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Por Victoria Ginzberg  La Facultad
de Periodismo de la Universidad de La Plata rescató un fragmento de la historia de la
represión y la persecución de estudiantes durante la última dictadura. La oficina de la
dirección de alumnos se preparaba para cambiar de edificio, y a un empleado que ordenaba
el fichero le llamó la atención que una gran cantidad de expedientes correspondieran al
año 1976. La Facultad inició una investigación que concluyó con el rescate de 595
fichas de alumnos que fueron “suspendidos, expulsados” de diferentes casas de
estudios. En esos documentos también figura si esas personas estaban “a disposición
de Poder Ejecutivo Nacional, de la Marina o el Ejército”. Al menos cinco personas
que aparecen en esas fichas están desaparecidos. Los expedientes no pertenecen a alumnos de la Universidad de La Plata sino de otras facultades del país. “Aparentemente eran fichas que circulaban de universidad a universidad. La sospecha es que cada expediente se mandaba y para que esa persona no se pudiera inscribir acá o para que fuera denunciada si aparecía”, relató a Página/12 Carlos Guerrero, decano de la Facultad de Periodismo. Daniel Pavón, quien ocupaba ese puesto durante la dictadura, es quien debe haber ordenado o sistematizado el seguimiento a los alumnos que figuran en el material encontrado. Hace cuatro meses Guillermo Gallo, rector de la Universidad de La Plata durante la última dictadura, fue llamado a testificar en la causa en la que se investiga lo ocurrido con los desaparecidos de la zona de La Plata. Durante su testimonio reconoció que en su gestión mantuvo “una fluida relación con las autoridades nacionales y con el jefe de la policía (Ramón Camps)”. “Alvira, Raquel Rosa. Expulsión. Universidad del Litoral. Resolución 176/76”, se puede leer en una de las fichas que sobrevivieron por veintitrés años en un salón de la Universidad de La Plata. Alvira está desaparecida. Según se pudo constatar, hay al menos otras cuatro personas en la misma situación cuyos nombres aparecen en los expedientes recuperados. Ellas son: Yolanda Mabel Damora, Horacio Arístides Martínez, Carmen Liliana Nahs y Ernesto Edelmiro Ponza. Todos ellos aparecen como expulsados o suspendidos de sus universidades. Alvira y Martínez fueron secuestrados en el área 132 (correspondiente a la zona norte de la provincia de Buenos Aires que limita con Santa Fe) el 5 de mayo de 1977. Nahs desapareció el 8 de agosto de 1977 en Rosario y Damora y Ponza, en Córdoba. El último fue visto en el centro clandestino de detención La Perla. Fue secuestrado el 14 de mayo de 1977. Damora despareció el 11 de mayo de 1976. Al encontrar el material, a fines de la semana pasada, Guerrero se comunicó con el presidente de la Universidad platense, el ingeniero Luis Lima, que a su vez realizó un informe ante la Comisión de la Memoria de la Cámara de Diputados de la provincia, de la que forma parte. Uno de los fines de esa comisión, creada por el presidente de la Cámara, Alejandro Mosquera, es analizar la manera de resguardar la información y los documentos que están recuperando en el juicio en el que la Cámara Federal de la Plata investiga el destino de los desaparecidos. Algunos de los miembros de la Comisión aseguraron que seguramente los expedientes universitarios serán microfilmados. Guerrero manifestó que la facultad emprenderá una investigación destinada a comprobar que “esos documentos son un elemento más que prueban la existencia de una organización sistemática desde el Estado destinada a hacer desaparecer personas”. Y que para esta tarea se pondrá en contacto con las universidades que aparecen en las fichas (Córdoba, Cuyo, Litoral, Santiago del Estero y Catamarca) para “saber si ellos a su vez solicitaban información de los alumnos de La Plata”. “Fue una gran sorpresa y esperamos que esto ayude a saber qué pasó. De aquí se podrán sacar algunos datos nuevos que, sumados a otros, nos pueden permitir llegar a conocer la verdad”, afirmó Lima. Laura Conte, presidenta del centro de Estudios Legales y Sociales, se asombró el martes pasado cuando Lima comunicó la existencia de las fichas ante los miembros de la Comisión. “Este descubrimiento demuestra que la información está, incluso en lugares insospechados”, afirmó Conte a este diario. Y manifestó que “saber la verdad nos va a conducir a la Justicia”.
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intendencia de Escobar,
donde a las cinco de la tarde se realizará el acto de repudio al ex subcomisario. A las
dos, partirán hacia el lugar micros desde Callao y Rivadavia. Patti y el gobernador de
Tucumán, el general Antonio Domingo Bussi, son los dos acusados de violaciones a los
derechos humanos que ganaron puestos electivos en democracia y que han sido denunciados
con estos escraches de la agrupación HIJOS.