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Página/12 Por Marcelo Justo –¿En qué consiste el proceso de extradición que se inicia pasado mañana? –El magistrado Ronald Bartle tendrá que analizar cuestiones legales y técnicas. Primero si los documentos que remitió España solicitando la extradición de Pinochet se ajustan a los requisitos de la justicia inglesa. Segundo si los delitos por los que se solicita la extradición son extraditables. Para serlo, tienen que cumplir con el requisito de la doble criminalidad: ser delito en Gran Bretaña y España. Los cargos de tortura y conspiración para torturar cumplen con este requisito. Pero el magistrado tiene que verificar que no haya ninguna irregularidad procesal. En esta instancia normalmente se avanza rápidamente, porque la fiscalía no necesita presentar ninguna prueba concreta. Por eso me sorprende que Ronald Bartle haya calculado que las audiencias durarán cinco días .–¿Cuáles pueden ser las tácticas legales de ambas partes? –Es posible que la defensa argumente que las alegaciones que pesan contra el general Pinochet no son lo suficientemente sistemáticas. Hay que recordar que el segundo dictamen de la Cámara de los Lores redujo los cargos originales a sólo dos, torturar y conspirar para torturar, después de diciembre de 1998, fecha en que Gran Bretaña incorporó a su legislación la convención contra la tortura. –¿Puede la extradición decidirse en esta primera instancia? –No. El derecho a la apelación en esta instancia es automático. Es decir, que cualquiera sea la decisión que adopte el magistrado, ambas partes pueden apelar y el caso sigue en la Alta Corte. A su vez el dictamen en la Alta Corte puede ser apelado, en cuyo caso el proceso de extradición pasaría a la Cámara de los Lores. La Cámara es la máxima instancia de la justicia británica, pero en casos de extradición la última palabra la tiene el ministro del Interior. La ley de extradición de 1989 estipula que al ministro del Interior le corresponde decidir si hay razones humanitarias, legales, políticas o de interés nacional por las cuales se debe denegar una solicitud de extradición. –¿Es posible apelar la decisión del ministro del interior? –Ha ocurrido en un par de casos de extradición que se ha apelado a la Corte Europea de derechos humanos. Los abogados de Pinochet podrían tomar esta vía. Es bastante improbable pero es posible. Lo más probable sin embargo es que recurran a un mecanismo legal en la justicia inglesa, la “judicial review”, por la cual se puede apelar la decisión de cualquier funcionario. Esta apelación podría llegar hasta la Alta Corte. Es decir que esto alargaría el proceso. El objetivo de la defensa es encontrar algún eslabón de la cadena legal que falle a favor de Pinochet. Pero también abre la posibilidad de que el proceso termine abruptamente con algún acuerdo político por el cual España retire su pedido de extradición. –¿Cuán posible es esto último? –Han habido bastantes rumores en este sentido, pero para que suceda el juez Garzón tendría que dar su consentimiento, algo que me parecealtamente improbable. Por su parte el gobierno británico ha insistido en que respetaría la vía legal. Esta incluye la última instancia, es decir, las atribuciones cuasijudiciales del ministro del interior Jack Straw, que podría otorgarle la libertad por razones humanitarias, en este caso por el estado de salud de un hombre de edad avanzada como es el general Pinochet. Personalmente opino que este es el desenlace más posible. La justicia británica pronunciándose a favor de la extradición y Pinochet de vuelta en Chile por razones humanitarias. –¿Qué pasa si, durante todo este proceso legal, empeora el estado de salud del General Pinochet? ¿Puede Jack Straw intervenir, suspender el proceso judicial y ordenar su repatriación por razones humanitarias? –Que yo sepa, no hay precedentes de que algo así haya pasado en un caso de extradición. Pero en mi opinión Straw no detendrá el proceso legal. Lo que sí podría suceder es que si Pinochet se enferma seriamente, sus abogados decidan retirar la apelación y se pongan a la merced del ministro del Interior. –¿Cuánto puede durar todo el proceso de extradición? –Es difícil decirlo. Un año como mínimo. –Pero han habido casos de mucho más tiempo. El del banquero malayo Lorrain Osman duró siete años. –Sí, pero fue un caso excepcional. Osman encontró argumentos para apelar y solicitar interminables “judicial reviews”. En general el sistema de extradición inglés es mucho más ágil. –¿Cuál ha sido la reacción hasta ahora del mundo legal inglés a todo el proceso? –Yo creo que la mayoría de los abogados están a favor de este proceso y reconocen su importancia. Hay que pensar que en dos oportunidades la máxima instancia judicial de este país dictaminó que un ex jefe de Estado no puede reclamar inmunidad para crímenes de lesa humanidad. Esto es un primer paso para quebrar la doctrina de la inmunidad del Estado, pero a mi juicio habría que ir más allá, porque creo que este caso demuestra la necesidad de que se forme un Tribunal Criminal Internacional. El tratado de Roma del año pasado, firmado por 121 estados, es un paso en esa dirección, porque crea esta corte aunque con jurisdicción sólo para los signatarios.
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Después de
tres dictámenes de la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, de dos
autorizaciones del ministro de interior británico Jack Straw y de continuas apelaciones
de la defensa, se inicia este lunes el proceso judicial para extraditar al general Augusto
Pinochet a España. El general no se verá obligado a comparecer, pero el mundo entero
seguirá un evento que puede marcar un hito en el Derecho internacional. Página/12
dialogó con Michael Birnbaum, abogado especialista en temas de extradición, quien
analizó el proceso que se abre a casi un año del arresto del ex dictador el pasado 16 de
octubre.