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Por Cledis Candelaresi  La
Secretaría de Comunicaciones admitió que el Correo Argentino S.A. compute como
inversiones 126 millones de pesos utilizados para costear los retiros voluntarios de su
personal, y hasta los servicios de consultoría contratados para reducir el plantel.
“El Estado nos entregó una grilla sobredimensionada”, justifica la empresa. De
ese modo, la sociedad que Francisco Macri constituyó junto al Banco de Galicia habría
cumplido el programa de obras correspondiente a los cinco primeros años de la concesión
con un esfuerzo mínimo en tecnología, equipamiento o mejoras de las instalaciones. La
resolución oficial que avala este singular criterio para “invertir” fue firmada
por Germán Kammerath el 1º de julio, poco antes de abandonar la Secretaría de
Comunicaciones para asumir como vicegobernador de Córdoba. Para hacerlo, el referente de
la Ucedé mediterránea se respaldó en un impreciso dictamen de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. Según el contrato de concesión, el Correo está obligado a invertir 25 millones de pesos por año, con la facilidad de que, si en un ejercicio desembolsa más, ese excedente lo descuenta del próximo. A diferencia de otras privatizaciones, no hay cronograma de obras prefijado sino sólo el enunciado propósito de “lograr estándares de calidad comparables con los de operadores postales calificados”.
Tanto la CNC, comandada por Roberto Catalán, como la Secretaría de Comunicaciones, en manos entonces de Kammerath, no sólo se avinieron a admitir que esos gastos sean computados como parte del plan de inversiones, sino que le reconocieron a todo el programa ejecutado por Sideco el carácter de “inversión pública”. La ley que regula ese tipo de obras incluye desde gastos de factibilidad de proyectos a los intangibles. La justificación de esa interpretación favorable a los intereses de Macri fue elaborándose paso a paso. El trámite en la Comisión se inició el 31 de mayo y rápidamente las distintas gerencias avalaron la presentación empresaria, aunque con observaciones. Sin embargo, el 15 de junio el expediente reanudó su periplo interno. En la primera ronda, cada área bajo el mando de Catalán hizo su aporte. El departamento económico financiero de la CNC opinó que todas las inversiones “surgen de la contabilidad y se encuentran respaldadas”; mientras que la gerencia de servicios postales interpretó que “el concesionario ha cumplido el compromiso de inversión establecido en el contrato”. La de asuntos jurídicos le reconoció el carácter de “inversión pública”. La segunda ronda se inició para determinar qué es válido incluir en el programa de inversiones exigido. Los reguladores dejaron la definición última en manos de la Secretaría de Comunicaciones, como si no fuese atribución natural del ente pronunciarse sobre este aspecto de la licitación. El 1º de julio, Kammerath cerró el ciclo a través de una resolución que aprueba la inversión realizada por el Correo Argentino. En su primer artículo, establece que “a los fines de cumplimentar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (...) deben considerarse (...) los bienes intangibles”. De ese modo, el Gobierno respaldó expresamente lo realizado por la sociedad en el primer año de concesión, habilitándola a no invertir un solo centavo hasta el 2002. Los reguladores sólo se limitaron a consignar algunas transgresiones contenidas en la presentación empresaria, comoincluir cuánto gastó en los retiros del personal hasta setiembre de 1998 cuando, según los técnicos de la CNC, el Gobierno le habría admitido hacerlo hasta junio.
Por C. C. Cediendo a un reclamo de la sociedad que comanda Macri, el gobierno dispuso mediante un decreto que la empresa dejara de pagar el aporte a la Caja Compensadora, equivalente al 6 por ciento de la nómina salarial. Desde entonces, esta obligación, de algo más de 10 millones de pesos por año, recaería sobre la ANSES y el Estado restituiría al adjudicatario privado lo desembolsado desde setiembre de 1997, fecha de inicio de la concesión. Esta decisión contó con el respaldo de la Procuración del Tesoro. Con este aval, Carlos Menem, Jorge Rodríguez y Roque Fernández firmaron el decreto 1397/98, que liberó al correo privatizado de aquella obligación, con el argumento de que ya el 30 por ciento de lo que paga de canon se destina al sistema de seguridad social. Esta regla es común a todas las firmas privatizadas que tributan canon. Y, por otro lado, en ningún lugar del pliego o del contrato de concesión se releva al adjudicatario de asumir las obligaciones laborales transferidas. El pago de los 103 millones de pesos anuales de canon dio lugar a otra controversia. La
empresa pagó sólo parcialmente sus dos últimas cuotas semestrales, con el argumento de
que varios organismos públicos le deben por servicios prestados. No existe ninguna regla
que habilite dicha compensación. Sin embargo, el gobierno llegó a redactar un decreto
que permitía a la empresa no pagar los 90 millones que adeuda por canon, a cambio de los
150 que le debe el Estado por prestaciones impagas. De regalo, el texto también intentó
transferir a la arcas públicas la obligación de pagar la diferencia entre los salarios
que perciben los empleados del Correo Argentino y sus competidores del mercado postal.
Finalmente, la presión de éstos dejó el decreto sin firma. |
La sociedad Sideco Americana (Macri-Galicia) hizo uso de esa libertad. Según
el detalle elevado a la Comisión Nacional de Comunicaciones, consignó como principal
desembolso desde el 1º de setiembre de 1997 al 31 de agosto de 1998 los 126,1 millones
gastados en retiros voluntarios, incluidos en el balance como “Bienes
Intangibles”. Este rubro también incluye “proyectos”, en su mayoría
gastos de consultorías y honorarios destinados a ejecutar aquella racionalización.