “Soy el nuevo Yabrán”. Retamero fue director del Plan Alimentario Nacional en 1989, cuando Menem asumió por primera vez la Presidencia. Actualmente está prófugo, acusado de defraudar en 174 mil pesos al Ministerio de Salud y Acción Social en el Prosol, el Programa Solidario. CHACHO ALVAREZ QUIERE UNA FISCALIA
ANTICORRUPCION
Ayer por la mañana, el jefe del Frepaso volvió a cuestionar la decisión del Gobierno de sostener el asilo a Oviedo y reflotó una vieja idea suya, la Conadep de la Corrupción, que ahora parece haber adoptado una forma distinta. “Estamos trabajando para tener una Fiscalía Anticorrupción que concentre la investigación de los principales casos de corrupción de la Argentina”, señaló Alvarez a Radio Mitre. El encargado de estudiar el tema es Rafael Bielsa, a quien todos mencionan como el más firme candidato para ocupar el Ministerio de Justicia. El verano pasado, Bielsa aprovechó un viaje a Italia para estudiar el funcionamiento de las oficinas especializadas en corrupción. Apenas volvió, se puso a trabajar en el proyecto. La idea es que la Fiscalía no sólo se encargue de investigar los escándalos públicos más emblemáticos del menemismo. También funcionaría como un especie de nexo entre la sociedad y el Estado, recibiendo denuncias de corrupción e investigando los posibles ilícitos. “Trabajaría con las máximas atribuciones del Poder Ejecutivo, sin superponerse con el resto de los poderes”, señaló uno de los encargados de la iniciativa, que puso el acento sobre una cuestión delicada: aunque la Reforma Constitucional de 1994 convirtió al Ministerio Público en un órgano extrapoder, la Fiscalía Anticorrupción dependería directamente del Ministro de Justicia. La oficina estaría encabezada por un fiscal general, acompañado por varios fiscales adjuntos. En la Alianza aseguran que sus integrantes serán expertos en delitos contra la administración pública. “Este tipo de investigaciones requiere una especialización técnica, muchas veces es necesario desentramar ingenierías financieras complejas”, explican. Claro que, antes de elaborar el proyecto, los jefes de la Alianza se encargaron de estudiar la situación de los organismos de control. El diagnóstico fue catastrófico: en la coalición sostienen que algunas dependencias –el Tribunal de Cuentas– fueron desmanteladas mientras que otras –la Procuración General– fueron colonizadas por funcionarios teledirigidos desde la Casa Rosada. Ayer, Alvarez solicitó públicamente el alejamiento del titular de la Procuración, Nicolás Becerra, cuyo pedido de juicio político fue impulsado por los legisladores de la Alianza a raíz de la decisión del jefe de los fiscales de avalar un recurso para que la causa por la venta de armas se transfiera de la Justicia Federal a la Corte Suprema. Como parte de esta movida, Alvarez anunció si la Alianza triunfa desarmará la Oficina Nacional de Etica Pública, que dirige hoy el menemista Luis Ferreira. “Hay que disolverla. Es una farsa que armó Menem con los amigos”, señaló ayer Alvarez. “Es una oficina que administra declaraciones juradas con un presupuesto de dos millones de dólares. ¿Sabe cuántas cosas hay que cortar en el Estado de gastos improductivos?”, concluyó el jefe del Frepaso.
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El golpista paraguayo Lino Oviedo presentará el lunes al gobierno argentino una carta
documento exponiendo su defensa, diciendo que no violó las condiciones del asilo
político.
Los deseos presidenciales no se discuten. En
apenas seis horas la denuncia reclamada por Menem había pasado por los despachos del
ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, del procurador general de la Nación,
Nicolás Becerra, del fiscal de turno ante la Cámara Federal y el riojano Joaquín Gasset
Waidatt. No fue sorteada por la Cámara para designar qué juez iniciará la pesquisa
sólo porque llegó después de las 13, hora límite para que el sistema computarizado de
los tribunales federales realice el sorteo de rigor. Recién el lunes la Justicia
determinará el nombre del magistrado que será responsable de llevar adelante la
investigación reclamada por Menem. La denuncia presentada por los funcionarios
gubernamentales se reduce a unas pocas líneas, a las que se adjuntó la fotocopia del
artículo publicado ayer por este diario.